Llevan a la CIDH un planteo por los militares detenidos

En una reunión de trabajo se pidió analizar las condiciones de encierro. Foto ilustrativa
En una reunión de trabajo se pidió analizar las condiciones de encierro. Foto ilustrativa
Rafael Mathus Ruiz
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6 de octubre de 2018  

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió, por primera vez, a representantes de militares de edad avanzada que fueron condenados por la Justicia por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y se encuentran en prisión. Habían solicitado ser recibidos para discutir sus condiciones de encarcelamiento en el marco de la convocatoria pública para el 169º período de sesiones del organismo.

La CIDH, que ya había recibido en varias ocasiones este pedido, decidió ahora escuchar a directivos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y Puentes para la Legalidad para una "reunión de trabajo", privada, y no bajo el formato formal de una audiencia pública para discutir la situación de los militares que se encuentran en prisión.

La reunión de trabajo, que se realizó en Boulder, en Colorado, constituyó el primer planteo del tema frente a la Comisión, el principal organismo regional para discutir temas de derechos humanos. En la CIDH indicaron que ello no marcó un cambio de política. La Comisión suele recibir centenares de solicitudes para cada período de sesiones y, normalmente, otorga encuentros a un porcentaje bajo de esos pedidos. Pero la CIDH consideró que, luego de varios años de pedidos reiterados, y considerando las pocas solicitudes que habían llegado para la Argentina, simplemente "hubo espacio para atenderlos".

A diferencias de las audiencias públicas, la reunión de trabajo no tiene un efecto resolutivo, político, ni implica un prejuzgamiento sobre alguna posición. El encuentro fue privado y "confidencial", insistieron en el organismo.

La delegación de Abogados por la Justicia y la Concordia estuvo integrada por Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, acompañados por Verónica Schaller y Aníbal Guevara, de Puentes para la Legalidad. Por el Estado argentino concurrieron la embajadora ante la OEA, Paula Bertol; Ramiro Badía, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos, y Agustina Durruty, del Ministerio de Justicia.

"Concurrimos a cada audiencia que la CIDH nos convoca. Es una característica de esta gestión. Y así lo hicimos también en esta oportunidad", indicaron fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos. El Gobierno reafirmó la continuidad del programa Memoria, Verdad y Justicia, expuso los "esfuerzos" para adecuar las prisiones a las necesidades generadas por el aumento de la población penitenciaria y las "malas condiciones edilicias".

Los enviados de las organizaciones presentaron una "exposición" sobre la "denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo", junto con estadísticas sobre "el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes" y un video que, según las organizaciones, revela la "inhumanidad" de las personas encarceladas. En el Gobierno indicaron que no aceptan "violaciones de derechos de cualquier sector de la población carcelaria, más allá de las dificultades que enfrenta el sistema, las cuales estamos abocados a su resolución".

Por la CIDH estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Paulo Abrao; los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva, relator para la Argentina; Joel Hernández García, jefe de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta, entre otros funcionarios.

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