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Caso armas: la historia de una doble impunidad

Paz Rodríguez Niell
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5 de octubre de 2018  • 17:52

"Casación firmó la orden de defunción de un paciente que ya venía muerto desde hacía tiempo", dijo a LA NACION un funcionario del tribunal para explicar la absolución de ayer de Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas.

Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi entendieron que el proceso nunca tuvo un rumbo. Que es un expediente "vetusto" que se extendió durante 23 años, más allá de todo "plazo razonable".

"Demasiados errores trastocaron el debido proceso", escribió Catucci, que habló de "lamentables fallas" solo atribuibles a "los operadores judiciales"; es decir, a jueces y fiscales. Riggi, incluso más duro, dijo que la causa jamás tuvo "un norte tendiente a descubrir la verdad real de lo sucedido" y que fracasó por la "exclusiva desidia, inactividad o deficiencia" de los "órganos estatales". Desidia que favoreció ni más ni menos que a un presidente.

¿Por qué? ¿Quiénes fueron esos jueces culpables de haberla dejado caer? Cuando una cámara encuentra falencias graves en una investigación tiene un camino por seguir: denunciar a los responsables, con nombre y apellido, ante el Consejo de la Magistratura. Cuando, además, sospecha que pudo haber existido un delito detrás del mal desempeño, tiene la obligación de denunciarlo penalmente. Sacar testimonio y dar inicio a un nuevo expediente que lo investigue. Nada de eso pasó en este fallo.

Constataron la muerte, pero no denunciaron el homicidio. Detallaron los periplos de la causa, pero no dijeron cuándo fue que murió el caso. En manos de quién.

Así, la impunidad es doble. Es la de quienes hicieron ventas prohibidas de armas a países en guerra fraguando decretos y cobrando comisiones. Y la de quienes, según Catucci y Riggi, encorsetando la investigación, pisándola y enmarañándola, la demoraron tanto que no les dejaron más camino que absolver a un presidente que hasta ayer estaba condenado.

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