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La Justicia de Nueva York le dio más tiempo al país para defenderse de una demanda millonaria por YPF

Fuente: Archivo
Pablo Fernández Blanco
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4 de octubre de 2018  • 13:27

Después de varios años de peleas contra los fondos buitre y críticas al juez Thomas Griessa en la gestión kirchnerista, otra demanda contra el país que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York despierta preocupación en la Casa Rosada. Se trata de un litigio que lidera el fondo denominado Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró en España la quiebra de dos empresas creadas por la familia Eskenazi para entrar en YPF, en el año 2008.

Como propietario de su quiebra, Burford demandó a la Argentina y a la propia petrolera, la empresa más grande del país, porque al momento de la estatización, en abril de 2012, el Estado no hizo una oferta por el total del paquete accionario, como indica su estatuto.

La corte de apelaciones del segundo circuito de Nueva York le dio ayer al país un stay por 30 días, algo similar a una medida cautelar. Pero la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, estima presentar un recurso extraordinario ante la Corte antes de su vencimiento. Por lo que en la práctica, la decisión de esta semana implica que el juicio de primera instancia contra el país no avanzará hasta que no se resuelva un reclamo presentado por la Argentina.

Los demandantes aún no le pusieron una cifra al reclamo contra el país, pero se estima que podría rondar los USS$5000 millones, con lo que implicaría una dificultad capaz de hacerse notar en las cuentas públicas, en especial en un contexto de restricciones fiscales.

Saravia Frías se refirió ayer al tema en una presentación en el Rotary Club Buenos Aires. "Estamos haciendo un esfuerzo enorme jurídico y operativo para dar vuelta la situación" dijo el funcionario según reprodujo Infobae.

En el marco del ingreso a YPF, la familia Eskenazi creó un entramado de empresas con sedes en España y en Australia. En el primero de esos países están situadas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vehículos a través de los cuales Burford demanda al país.

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró.

El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, mostró esa molestia en la defensa de la estatización de la empresa en el Congreso. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo. Esas palabras fueron utilizadas por los demandantes para justificar el reclamo.

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