Los nuevos derechos de exportación: consideraciones y ajustes

Martín Clément
Martín Clément PARA LA NACION
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4 de octubre de 2018  

Como producto de la devaluación del peso, el Gobierno decidió volver a gravar las exportaciones con derechos de exportación. Pero lo hizo mediante la creación de un nuevo derecho, "adicional" al que existía hasta ese momento y que se aplicaba solo a un reducido grupo de productos del agro. Así, publicó el decreto 793/18 que estableció hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías salvo para aquellas del complejo sojero (a las que se fijó una tasa más alta que va del 11% al 18%), aclarando que para estas se trata de un derecho adicional, es decir, que se suma al que ya traían y que se regía por un esquema gradual de reducción, volviendo así a la alícuota antigua, más alta.

Este nuevo derecho puede pagarse al momento de registrar la exportación, o dentro de los 15 días corridos, sin intereses, desde el día siguiente al cumplido de embarque. Este derecho adicional no podrá excederse de $4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda, salvo para algunas mercaderías que podrían categorizarse como manufacturadas o regionales, cuyo límite será de $3 por dólar.

La distinción entre valor imponible o precio oficial radica en que existen mercaderías, principalmente agrícolas, alcanzadas por la ley 21.453, en cuyos mercados se celebran contratos de venta con mucha anticipación a la obtención de la mercadería, que estipula que los derechos de exportación se aplican sobre un "precio oficial FOB" vigentes a la fecha de cierre de cada venta y que son determinados por Agroindustria.Aquel nuevo tope de $4 o $3 por dólar vino acompañado de dificultades en su aplicación.

¿Cuál es su valor imponible? El Código Aduanero define dos tipos de derechos: ad valorem o específicos. Los primeros son aquellos obtenidos mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; y los específicos, aquellos cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de una suma fija de dinero por cada unidad de medida. Claramente estamos frente a un derecho ad valorem. Pero al establecer aquel límite en pesos, es necesario comparar cada día cuál es la alícuota que en definitiva aplica, es decir, si la del 12% o la que surge de dividir el tope que corresponda por el tipo de cambio del día, como una especie de "retención móvil" .

Según el art. 737 del Código Aduanero, los derechos ad valorem se excluyen del valor imponible, con lo cual, para calcular este derecho "adicional", corresponde antes detraerlo del valor FOB de la mercadería, lo que se logra aplicando un coeficiente obtenido mediante regla de tres simple. Esto implicó dudas en los exportadores e incluso en el servicio aduanero, con lo cual hubo declaraciones con distintos criterios. Incluso en aquellos casos en los que se liquidó el derecho sobre una base más alta (sin haberlo detraído de la base imponible) el reintegro fue superior al que hubiese correspondido, por lo que algunas aduanas bloquearon su cobro hasta tanto se dilucide el tema. Asimismo, por razones aparentemente más informáticas, la liquidación de este nuevo derecho no se vio reflejado de esta manera en el SIM, y funcionó de manera errática apartándose de los algoritmos establecidos en la normativa (res. AFIP 1921), quizá porque no fue pensado para manejar listas de mercaderías con alícuotas móviles. Esto también ocasionó que el derecho liquidado por el SIM en cada exportación haya sido más alto que lo previsto en las normas vigentes hasta la publicación del dec. 865/18, en aproximadamente 1,5% cuando el tope es $4 por dólar y del 3,5% cuando es de $3 por dólar.

Para poner fin a estas dudas, el dec. 865/18 zanjó a favor del fisco las discusiones sobre el valor imponible de este derecho de exportación adicional, disponiendo que se calculará sobre una base igual al valor imponible más la alícuota misma del 12%. Con esto se acepta implícitamente que el coeficiente a aplicar corresponde a esa alícuota, independientemente de si aplica o no el tope, con lo cual el valor imponible será (salvo casos de ajustes) el valor FOB de la mercadería. Asimismo, se dispuso que quienes hayan exportado durante 2017 hasta US$20 millones podrán pagar el derecho adicional hasta 60 días corridos después del cumplido de embarque. También que los exportadores de bienes de capital que hayan facturado hasta el 3 de septiembre de 2018 sus exportaciones, total o parcialmente, quedarán liberados de este derecho adicional por la totalidad o por esa porción facturada.

Queda aún por resolver un tema relacionado a los reintegros de exportación, porque ahora para su liquidación el SIM "olvida" que este derecho de exportación adicional total real se aplica sobre el FOB, y calcula el valor imponible aplicando aquel coeficiente que corresponde a un derecho del 12%. Atento a que por el art. 829 del Código Aduanero ese valor imponible actúa como límite máximo para calcular el reintegro, su importe debería ser un 12% superior al calculado por el SIM, considerando la realidad de las cifras. Si bien se resolvió una gran parte del problema, es evidente que los sistemas informáticos pueden más que cualquier norma. La AFIP deberá aclarar estas incongruencias.

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