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El narcotráfico y sus socios y cómplices locales

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5 de octubre de 2018  

Años atrás, se difundió que se habría detectado droga que llegaba al aeropuerto de San Fernando en aviones de dos gobernadores. Son varios los municipios en los cuales se han producido denuncias y detenciones de intendentes, jueces, secretarios, fiscales u otros funcionarios públicos. En los últimos meses, ha sido procesado por esta causa el intendente de una capital provincial como Paraná, junto a otros funcionarios de la misma administración. En otro operativo, acusado de transportar estupefacientes, fue detenido el primo hermano de un exgobernador de Salta. Son pruebas de que las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en nuestro país buscan penetrar el sistema institucional para establecer y ampliar sus mercados.

A comienzos de 2017 se desbarató una organización criminal en Itatí, Corrientes, donde su intendente está acusado de ser parte vital de esa estructura delictiva, que contaba también con la complicidad de otros funcionarios públicos y policiales. Similar circunstancia se dio en la localidad de Salvador Mazza, donde en febrero de 2016 fue desarticulada una organización conformada por concejales de dicha ciudad.

Una vez que la droga se extiende y su negocio se torna más lucrativo, comienza la lucha por el control entre los carteles, o dentro de ellos. La violencia, incluyendo el homicidio, en algunos casos con señales mafiosas en los cadáveres, es una herramienta letalmente poderosa. Esta fase violenta del narcotráfico se desarrolla con intensidad tanto en Rosario como en algunas áreas del Gran Buenos Aires o del norte del país. En los países donde los Estados son más débiles, las organizaciones buscan competir entre ellas y contra el Estado, mientras que donde este es más fuerte, optan por la estrategia de colusión; es decir, la de cohabitar y repartirse zonas de operación para reducir el riesgo de ser identificadas.

Una situación particular se vive en Rosario, con tasas de homicidios que superan el promedio nacional, donde el 60% de los asesinatos de este año están relacionados con ajustes de cuentas o con el narcotráfico.

La fase siguiente del problema se plantea cuando la violencia no se registra únicamente entre los carteles por el control del negocio, sino también contra los funcionarios públicos que amenazan su actividad, sean judiciales o policiales, peritos o testigos.

La banda de Los Monos, de actuación en Rosario y su cada vez más amplia área de influencia, es el ejemplo más acabado de esta fase caracterizada por los ataques contra los funcionarios que la combaten. El incremento de la violencia en este caso es una demostración de la desarticulación entre los miembros principales de la organización delictiva, quienes apreciaban los beneficios de pasar inadvertidos, y de la aparición de cuadros menores, viejos proveedores y aliados que pujan por el mercado local sin tanta apreciación estratégica.

La mayoría de los jefes de la peligrosa banda citada fueron arrestados en la actual gestión gubernamental. Desde la cárcel, han seguido manejando su organización. Es así como, desde fines de mayo, se han producido decenas de atentados con armas de fuego y explosivos contra jueces y fiscales que los investigaron y condenaron; contra funcionarios policiales que los detuvieron y contra personas que testificaron en la causa. También han sido blanco de atentados los peritos y los periodistas que narraron estos hechos. La vinculación del narcotráfico con el fútbol aparece una vez más en el caso.

La situación ha llegado hasta tal punto que uno de los líderes de la organización fue trasladado a un penal del Chaco para evitar una eventual fuga y limitar sus movimientos tendientes a mantener el liderazgo de su organización desde la cárcel.

Mientras tanto, aumentan los asesinatos vinculados con el narcotráfico y muchos permanecen impunes, como siete homicidios registrados en el conurbano. En Santa Fe se han repetido los ataques a tiros contra tribunales y viviendas de funcionarios judiciales, y se asesinó a un importante testigo de la causa contra la banda de Los Monos.

La Justicia provincial ha condenado tanto al cabecilla de esta organización delictiva como a varios de sus secuaces, muchos de ellos familiares, pero paradójicamente no por el delito de narcotráfico, sino exclusivamente por el de homicidio.

Es sospechoso que sea precisamente el fuero federal, que tiene a su cargo enjuiciar los delitos por drogas, el que haya mostrado mayor reticencia para avanzar judicialmente contra esta banda de temible notoriedad en el ejercicio de la violencia en nuestro país. Preocupa gravemente el tiempo que la lenta y temerosa Justicia Federal se ha tomado para enjuiciar a estos mafiosos. El juicio federal comenzó días atrás y probablemente sea esto lo que está generando más violencia, no solo a cargo de Los Monos, sino también por parte de sus cómplices y de quienes les han otorgado protección durante tantos años.

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