¡La ley a rajatabla!

La sociedad debe tomar conciencia de las graves consecuencias del abandono de las normas, como la violencia, la fuga de capitales y la incertidumbre
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2 de octubre de 2018  

¿Qué tienen en común la deshonestidad judicial y los violadores reincidentes? ¿Las emergencias económicas y las ganancias sin esfuerzo? ¿Las excepciones para edificar y las excepciones para importar? ¿La fuga de capitales y la fuga de cerebros? ¿Los privilegios sindicales y el desempleo juvenil? ¿Los permisos de libre circulación y el nepotismo en las administraciones? ¿La expansión del narcotráfico y la corrupción policial, judicial y política?

Todos esos ejemplos tienen en común la ausencia del Estado, la manipulación de sus organismos en provecho propio, la anomia generalizada, el desquicio colectivo.

En inglés llaman rule of law al sistema institucional en el que rige la ley y no la mera voluntad del gobernante. En la Argentina se denomina Estado de Derecho, y su hija dilecta es la seguridad jurídica, madre del trabajo productivo, la inversión fecunda y la prosperidad compartida. Cuando las reglas del juego son estables, sin resquicios para la picardía o la venalidad, la labor cotidiana de las personas, buenas o malas, se encarrila por ese andarivel y se plasma en frutos provechosos para sí y para los demás.

En la democracia liberal, las instituciones establecen un orden que no es jerárquico ni autoritario. Las conductas personales se desarrollan en un marco de libertad en el que cada cual conoce las reglas. La confianza en la aplicación irrestricta de premios y castigos invita a esforzarse para alcanzar objetivos. Los gobiernos que transmiten convicciones firmes, integrados por funcionarios que comparten valores, funcionan al unísono y saben resistir tentaciones, son creíbles.

La confianza requiere evidencias: esa es la función de la transparencia. Cuando no hay tráfico de influencias, ni decretos comprados, ni devolución de favores, debe estar todo en la vidriera. La transparencia en la gestión pública impide que se teja o desteja en las sombras y que haya doble contabilidad para digitar ganadores y perdedores. Sin embargo, se trata de un sistema muy frágil. Las fuerzas que operan en una sociedad son fortísimas para crear orificios y resquicios, socavando la seguridad jurídica conforme a necesidades de la política o los negocios. Cuando el Estado de Derecho se manipula, el cortoplacismo impone sus códigos, siempre de contado.

Los intereses creados siempre pujan, con bastante éxito, por torcer la ley en su provecho. Las plusvalías en juego son de tal magnitud que permiten sobornar a políticos, funcionarios o magistrados para convencerlos.

La aplicación de la ley "a rajatabla", principio rector de la Constitución Nacional de 1853, entró en decadencia gradual cuando el populismo prefirió quemar los reglamentos de juego para definir las reglas en el curso de cada partido. Así, quitó la venda a la dama de la Justicia en el billete de un peso (1947) para simbolizar ese cambio de paradigma. También corroyó la supremacía de la ley el error del filósofo de Tréveris, Marx, al trastocar los conceptos. La ley, creación de la humanidad para proteger al débil frente el poderoso, fue execrada por lo inverso: instrumento del orden burgués para explotación del proletariado. Para el marxismo, solo refleja intereses de clase: nunca habrá ley verdadera mientras existan pobres y ricos. Con similar inspiración, el "garantismo" original fue desfigurado para reemplazar el derecho por otras disciplinas sociales, pues nadie debería ser castigado mientras exista desigualdad.

Tanto el populismo como las utopías socialistas han llevado a fracasos rotundos por ignorar la realidad de la naturaleza humana. En las experiencias socialistas se sustituye la ley "burguesa" por la discrecionalidad "igualitaria" y la explosión del gasto público demuele el derecho de propiedad.

La Constitución Nacional se encuentra cribada por tratados internacionales con mayor fuerza que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, y estas, por interpretaciones judiciales "a la medida" de exigencias políticas o tentaciones monetarias. La delegación de facultades en autoridades administrativas para permitir o prohibir, sacar o poner, subir o bajar, contratar o rescindir en función de difusos méritos o turbias conveniencias también abrió las puertas al lobby y la corrupción. En el ámbito comercial, los contratos casi valen como la moneda nacional. La facultad judicial de alterar lo pactado, por conmociones generales o por asimetrías particulares, nunca toma en cuenta el costo social de quebrantar la seguridad jurídica. Y aun peor, la litigiosidad causada por sucesivas crisis ha rebalsado los tribunales con contratos exánimes en disputas sin solución.

