La urgencia del largo plazo

Cora Steinberg
Cora Steinberg PARA LA NACION
Si se quiere cambiar el futuro para los adolescentes, hay que mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la situación material y de enseñanza en las escuelas
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4 de octubre de 2018  

El próximo 1° de noviembre las provincias deben presentar un plan estratégico para la educación secundaria, según el acuerdo del Consejo Federal. Existen ya los marcos normativos nacionales para avanzar en este proceso y algunas provincias avanzan con paso firme en ese sentido, pero ¿cómo asegurar en el contexto actual que todas las jurisdicciones puedan avanzar en la transformación del nivel? ¿Cómo se van a garantizar los recursos técnicos y presupuestarios necesarios para hacerlo? La transformación de la escuela secundaria requiere una fuerte planificación estratégica, políticas educativas que fortalezcan las escuelas de los contextos más vulnerables y acuerdos políticos entre distintos actores de la comunidad educativa que garanticen una amplia participación y adhesión al sentido de los cambios propuestos.

En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias ya establecidas en 2018 y planificadas en una mayor dimensión para 2019, en el marco de un país con fuertes disparidades educativas, se pone en juego hoy la definición de prioridades con el imperativo de lograr consensos entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales basados en un principio de equidad que permita sostener y diseñar instrumentos de financiamiento efectivos y oportunos para promover las mejoras necesarias en el nivel.

Este año, una campaña de Unicef alertó acerca del futuro de los y las adolescentes de nuestro país si nada cambia en el corto y mediano plazo. La adolescencia en nuestra sociedad es una etapa caracterizada, para muchos, por grandes capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también es una etapa amenazada por distintas vulnerabilidades que pueden afectar su desarrollo presente y su vida como adultos. La campaña advierte que, si nada cambia, la mitad de los adolescentes seguirá siendo pobre, uno de cada 10 niños y niñas trabajará antes de los 16 años, y por día ocho niñas menores de 15 años se convertirán en madres.

En educación los datos son críticos. A pesar de que en nuestro país es muy alta la proporción de adolescentes que ingresa al sistema educativo, si nada cambia, solo uno de cada dos terminará la escuela secundaria antes de los 20 años. Entre quienes dejen la escuela, cuatro de cada 10 la abandonarán por dificultades económicas y tres de cada 10, porque no les gusta o no les parece relevante. Por otro lado, el paso por la escuela no asegurará los conocimientos y habilidades esperados: siete de cada 10 estudiantes del último año de la secundaria no alcanzarán los saberes mínimos en matemáticas y casi la mitad no lo hará en Lengua.

Un chico o una chica que ha abandonado el sistema educativo y tiene que salir a trabajar, o un adolescente que por ser madre o padre deja la escuela, o que culmina la escuela sin apropiarse de saberes y competencias básicas para desempeñarse en la sociedad del siglo XXI, sabemos, tendrá serias dificultades para construir su mañana.

Los recientes anuncios dan cuenta del recrudecimiento de la crisis económica y social. ¿Cómo imaginar un futuro distinto para los jóvenes si fuera de la escuela perviven los mismos y nuevos problemas para garantizar mejores condiciones de vida y si la escuela secundaria se mantiene igual? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, al cuidado de su salud, a la alimentación y a vivir en un entorno seguro. Sabemos que la pobreza representa una barrera clara para el ejercicio pleno del derecho a la educación en contextos en que las desigualdades sociales se corresponden con instituciones educativas también desiguales en su capacidad de enseñar y acompañar a los chicos y chicas en su desarrollo.

En materia educativa, el desafío es urgente. Al margen del contexto, son las propias características del modelo de escuela secundaria las que atentan contra la posibilidad de que todos los jóvenes tengan trayectorias escolares significativas y garantizar igualdad de oportunidades educativas para todos. ¿Qué puede hacer entonces el sector educativo para contribuir a cambiar el destino de los adolescentes?

La escuela secundaria requiere transformaciones en distintas dimensiones, transformaciones que estén orientadas a garantizar mejores condiciones para enseñar, mejores condiciones para aprender y de bienestar. Promover una escuela que pueda impulsar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes básicas para la vida presente y futura de los adolescentes: desarrollo de un pensamiento crítico, habilidad para la resolución de problemas concretos, dominio de la comprensión de textos, la expresión oral y el cálculo matemático, garantizar una alfabetización científica y digital junto con habilidades sociales y emocionales que propicien la convivencia y el respeto a la diversidad.

Mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje supone promover cambios sistémicos e integrales tanto en la organización de la escuela como en el trabajo de los docentes. La evidencia indica que una buena escuela para adolescentes garantiza más tiempo de los docentes en la escuela para asegurar el tiempo de trabajo institucional y en equipo -algo que siempre se pide y el sistema no ofrece condiciones para materializarlo-, promueve diversas prácticas, tiempos y espacios de enseñanza -en el aula y fuera de ella- y cambia en las formas de evaluar los aprendizajes, para pasar de formatos homogéneos y estáticos a una evaluación formativa, de procesos y resultados. La transformación del nivel requiere también cambios a nivel de sistema, en las normativas y regulaciones que organizan el día a día escolar y las trayectorias escolares. Es imperioso revisar la función de la repitencia en marcos rígidos que, como se ha evidenciado, no contribuyen a mejorar aprendizajes ni a la vida de los chicos y chicas. Finalmente, un eje clave en este proceso es el avance en la transformación de la formación docente y la del conjunto de actores involucrados, como los directivos y supervisores.

En la Argentina, siete de cada 10 estudiantes del nivel secundario asisten a una escuela pública, y en los contextos más vulnerables este número se incrementa. Para avanzar en el camino propuesto de garantizar una educación pública de calidad es imperativo que la política avance en tres grandes temas: transformar el modelo educativo del nivel secundario, asegurar los recursos financieros, materiales y humanos para llevar adelante este proceso, y disminuir las grandes disparidades educativas entre los distintos contextos territoriales para que ninguno de los chicos y las chicas quede afuera y para que los que se fueron puedan regresar.

Si se quiere cambiar el futuro para los adolescentes, hay que asegurar hoy las condiciones materiales y de enseñanza en las escuelas, garantizar las condiciones salariales de los docentes y los equipos institucionales que sostienen la escuela todos los días. En síntesis, fortalecer la escuela y la gestión del sistema para responder a la envergadura de los desafíos por venir si se quiere garantizar el derecho a una educación de calidad para todos adolescentes y jóvenes. Como señalaba Juan Carlos Tedesco, en educación, el largo plazo se construye con las prioridades de política educativa que se asuman en el presente.

Especialista en Educación de Unicef Argentina

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