Actuar antes de que sea tarde

El narcotráfico representa hoy el mayor desafío en materia de seguridad en la región y se afianza cuando decae la calidad institucional
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6 de octubre de 2018  

Abordar el problema del narcotráfico y el del consumo de drogas prohibidas es ocuparse de las dos caras de una misma moneda que hoy erosiona el tejido social e institucional de toda América Latina.

El tráfico ilícito de drogas plantea hoy un enorme desafío regional de graves consecuencias para el núcleo familiar, la calidad de vida, la seguridad, el crecimiento económico, la salud y la educación de millones de personas. Frente a este gigantesco negocio ilegal, cualquier política que pretenda ser eficaz debe erosionar los pilares que lo sostienen, en particular la oferta, la demanda y el lavado de dinero generado.

Con edades de inicio en el consumo cada vez más bajas, es vital fortalecer programas de educación destinados tanto a los alumnos como a sus padres o tutores. En materia de salud, resulta de igual importancia contar con suficientes plazas para atender casos problemáticos y eventualmente internaciones, no solo en lugares especializados en la materia, sino en la totalidad de los nosocomios.

Los mapas que habitualmente publica las Naciones Unidas ya no muestran a la Argentina como punto de partida relevante de salida de cocaína hacia Europa. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, algunas zonas del país siguen sujetas a la violencia narco.

Ocuparse seriamente de combatir la demanda es clave para lograr resultados a mediano y largo plazo. En nuestro país, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el consumo de cocaína y de marihuana se duplicó entre 2010 y 2017, asociado con una percepción extendida sobre el bajo riesgo de consumir sustancias ilegales.

La violencia narco se manifiesta en su fase territorial, en los barrios donde los mercaderes de la droga se asientan y el Estado está ausente. Este es el fenómeno que se puede observar en algunas zonas del Gran Buenos Aires y en Rosario. Recordemos que el narcotráfico incluso ya ha financiado campañas electorales como la de Mameluco Villalba en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Este contexto demuestra que el narcotráfico intenta e intentará siempre corromper e infiltrar el Estado, y que para ello resulta vital que la Justicia actúe con eficacia y celeridad, ya que de sus acciones depende que el ciudadano perciba que quien actúa por fuera de la ley enfrentará consecuencias acordes con su accionar.

El narcotráfico representa hoy el mayor desafío en materia de seguridad para la región. Allí donde la calidad institucional decae, aquel se ha instalado. Por eso hoy nuestro país constituye, por la mejora que indican sus estadísticas en materia de lucha contra el narcotráfico, una excepcionalidad entre los países más grandes de la región. Sin embargo, vale advertir que, para conseguir resultados a mediano y largo plazo, se requiere llevar adelante una política integral que incluya una clara estrategia de reducción de la demanda, especialmente desde el área educativa y mediante programas extendidos para recuperar adictos en el área de salud. El Congreso debe asumir con responsabilidad el impacto efectivo que tienen algunos debates en materia de consumo de drogas. Igual de importante es que el Poder Judicial acompañe este esfuerzo con mayor celeridad y eficacia.

Actualmente, en nuestro país, solo un muy exiguo 2 por ciento de las causas de drogas arriba a una sentencia, que en el 76,7 por ciento de los casos es condenatoria. El 30 por ciento de las condenas es por tenencia con fines de comercio y el 28,27 por ciento por el transporte, mientras que el 8,84 es por contrabando.

El problema de la droga no puede plantearse por compartimientos estancos. Una política eficaz no solo requiere de los imprescindibles operativos para incautar droga. Hablamos de la necesidad de diseñar una política integral que opere simultáneamente para limitar y disminuir la demanda, con campañas desde el área educativa, con programas extendidos para recuperar adictos desde el área de salud, con una acción eficaz en materia de seguridad pública para actuar específicamente contra el narcotráfico y, desde el área judicial, para volver eficaz a la Justicia Federal, instrumentando una coordinación efectiva y en tiempos razonables con la Justicia provincial. La Sedronar, además de llevar adelante la tarea de coordinación, debe proponer una política de intensiva concientización que alerte y esclarezca.

Este enorme negocio criminal no da tregua y, por lo tanto, requiere ser atacado con igual intensidad desde el aspecto de la oferta como también de la demanda, mediante políticas integrales que concienticen a la totalidad de la sociedad sobre los peligros a los que esta situación nos enfrenta. Debemos hacerlo rápidamente y con los recursos que la situación impone, antes de que este cáncer haga metástasis y sea demasiado tarde.

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