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A los cuadernos los escribe el diablo

Francisco Olivera
Francisco Olivera LA NACION
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29 de septiembre de 2018  

En su reveladora declaración ante el fiscal, Juan Chediak, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos , cuenta que Julio De Vido lo puso incómodo no bien arrancó la gestión. Era julio de 2003, semanas después de la asunción de Néstor Kirchner , y ni siquiera Elisa Carrió había descubierto el mecanismo de obra pública que denunció meses después. Chediak estaba en el living del departamento de De Vido solo acompañado por su colega Carlos Wagner, otro de los detenidos, y recuerda haberle escuchado decir al dueño de casa: "Si querés seguir trabajando tenés que pagar". Agrega que se sorprendió, que nunca en su vida se había sentido tan "amedrentado" y que solo atinó a contestarle que el país y las constructoras venían de una crisis. No lo conmovió. Al contrario: el ministro lo trató de "llorón" e insistió en que el gobierno necesitaba fondos para la política. Desde entonces el contratista empezó a pagarle coimas . Eran sumas de entre 100.000 y 250.000 pesos que pasó a entregarle mensualmente ahí mismo, por lo general al lado de unos bonsáis que ahora parecen una metáfora del modo en que Bonadio interpreta aquellos sobornos dentro del sistema general: árboles incapaces de tapar el bosque. La carátula es la de asociación ilícita.

Chediak fue uno de los referentes de la obra pública en esos años. Aquel día estaba conociendo de modo brutal un andamiaje al que después se fueron acoplando sus pares, acorralados ahora por la causa. Su sorpresa inicial, la de un empresario cohibido ante la franqueza de un funcionario al que la sociedad argentina todavía no conocía, es ahora un argumento con que se defienden todos los contratistas involucrados: no es cierto que trabajen o hayan trabajado con todos los gobiernos del mismo modo, no fueron ellos quienes pusieron las reglas y tampoco deberían ser equiparadas empresas de décadas en la Argentina con advenedizos que, como Lázaro Báez , se convirtieron en diez años en grandes constructores. "Teníamos que pagar para cobrar, no para comprar un yate nuevo", se quejaron en uno de los grupos más complicados.

La primera mala noticia para todos es que Bonadio no parece dispuesto a distinguir demasiado. El texto con que los procesa o les dicta prisiones preventivas tiene hasta cierta ironía. Allí describe "una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad; que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etcétera, etcétera, (...) para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenara los bolsillos mediante participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

La misma frialdad que De Vido frente a los bonsáis. Y ese es un problema no solo para empresarios o kirchneristas arrepentidos, sino también para la Casa Rosada, que ha empezado a temer las consecuencias económicas del asunto: que la cacería termine como en Brasil, en una parálisis que lleva cuatro años y no da signos de revertirse. Por una vez, por la naturaleza de los acontecimientos, el contexto histórico global y las peculiaridades del magistrado, la Justicia se le va de las manos al establishment: un cuaderno involucra a un directivo; su declaración, a otro; este a uno más, y así. ¿Cuánto debería prolongarse una etapa de instrucción con protagonistas que se han manejado durante décadas, salvando las magnitudes, con una lógica de costo y beneficio exenta de sanciones? Centeno cambió aquellas reglas sin proponérselo y sin avisar: de ahí la histeria generalizada.

Las consecuencias de esta reconfiguración axiológica son para todos imposibles de prever. Desde ya para los contratistas, que advierten además últimamente la presencia de empresas italianas, españolas, francesas y portuguesas husmeando licitaciones. Pero también para el Gobierno, que es consciente de que una renovación total del establishment excederá el tiempo de su mandato. Son en realidad dilemas regionales. En Perú, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra publicó hace diez días un decreto que prohíbe al Estado contratar a empresas que tengan accionistas, representantes o personas afines condenadas por corrupción o que hayan integrado consorcios de sociedades en esas condiciones. Vizcarra era el vicepresidente: asumió en marzo en reemplazo de Pedro Kuczynski, que renunció acusado de irregularidades en contratos con Odebrecht. Perú se cita aquí como el estadio al que no se debería llegar: la caricatura del Lava Jato.

Pero la realidad es que por acá todo está recién empezando. Es cierto que, todavía sin sanciones económicas, las empresas perciben ya el cambio de atmósfera. Socios norteamericanos que han decidido esperar más tiempo para acompañarlas en los proyectos, por ejemplo, o reticencia en bancos extranjeros a darles financiamiento. ¿Podrían además enfrentar juicios si esos prestamistas sintieran que el involucramiento de sus clientes en causas de corrupción ha ensuciado sus respectivos portafolios? Es una posibilidad. En las empresas temen además que la citación a indagatoria de Paolo Rocca, líder de Techint, el grupo industrial más importante del país, haya agravado el problema de reputación general.

El macrismo tiene ya algunos orfebres legales pensando alternativas para "encapsular" la crisis de los cuadernos. La propuesta más elemental, que es compartida con los empresarios, consistirá en intentar aprovechar que los delitos en cuestión se han cometido con un régimen legal que no obligaba a los accionistas a responder por lo hecho en sus compañías, algo que cambió en marzo de este año con la ley de responsabilidad penal empresaria. Una especie de blanqueo a partir del cual, ahí sí, habría arrancado un nuevo régimen. Algunos intentos como el de Aldo Roggio, que renunció a la conducción del grupo no bien fue citado a declarar, apuntan en ese sentido: que la mancha del dueño no salpique a la corporación.

Pero son buenas intenciones que dan por sentado algo que todavía está por verse, que es qué tipo de sentencias podría firmar un juez que viene sorprendiendo con sus decisiones a varios imputados. Más de uno se imaginaba sobreseído rápidamente y ya tiene prisión preventiva. Sobresaltos de una investigación que parece destinada a lo incierto en todas sus etapas: a quién están dispuestos a delatar los arrepentidos, cuál es el último subsuelo donde podría detenerse la implosión institucional y, más en el origen del asunto, qué extraña musa inspiraba a Centeno a escribir.

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