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Los desafíos del nuevo presidente de la Corte

La asunción de Rosenkrantz sin duda ayudará a mejorar la mala imagenque la ciudadanía tiene hoy de la Justicia
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30 de septiembre de 2018  

Luego de 11 años de ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de mañana Ricardo Lorenzetti será reemplazado en ese trascendente cargo por Carlos Rosenkrantz, un cambio muy positivo que abrirá una nueva era en el máximo tribunal del país.

El alto perfil político y el cultivo de su imagen pública caracterizaron la larga y personalista presidencia de Lorenzetti. Los sólidos antecedentes sumados a los rasgos de personalidad de Rosenkrantz aseguran otro estilo de conducción, más participativo, abierto y transparente.

El cambio en la presidencia ocurre en momentos en que la Justicia atraviesa un momento crítico en el que debe intentar recuperar credibilidad y prestigio ante la sociedad luego de un largo período en el que algunos tribunales federales de la Capital se caracterizaron por una complacencia obsecuente y cómplice con el régimen anterior, actitud que generó un lógico descrédito debido a la impunidad con que se benefició a una megacorrupción generalizada nunca vista en la historia de nuestro país.

Son muchos los desafíos que enfrentará la Corte en su nueva etapa:

  • Debe poner en ejercicio en su propio cuerpo el principio de transparencia que enfáticamente predica y declara perseguir, disponiendo que todas las designaciones de funcionarios de alta jerarquía que se realicen en las secretarías y direcciones generales se lleven a cabo por concurso de oposición y antecedentes, dejando de lado viciadas prácticas seguidas en las últimas décadas, incluidas las de designar con absoluta discrecionalidad a personas que carecían de los antecedentes necesarios para desempeñar cargos de funcionarios equivalentes a los de jueces federales de primera instancia, e inclusive de cámara.
  • Tendrá que reconstruir su relación institucional con el Consejo de la Magistratura, actuando coordinadamente con ese órgano en funciones como la administración de recursos, la ejecución del presupuesto y el dictado de reglamentos para optimizar la prestación del servicio de Justicia, que son consustanciales con el Poder Judicial. Sería conveniente que el nuevo presidente concurriera a algunos de los plenarios del Consejo de la Magistratura para percibir el modo en que este cuerpo coadyuvante del alto tribunal lleva a cabo las funciones que le asigna la Constitución en materia de administración de los recursos de la Justicia.
  • Deberá administrar con sabiduría y prudencia la agenda institucional, otorgando un lugar preponderante a la decisión de casos trascendentes en los que pone en juego su condición de intérprete final de la Constitución Nacional, limitando su intervención en causas que no exhiban gravedad institucional y reservándola solo para casos excepcionales en que las decisiones de los tribunales inferiores sean genuinamente insostenibles por arbitrarias.
  • Ha de dar el ejemplo y no sumar demoras en la resolución de casos cuyos expedientes ya han circulado en otras vocalías. La Corte arrastra un considerable atraso en lo que constituye su función primordial, que es, precisamente, la resolución de causas. Esto se debe, en buena medida, a un sistema retrógrado en la circulación de los expedientes y a que, a veces, los ministros de la Corte no se ponen de acuerdo acerca de cuáles requieren prioridad.
  • El imprescindible tiempo que exige una decisión judicial fundada, madura y deliberada en el seno del cuerpo, impone que el tribunal comience a desligarse de tareas no jurisdiccionales que -sin desconocer su relevancia, como la oficina de violencia doméstica o la oficina de la mujer- son impropias de una Corte Federal.
  • Entre las tareas no jurisdiccionales que deben ser canceladas, urge derogar en primer término la acordada 2/2016, que creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, al amparo de lo dispuesto por el decreto presidencial 256/2015, pues las misiones investigativas de esa agencia son notoriamente impropias del Poder Judicial y han dado lugar -a raíz de la difusión pública de escuchas que debieron permanecer reservadas- a fundadas sospechas de incumplimiento de su tarea, y comprometieron el prestigio del Poder Judicial.
