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Se corta la cuerda con los laboratorios

Francisco Olivera
Francisco Olivera LA NACION
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6 de octubre de 2018  

Ocurrió un viernes, probablemente el peor día de Macri desde que llegó a la Casa Rosada. El dólar había saltado esa semana de 30 a 40 pesos y faltaban horas para que cuatro dirigentes afines a Cambiemos -Prat-Gay, Melconian, Lousteau y Sanz- rechazaran la propuesta de sumarse al Gobierno, lo que desencadenó ese fin de semana enojo del Presidente y una crisis que trascendió desde Olivos a la prensa en tiempo real. Ese 31 de agosto llegó al PAMI una explosiva carta firmada por los laboratorios nacionales: como consecuencia de la corrida, que multiplicaba sus costos, proponían rescindir el acuerdo que meses antes habían firmado con el Gobierno para la provisión de medicamentos a la obra social.

Eran tantas las urgencias generales que casi nadie reparó en el asunto. Cilfa, la cámara que nuclea a los laboratorios grandes, se lo había adelantado personalmente un día antes a Sergio Cassinotti, director del PAMI, mientras crecía la incertidumbre cambiaria y proliferaban tensiones en el gabinete, donde se echaban culpas por un anuncio fallido del Presidente que terminó de disparar el dólar: en la mañana del miércoles, Macri había dado por cerrado un acuerdo todavía inconcluso con el FMI.

El texto, que estaba firmado por Cilfa y Cooperala, las dos entidades nacionales, llegó en medio de toda esa convulsión. Será difícil que, en adelante, los macristas olviden el momento elegido. Elisa Carrió, por ejemplo, lo equiparó con un golpe de Estado. Es cierto que la posibilidad de una rescisión unilateral estaba escrita en el contrato y que, además, resultaba atendible desde la óptica económica. La corrida volvía inviables condiciones que la Casa Rosada venía celebrando desde marzo como un ahorro histórico para los jubilados: establecían, por ejemplo, que el PAMI actualizaría solo 70% de la inflación de los productos que compraba.

Pero el Gobierno creyó ver intencionalidad política por algo que estaba pasando simultáneamente en sus filas: la propuesta de los laboratorios llegaba justo el fin de semana en que Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los orfebres del convenio y los funcionarios más resistidos por el sector, eran apartados del gabinete. La industria no solo había aceptado a regañadientes lo pactado en marzo, sino que detestaba los modos del interlocutor que tenía asignado, Lopetegui, sobre cuyas decisiones veía siempre la sombra de Quintana, a quien el Gobierno había apartado formalmente del trato con empresas por cuestiones de incompatibilidad: era todavía dueño de Farmacity.

¿Sería más fácil negociar sin ambos? Si existió, la premonición se cumplió a medias: si bien Quintana renunció ese fin de semana, Lopetegui se quedó como asesor de Macri y mantuvo casi las mismas atribuciones que había tenido hasta entonces, incluidas su relación con los laboratorios. Volvió a ser él, entonces, quien días después convenció al Presidente de doblar la apuesta: no solo no debían ceder a lo que consideraban una presión para aceptar subas de precios, sino que, además, era necesario cambiar de raíz y para siempre el modo en que el PAMI compra desde hace 20 años.

"Estamos en condiciones de empezar una nueva etapa", le aconsejó al Presidente. Fue una jugada fuerte que recibió, horas después, un aval telefónico de Elisa Carrió. "Cuando yo tenía ocho años, Illia me contó que a él lo voltearon los laboratorios", lo alentó ella. A la diputada la terminaron de envalentonar los protagonistas del conflicto. La semana pasada, ante las cámaras de TN, hizo una alusión a Alberto Álvarez Saavedra, miembro de la conducción de la Unión Industrial Argentina y directivo de laboratorios Gador: "El vicepresidente de la UIA, que es el dueño de Alplax, en el peor día, ese en el que se iban los dólares, esa semana horrible en Olivos, vino el jueves a la noche a la cámara de los laboratorios y dijo: 'Ahora les rescindimos el contrato y los dejamos sin medicamentos a los del PAMI', porque habíamos bajado el precio. ¿Entienden que era un golpe? Esa rescisión se hizo el viernes. Y por eso fueron por Quintana y yo los voy a denunciar por atentado al orden democrático y no voy a parar. Porque está en juego la república. Quintana era la persona más inteligente que tenía el Gobierno".

Es el modo en que el Gobierno entendió la discusión y los términos en que pretende cambiar las reglas. El viejo convenio, que se firmó en 1997 durante la gestión de Víctor Alderete, obligaba al PAMI a tratar estas cuestiones con ACE-PAMI, una entidad que nuclea a Cilfa (laboratorios nacionales grandes), a Cooperala (nacionales pymes) y a Caeme (extranjeros). El contraataque empezó a llegar el viernes de la semana pasada en forma de cartas documento a las 180 empresas nacionales. El texto, firmado por Cassinotti, le comunica que acepta rescindir el convenio y eliminar el tope de actualización de precios (propone pasar de reconocer el 70 al 100% de inflación), pero agrega que, a cambio, empezará a negociar con cada laboratorio, por fuera de las cámaras. Este último punto es, además del meollo de la controversia, un viejo anhelo del Gobierno, que veía en el acuerdo de Alderete la capitulación del PAMI a su condición de principal cliente de la industria (compra casi 40% los medicamentos del país). Dicho en léxico macrista: un ejemplo de la Argentina corporativa. La nueva normativa excluirá por ahora los laboratorios extranjeros que no propusieron la rescisión, a los que se les respetarán las condiciones y se les reconocerá el 100% de inflación hasta el vencimiento del contrato, el 31 de marzo.

Para Macri tampoco es una pelea inocente. No solo por la naturaleza del sector, sino porque algunos de estos empresarios aportaron fondos para su campaña en 2015. "Nos cortaron el diálogo", dijeron a LA NACION en una cámara, donde proyectan que las nuevas condiciones provoquen mayor concentración porque solo sobrevivirán los que puedan soportarlas. Con Lopetegui discutieron en privado: lo acusaron de estar trabajando para destruir la industria nacional.

Es difícil que alguno retroceda. El Gobierno ya anticipó que empezará a controlar que los médicos cumplan con un artículo de una ley de 2002 que hoy se saltean: deben consignar en las recetas el nombre genérico de la droga y, solo si es necesario, acompañado de una firma y una explicación, la marca. Se modificará entonces el sistema de formularios del PAMI y se obligará a los profesionales a agregar siempre el nombre de competidores más baratos. Se prevé además excluir del convenio a Farmalink, una sociedad que crearon los laboratorios y que se encarga de validar las transacciones que se hacen a través de la obra social.

Un cambio de fondo surgido a partir de un fin de semana negro. Todo el ajuste de Macri es en realidad hijo de esas horas traumáticas.

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