Nos hemos habituado a una sociedad cuyas conductas diarias implican irregularidades, desvíos o excepciones. En áreas tan disímiles como la educación o la seguridad, la construcción o la navegación, los palacios curiales o los pasillos senatoriales.

Los policías no actúan y los delincuentes lo hacen. Los educandos no se educan y los padres agreden a los educadores. Los profesores abusan de licencias y los sindicatos los apañan. La evasión fiscal es normal, las facturas se evitan o se falsifican y proliferan monotributistas con grandes negocios. Los políticos roban y los empresarios también. Los jueces duermen causas o aceleran sobreseimientos "a la carta". Las comisarías desalientan denuncias y las víctimas optan por el silencio. Las leyes del narcotráfico se imponen con mayor eficacia que las normas del derecho penal.

El abandono de la ley ha alentado la proliferación de revendedores y mercachifles de privilegios y subsidios, llevando mil veces a la bancarrota del Tesoro y a otras tantas declaraciones de emergencia, corralitos, cepos, devaluaciones, ahorros forzosos, bonos compulsivos y expropiaciones variadas. La preferencia por la excepción se refleja en todos los órdenes, tanto para los premios como para los castigos.

El inventario borgiano de beneficios otorgados "caso por caso" incluye créditos blandos, subsidios o promociones basadas en consideraciones etéreas; regímenes de fomento creando plusvalías injustificadas; convenios colectivos homologados con abusos sindicales; licencias docentes inadmisibles; circulares crípticas del Banco Central para ventaja de pícaros; autorizaciones aduaneras para girar divisas al exterior sin importaciones correlativas; licitaciones de obras o servicios digitadas; regulaciones para limitar la competencia; jubilaciones de privilegio inmorales; indemnizaciones a familiares de desaparecidos que no lo fueron; ajustes de mayores costos y liquidaciones de retroactivos sin sustento real. En suma: expoliaciones basadas en normas ambiguas "ex profeso" para abrir la puerta a razonamientos falaces, opiniones interesadas y dictámenes arreglados.

Las transferencias de ingresos como resultado de decisiones discrecionales no son visibles como las que impactan en otras esferas, como la contravencional o la penal. En el ámbito económico, salvo que se encuentren contenedores, bolsas o valijas, el origen de la riqueza mal habida pasa inadvertido. En el ámbito de la convivencia, en cambio, las consecuencias son tangibles. Usurpaciones de "tierras ancestrales", de viviendas sociales, de espacios públicos, de inmuebles privados. Trapitos, cuidacoches, limpiavidrios, patentes con cintitas y falsas obleas de discapacidad. Cortes de calles, piquetes, daños a bienes públicos. Ocupación de veredas, sendas peatonales y de ciclistas, Y en un nivel más violento, motochorros, pirañas, salideras. Venta de droga en villas y uniformados que la consienten. "Picadas" en autos de alta gama. Todo ello por falta de aplicación estricta de la ley: puertas giratorias, abuso de libertades condicionales y de salidas transitorias.

El cortoplacismo refleja un desinterés imperdonable por sus consecuencias nefastas sobre la dinámica social. La aplicación de la ley "a rajatabla" es una apuesta al futuro, para hijos y nietos. La labor de legisladores, jueces y administradores está siempre asediada por el hechizo del corto plazo, la seducción de las encuestas, las exigencias partidarias, la sensibilidad personal, los sesgos políticos, las tentaciones del dinero.

La excepción y la casuística, por definición, son apartamientos de la regla general con justificativos que pueden ser convincentes en el caso concreto, pero que pueden tener un costo grande, difícil de mensurar, en la confianza del largo plazo.

Y sobre esa confianza se construyen los pilares del desarrollo, de empleo y de la justa distribución del ingreso. La población es libre de votar otra cosa, pero nunca podrá evitar las consecuencias dramáticas que implica el abandono de la ley, en términos de incertidumbre, fuga de capitales y violencia cotidiana.

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