  • Dejar de lado el modelo personalista que caracterizó la jefatura saliente obliga a ejercer en cada una de sus actuaciones públicas una genuina representación del alto tribunal como cuerpo único y colegiado, abandonando prácticas autorreferenciales que, en rigor, estuvieron al ostensible servicio de satisfacer un proyecto personal muchas veces alejado de cumplir con las importantísimas atribuciones que le reconoce la Constitución nacional.
  • Sería recomendable que el nuevo presidente asumiera el sano compromiso público de que solo renovará su mandato en una única oportunidad para evitar situaciones como las que tuvieron lugar entre 2007 y 2018 con cuatro períodos, o con el presidente Julio Nazareno entre 1994 y 2003, con tres períodos. La mejor señal sería modificar el régimen en vigencia estableciendo esa limitación para la renovación de mandatos sucesivos.
  • Con ese mismo propósito, sería conveniente derogar expresamente la disposición que prevé la realización de un acto público de apertura del año judicial (acordada 2/2008), originada en un reglamento sancionado en 1952 por una Corte que rendía homenajes públicos al entonces presidente y a su esposa, dado que esa clase de convocatorias son ajenas a las funciones de una Corte Suprema.
  • El máximo tribunal ha de llevar a cabo una profunda reforma en su área comunicacional, dotando a esa dependencia de una dirección institucional con el más alto nivel de idoneidad, que sirva al tribunal como cuerpo único y colegiado y no únicamente a los intereses de su presidente.
  • Deberá reformular su política salarial -delegada por el Congreso desde 1990- para uniformar los incrementos de remuneraciones en todas las categorías, pues si bien corresponde por mandato constitucional que las compensaciones de los jueces se mantengan intangibles, esa garantía no se extiende al resto del personal del Poder Judicial que se ve indebidamente beneficiado por los incrementos autorizados a los jueces, en una suerte de ley de enganche virtual que los habilita a cobrar sueldos que triplican los de similares funciones en el Poder Ejecutivo y en el Congreso.
  • Trabajar en pos de una mayor predictibilidad debería ser otro de los objetivos del máximo tribunal. La transparencia se ha vuelto una imperiosa necesidad para una sociedad estremecida por los reiterados casos de corrupción, por lo que se debería permitir el libre acceso a las declaraciones juradas de sus integrantes. El secretismo que en esta materia ha caracterizado a la Corte choca con la demanda de la ciudadanía. No caben ya estas divisiones que separan a quienes están sometidos al imperio de las leyes de aquellos que pretenden colocarse por encima de ellas para llevar a cabo su voluntad, máxime cuando estos últimos constituyen la cabeza del Poder Judicial.
  • Deberá poner en genuino funcionamiento la Unidad de Análisis Económico, creada en 2009 para evaluar el impacto económico de las sentencias del máximo tribunal, hoy a cargo de un funcionario sin los necesarios antecedentes, pues sus informes son vitales ante las graves consecuencias que derivan de sus fallos como ocurriera en materia de coparticipación, federalismo fiscal, obligaciones estatales en seguridad social, responsabilidad empresaria en materia laboral, y en el ámbito remunerativo de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
  • Como se ha insistido desde esta tribuna, la Corte Suprema debe poner inmediatamente en ejercicio las facultades de superintendencia que le asisten, con el objeto de adaptar el horario judicial -de atención al público y a los profesionales, y de gestión interna en los órganos judiciales- a las necesidades que impone una adecuada administración de Justicia ante el confesado atraso -endémico en algunos casos, como en el fuero de la seguridad social- que padece la gran mayoría de los tribunales judiciales. Esa misma circunstancia exige también de manera inmediata la supresión de la injustificada feria invernal y la decisión estratégica de que durante el receso de enero continúen en actividad todas las oficinas administrativas del Poder Judicial -y entre ellas el Consejo de la Magistratura- a fin de realizar todas las misiones propias de sus áreas respectivas de manera que durante el resto del año los tribunales funcionen con normalidad y sin necesidad de disponer, como viene sucediendo, nuevas ferias que perjudican la administración de Justicia y profundizan el retraso en la tramitación de las causas.

Avanzar, entre otros temas, en los puntos señalados permitiría achicar la brecha existente entre la Justicia y la sociedad y mejorar la vapuleada imagen que la ciudadanía hoy tiene de la Justicia.

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