A la voluntad política hay que sumar coordinación

Una política eficaz contra el narcotráfico debe coordinar la tarea de los ministerios de Justicia, Seguridad, Educación y Desarrollo Social
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4 de octubre de 2018  

La droga se ha convertido en un cáncer que carcome sociedades. Brasil, el país más poblado de América Latina, ve con preocupación cómo los carteles de la droga se han asentado desde hace tiempo en las favelas, compitiendo con el Estado en cuanto a la presencia en los sectores de menores ingresos de la sociedad. Al mismo tiempo, desde las cárceles, organizaciones criminales, como el PCC y el Comando Vermelho de San Pablo y Río, manejan el narcotráfico en los grandes centros urbanos. Estas organizaciones estarían controlando ya cárceles en el Paraguay, y semanas atrás otra organización con vínculos con el PCC, llamada Bala Na Cara, especializada en robos y asaltos a objetivos de alto valor, intentó tomar un penal en Misiones.

En el pasado, carteles internacionales de Colombia y México intentaron establecer operaciones en la Argentina, sin éxito. Del cartel de Cali, fue desarticulada en 2017 una operación comandada por el principal lavador de dicha organización. Se frustraron grandes envíos de droga en sofisticados sistemas, como el hallazgo en 2017 del cargamento de cocaína oculto en bobinas de acero, que impidió la exportación de dos toneladas de cocaína a Canadá.

México, segundo país en cantidad de habitantes de la región, por su ubicación fronteriza con el principal mercado de drogas ilegales del mundo está expuesto a la aparición y el fortalecimiento de carteles que pujan violentamente, entre ellos y contra el Estado, por el control del negocio. En muchas zonas en las que disputan el control soberano del territorio al Estado incluso han triunfado. Operan también transnacionalmente, desde Colombia hasta Bolivia, habiendo intentado hacerlo también desde la Argentina. Tal fue el caso del cartel de Sinaloa, que pretendió en 2008 instalar un laboratorio de metanfetaminas en nuestro país.

Los carteles mexicanos se han extendido y se ha detectado su presencia en nuestro país, buscando controlar el flujo de droga hacia Europa que sale desde aquí. Días pasados, se confirmó que los más de 200 kilos de droga incautada en Monte Quemado, Santiago del Estero, pertenecían al cartel del Golfo de México.

En cuanto a Colombia, tercer país de América Latina en cuanto a población y país de origen de los primeros grandes carteles, si bien ha tenido avances concretos en la primera década de este siglo en la desarticulación de los carteles de la droga, estos han ocupado el territorio que, en virtud del acuerdo de paz, dejaron tanto las Fuerzas Armadas como las FARC. A ello se suman disidentes de esta última organización guerrillera que mantienen la lucha armada y controlan el flujo de droga en la frontera con Venezuela. Luego de haber luchado denodadamente contra la narcoguerrilla, Colombia atraviesa un momento extremadamente delicado. La paz política ha traído como consecuencia no deseada una derrota: con 1379 toneladas, este país registra hoy el récord histórico de producción de cocaína.

La presencia de los carteles colombianos en nuestro país no es nueva. Recientemente, la Justicia argentina condenó a dos sicarios colombianos que hace 10 años asesinaron a un connacional en un shopping del Gran Buenos Aires. Hoy no existe presencia estable de carteles colombianos en la Argentina más que en ocasión de algunas operaciones puntuales. Los principales carteles colombianos han sido desintegrados; el último, el del Norte del Valle, con la extradición de Bejarano, su líder, hace ya varios años, quedando los carteles mexicanos como principales actores del sistema en la región.

En nuestro país, una política eficaz contra la droga debe coordinar la tarea de cuatro ministerios. Son estos el de Educación, que debe actuar para la prevención, dado que los consumidores están aumentando y la iniciación es a edad cada vez más temprana, incluso en la escuela primaria; el de Desarrollo Social y Salud, que debe tener a su cargo la rehabilitación de los consumidores que deseen y puedan salir de la adicción; el de Seguridad, que tiene a su cargo la prevención y la represión del narcotráfico, aumentando los costos y los riesgos para operar en la Argentina, y el de Justicia, dado que traficar droga es un delito federal y es la Justicia nacional la que debe intervenir en estos casos.

Además, el Estado argentino tiene un organismo especial, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), dependiente, directamente de la Presidencia, que tiene a su cargo la política contra la droga. Este debería ser el encargado de coordinar las cuatro carteras mencionadas para llevar adelante una política eficaz en dichas áreas. A partir de la nueva administración y en consonancia con la posición gubernamental frente al problema de las drogas, la Sedronar conservó exclusivamente competencias ligadas a la reducción de la demanda y perdió la ligada a una restricción de la oferta, que pasó a manos de Seguridad. Hoy trabajan en conjunto este ministerio con la Sedronar, por ejemplo, en el programa Sistema de Alerta Temprana (SAT) frente a nuevas drogas.

El nombre del funcionario a cargo de la Sedronar es prácticamente desconocido. No porque sea secreto o encubierto, sino porque no está teniendo el preponderante rol que debiera desempeñar para coordinar e impulsar tanto dentro de la órbita del Estado como en la sociedad una política activa y eficaz contra este gravísimo flagelo. Sin abrir juicio sobre su competencia profesional, se trata de Roberto Moro, un dirigente justicialista de La Pampa que cumplió funciones en el área de salud de dicha provincia.

Su competencia vital es la prevención de las adicciones y atención de los adictos, por lo que es necesario que esta secretaría asuma un rol de mucha mayor proactividad y visibilidad, abocándose al diseño de campañas preventivas de comunicación orientadas al conjunto de la población, como también específicas que prevengan el consumo de sustancias más demandadas

Entre 2015 y 2017 el Gobierno aumento la incautación de cocaína en un 182% y en un 909% la de drogas sintéticas, pero siempre existió una proporción histórica entre la droga secuestrada, equivalente a entre un 5 y 10% de la que está en circulación. Por otra parte, en ese mismo lapso se elevó también en un 13,7% la cantidad de operativos y aumentó un 43,7% la cantidad de detenidos. De acuerdo con declaraciones a la prensa por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad, la cocaína ha incrementado su precio cerca de un 100%, lo que demuestra que se está afectando efectivamente el nivel de oferta de dicha sustancia.

Hoy tenemos, a diferencia de lo que ocurrió en tiempos de gobiernos kirchneristas, un Estado hostil al narcotráfico. Los estudios oficiales muestran que, en paralelo, también se incrementó el consumo, y es acá donde hace falta una política integral que articule las cuatro áreas de gobierno mencionadas, con una Sedronar muchísimo más protagónica y con más presencia pública.

En términos de consumo, es relevante el impacto de la percepción del bajo riesgo de consumir sustancias entre los jóvenes, el principal factor que explica el explosivo aumento que ha tenido la demanda tras años de coqueteo con las ideas de legalización y banalización de las drogas.

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