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Nueva denuncia contra Electroingeniería por supuestos sobreprecios en una usina eléctrica

Gerardo Ferreyra está alcanzado por la denuncia, al igual que Osvaldo Acosta y Neira.
Gerardo Ferreyra está alcanzado por la denuncia, al igual que Osvaldo Acosta y Neira. Crédito: Facebook Gerardo ferreyra
Gabriela Origlia
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5 de octubre de 2018  • 11:19

CÓRDOBA.-Una nueva denuncia se sumó a las existentes contra Electroingeniería. Esta vez es por un contrato firmado con la Empresa Provincial de Electricidad de Córdoba (EPEC) para la operación y el mantenimiento de la central Pilar. La obra, muy cuestionada desde su inauguración hace ocho años, por su costo y por supuestas irregularidades en la licitación y adjudicación, tuvo como única oferente y ganadora a la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.

El costo inicial de la inversión era de US$300 millones, monto que coincidía con un préstamo otorgado el 19 de diciembre de 2008 por la Anses. Después de 13 meses, ante el incumplimiento de pago, la cifra alcanzó los US$565 millones y se cubriría con títulos de deuda TDEC adquiridos en su totalidad por la Anses.

La tasa de interés se fijó en 12,5% anual en dólares (el propio gobierno cordobés la calificó de "usuraria") y el plazo se estableció en ocho años. La deuda inicial terminó en US$1130 millones.

Esta semana el legislador provincial Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico-Cambiemos), con el patrocinio de Luis Juez , presentó la denuncia contra los integrantes del directorio de EPEC (desde la firma del acuerdo de mantenimiento hasta hoy) y contra Osvaldo Acosta, Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra.

Los dos últimos están involucrados en los cuadernos de las coimas; el segundo se acogió a la figura del arrepentido o imputado colaborador, y Ferreyra pidió licencia en sus funciones de vicepresidente y director de la empresa para "evitar que los ataques y las acusaciones de las que estoy siendo objeto en el orden personal trasciendan a Electroingeniería".

No hay datos de que la central Pilar integre el entramado que investiga el juez federal Claudio Bonadio. En su confesión, Neyra admitió que era Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido, quien exigía los pagos de fondos ilegales para las obras energéticas que otorgaba el Ministerio de Planificación Federal.

La presentación de Quinteros apunta supuestos delitos, como sobreprecios, retornos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, defraudación por administración fraudulenta e incluso "asociación ilícita". El acuerdo por mantenimiento es por US$372,8 millones y, a criterio de Quinteros, "existe un incumplimiento contractual irresponsable y doloso de la empresa Electroingeniería, agravado por el actuar negligente y cómplice de la EPEC".

El contrato por mantenimiento es por ocho años y vence en febrero de 2020 y parte del convenio que oportunamente suscribió EPEC con el gobierno nacional para la construcción de la central de ciclo combinado.

La última denuncia se realizó en la Fiscalía de Río Segundo e incluye documentación, fotos y videos que apuntan a demostrar el "estado deplorable de la central". Desde el gobierno cordobés aseguraron que las instalaciones funcionan con "normalidad" y que la presentación judicial es producto de "denunciadores seriales". Aunque LA NACION intentó profundizar la respuesta, no se pudo.

La Secretaría de Energía de la Nación, en 2006, planteó la ejecución de tres centrales de ciclo combinado, una es la de Pilar. Dos (Santa Fe y Buenos Aires) las asumió el gobierno central a través de Enarsa, mientras que la de Córdoba se la quedó EPEC. Electroingeniería se quedó con los tres proyectos.

Durante el kirchnerismo, el precio que pagaba a EPEC la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) apenas cubría la mitad de lo que la empresa debía cancelar mensualmente por la ejecución de la obra. Por eso, el Tesoro provincial cubría el resto ya que era el garante. A poco de asumir la gestión Mauricio Macri, se reconoció la totalidad de la cuota.

En 2013, Quinteros y Juez, quien por entonces era senador nacional, denunciaron en la Justicia Federal de Córdoba presuntos sobreprecios en la construcción de la central; el fuero se declaró incompetente para investigar el hecho.

La presentación fue derivada a la Justicia provincial, a la Fiscalía en lo Penal Económico (Anticorrupción), donde fue archivada porque "no surgieron hechos delictivos".

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