Que el escándalo de los cuadernos sea un punto de inflexión

Agustín Flah
Agustín Flah PARA LA NACION
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4 de octubre de 2018  • 15:26

Hace unas semanas, cuando se empezaron a conocer los detalles del escándalo de los cuadernos, me hicieron dos preguntas en una entrevista radial: la primera, ¿sería éste al fin un punto de inflexión para lograr que algo cambie en nuestra sociedad?; y la segunda, ¿qué otros elementos se necesitan para que este tipo de escándalos no vuelvan a repetirse?

Para responder a la primera pregunta, es preciso entender qué podría diferenciar este caso de otros anteriores que también fueron grandes escándalos de corrupción y que quedaron navegando en nuestros tribunales. ¿Qué es distinto en este caso?

En primer lugar, la prueba colectada hasta el momento y que figura en el auto de procesamiento parece abrumadora. No importa a esta altura si los cuadernos están quemados o no, o si el laborioso chofer se tatuó en su cuerpo un ayuda memoria o si existen videos de los cuadernos. La tarea de los jueces y fiscales es ir reconstruyendo en tiempo y lugar las diversas pruebas que tiene el expediente, actuar con todas las garantías que brinda el Código Procesal Penal para con los imputados y, por medio de la sana crítica, base del principio de legalidad para nuestro sistema penal liberal, arribar a un veredicto sólido.

En segundo lugar, es la primera vez que parecería estar funcionando la ley del arrepentido, ley que, que en mis lejanos tiempos de estudiante no me convencía, y hoy puede verse como un incentivo más para resolver casos de criminalidad compleja.

En tercer lugar, a raíz de las negociaciones entre el fiscal, el juez y los imputados, parece ser que, por primera vez, el sector privado está colaborando activamente en un caso de corrupción. La sanción de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que obliga a las empresas que trabajen con el Estado a tener un programa de compliance estaría funcionando como un incentivo más.

Cabe destacar que, por lo general, en otras jurisdicciones como los Estados Unidos, son las empresas las que siempre van a un acuerdo con el fiscal, principalmente por cuidar su reputación, y no tanto los individuos a quienes siempre les interesa demostrar su inocencia. Los acuerdos más conocidos a los que llegan las empresas en Estados Unidos y que han tenido efectos en casos en nuestro país son denominados "Deferred Prosecution Agreements" y "Non Prosecution Agreements", y pueden consultarse de forma pública en el sitio web de la SEC y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

En cuanto a la segunda pregunta -cómo evitar estos escándalos a futuro-, es necesario tener a los mejores jueces y fiscales. Si el juicio a los ex comandantes pasó a la historia, fue en gran parte porque tuvimos a los mejores. Se pudo condenar a los imputados en un juicio impecable, con todas las garantías, y la sentencia de la Cámara Federal fue confirmada "in totum" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es necesario que quede claro que, más allá de un problema moral, hoy para una empresa el costo transaccional de ser corrupto es más caro. No existe empresa en el mundo que no tenga un programa robusto de compliance. Por ejemplo, en el sistema de sanciones por corrupción de los organismos multilaterales de desarrollo como el BID o el Banco Mundial, por ejemplo, se considera que un soborno viola el fiduciary duty (la obligación legal que está en el Convenio Constitutivo del Banco Mundial de que los fondos sean usados para el propósito que fueron originalmente destinados).

Por último, nos cabe a todos, como sociedad civil, asumir un rol proactivo y responsable para poder evitar estos escándalos que nos dañan. La creación de nuevos incentivos que permitan esclarecer este tipo de casos y la participación ciudadana son un motor esencial para que un cambio sea posible.

El autor es Abogado, director Académico del Programa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella

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