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Bolivia y su salida al mar

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3 de octubre de 2018  

En el momento de independizarse de España, el territorio boliviano incluía unos 400 kilómetros de costa a orillas del Pacífico. Entre 1879 y 1883 se desató en el Pacífico una guerra en la que Chile venció a Bolivia y Perú, y este último país tuvo que entregar Tarapacá y Arica, mientras que Bolivia debió desprenderse de su Departamento del Litoral, de 120 kilómetros cuadrados que incluían su costa sobre el Pacífico. Después de años de negociaciones, en 1904 se firmó un tratado en virtud del cual Bolivia aceptó la cesión perpetua de los territorios que Chile ya había ocupado militarmente durante el conflicto bélico.

Por mucho tiempo, la pérdida de la salida al mar de Bolivia generó un incansable e infructuoso vendaval de reclamos contra Chile en procura de recuperar aquel litoral marítimo. En 1920, La Paz llevó el tema a la Liga de las Naciones para que se revisara la cesión de su territorio, pero no tuvo éxito. En 1975, dos dictadores, el boliviano Hugo Banzer y el chileno Augusto Pinochet, protagonizaron el llamado "Abrazo de Charaña", inicio de una negociación bilateral sobre el tema que culminó con un fracaso cuatro años después, exteriorizado en la ruptura de las relaciones diplomáticas. En 2006, el presidente Evo Morales y la entonces presidenta de Chile Michelle Bachelet conformaron una agenda de cuestiones bilaterales pendientes que incluía genéricamente el tema del mar. Pero tampoco entonces se llegó a una solución consensuada y Bolivia llevó el diferendo a la Corte Internacional de Justicia, organismo que se declaró competente en 2015. El diferendo se refería no a la soberanía sobre el litoral costero, sino a si existía, o no, una obligación chilena de negociar con Bolivia la posibilidad de una salida soberana al océano Pacífico. Solo eso.

En su reciente fallo, el tribunal internacional, un órgano de las Naciones Unidas creado en 1945, decidió que la obligación chilena de tener que negociar con Bolivia una salida al mar no existe como tal. Para ello desestimó por amplia mayoría los acuerdos bilaterales invocados por Bolivia, las interpretaciones discutibles sobre las declaraciones unilaterales de Chile y la interpretación de los silencios de las partes, y decidió rotundamente que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, obligación que solo podría existir si hubiera sido explícitamente asumida, lo que nunca ocurrió.

Para Chile, la sentencia es un triunfo importante, pero probablemente no resolverá la cuestión puesto que Bolivia no renunciará a tratar de romper su enclaustramiento. La propia Corte Internacional de Justicia destaca que su fallo no puede ser entendido como un impedimento para que las partes retomen el diálogo para resolver el reclamo boliviano aún pendiente. Para el alto tribunal las partes están frente a un asunto de interés mutuo, que podría resolverse mediante negociaciones bilaterales.

La reivindicación marítima boliviana seguirá activa, a pesar del claro triunfo judicial de Chile. Morales deberá explicar ante los suyos cómo condujo el caso, así como las desmesuradas expectativas que generó. La puerta del diálogo no se cierra nunca en el escenario internacional, pero es distinto dialogar que exigir. Haber supuesto que el recurso ante la Corte Internacional de Justicia podía transformar una aspiración en una obligación resultó equivocado.

Para Morales, lo sucedido en La Haya supone un duro golpe político. En momentos en que aspira a una tercera reelección el año próximo, al desgaste acumulado sobre sus hombros se suma ahora el impacto del un fracaso judicial.

Morales ha roto el récord boliviano de permanencia en el poder, al que se aferró por más de 12 años. Ideologizar su demanda marítima puede haber constituido un grave error. Sus soberbias declaraciones en la víspera de conocer el resultado de la disputa fueron inoportunas y equivocadas. Por todo esto no sería extraño que la derrota ante la Corte Internacional de Justicia afecte adversamente su ambición de permanencia en el poder.

La hora, pese a sus múltiples complejidades, podría resultar particularmente propicia para que, con la necesaria amplitud de criterio, Bolivia y Chile reexaminen en conjunto las distintas maneras de maximizar el uso eficiente de los puertos chilenos de Arica e Iquique por parte de Bolivia y sus empresas comerciales, que ya están siendo activamente utilizados. Para Chile habría allí una oportunidad de expresar magnanimidad hacia Bolivia.

También podría ser este el momento para reexaminar la alternativa de construir un puerto que utilice Bolivia cerca de la localidad peruana sureña de Ilo, aprovechando la franja costera que Perú cedió en 1992 por 99 años, aunque solo para fines turísticos, y conformando así un importante proyecto estructural binacional en una zona que, en los hechos, ha estado paralizada por más de un cuarto de siglo.

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