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Fuerte disputa en la Justicia platense

Un juez investigado por coimas denunció presiones
Un juez investigado por coimas denunció presiones Crédito: Google Maps
Hugo Alconada Mon
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29 de septiembre de 2018  

Mientras las miradas se centran en la investigación que abarca a un exjuez penal, fiscales, policías y barrabravas, una nueva tormenta política, judicial y penal toma forma en la ciudad de La Plata . Y tiene como epicentro al juez Federico Guillermo Atencio, quien afronta una causa penal, pero cargó ayer contra un fiscal y un operador judicial, al que le enrostró presentarse como mensajero de las máximas autoridades del Poder Judicial y de la Procuración bonaerenses, y del ministro de Justicia provincial.

En un escrito que presentó ayer en la investigación que afronta por un presunto pedido de coimas, Atencio afirmó que un funcionario del gobierno provincial le pidió una reunión para transmitirle "el profundo malestar que les causaba que no hubiera renunciado" a su cargo como juez, como se había "pactado". Atencio detalló que ese emisario le dijo que el mensaje provenía de la titular de la Corte bonaerense, Hilda Kogan; el procurador de la provincia, Julio Conte Grand, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

¿Cuál sería ese supuesto "pacto de impunidad"? Que renunciara como juez, a cambio del cierre de una causa por pedido de sobornos. Pero, según Atencio, él se había reunido con Kogan para transmitirle su "indignación" por la investigación que tramitaba en su contra y su "necesidad de que todo se aclarase". Para entonces sí, completó, "poderme jubilar y retirarme sin que pese sobre mí sospecha alguna respecto de mi honestidad".

La tormenta, sin embargo, viene de arrastre. Incluye una larga pelea entre Atencio y el fiscal platense Jorge Paolini, con quien cruzó denuncias desde que debieron instruir juntos una causa penal por presuntos sobornos a funcionarios de IOMA por proveedores de insumos médicos.

Paolini denunció que una empleada del juzgado de Atencio, Paola Alayo, fue a verla y, con la secretaria de la Fiscalía presente, declaró que el magistrado la había enviado a negociar con los acusados el pago de US$1,5 millones a cambio de que nada ocurriera.

Esa denuncia recorrió su camino, pero lejos de La Plata. El procurador Conte Grand dispuso que se investigara en San Martín y quedó en manos del fiscal Edgardo Ledesma, quien investigó el patrimonio de Atencio, no encontró nada y propuso archivar la causa.

Para entonces, la testigo se había dado vuelto. Al declarar ante Ledesma, negó haber dicho que Atencio la hubiera enviado a pedir coimas entre los proveedores, uno de los cuales había sido su jefe. Dijo que el fiscal Paolini la convocó a una reunión, en la que le dijo que podía ayudarla con una causa penal que ella arrastraba a cambio de que embarrara al juez.

Atencio, a su vez, pidió la destitución de Paolini, tras acusarlo de coaccionar a Alayo e incumplir con sus deberes de funcionario público. Le adjudicó al fiscal no impulsar la investigación por las coimas en IOMA durante el sciolismo porque los acusados no le contestaban sus pedidos de informe, en vez de solicitar allanamientos y otras medidas.

Tormenta en ciernes

Mientras arreciaba el contrapunto entre el juez y Paolini, el superior del fiscal Ledesma en San Martín ordenó desarchivar la investigación sobre Atencio y darle un nuevo impulso, decisión que el magistrado interpretó como una represalia por incumplir el supuesto pacto de impunidad.

LA NACION intentó conocer las posiciones de Paolini, Ferrari y Kogan, pero declinaron responder ante la prensa los dichos de Atencio, en tanto Conte Grand se encontraba en Tucumán.

Voceros del gobierno bonaerense, sin embargo, adjudicaron la ofensiva de Atencio a un intento por "abrir el paraguas", en momentos en que la investigación sobre su otrora colega César Melazo puso la lupa sobre los tribunales penales platenses. "Varios jueces y fiscales ven ahora cómo se les viene la noche", adujeron. Atencio retrucó con un pedido y un ofrecimiento en la causa reabierta en su contra. Pidió su sobreseimiento y comunicó su "expresa autorización" para que el fiscal ingrese a su domicilio a revisar lo que quiera.

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