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Recomendaciones para cumplir mejor con la ley de reponsabilidad penal empresaria

Un nuevo documento de la Oficina Anticorrupción publicado en el Boletín Oficial detalla cuáles son las buenas prácticas relacionadas con compliance
Paula Urien
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7 de octubre de 2018  

Un extenso documento publicado hoy en el Boletín Oficial provee los "Lineaminetos de integridad" para cumplir con le nueva "Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" (N°27.401), comúnmente llamada ley de responsabilidad penal empresaria.

Una parte muy importante de esta ley, cuya pena máxima en caso de incumplimiento puede implicar la quita de la personería jurídica a una empresa (en caso de que la empresa hubiera sido creada para delinquir), es que si la empresa tiene implementado un Programa de Integridad, o de compliance, puede ser eximida de la pena, siempre y cuando se haya autodenunciado, colabore con la investigación, devuelva el dinero mal habido y demuestre que tenía un programa bien implementado pero que, a pesar de ello, hubo un hecho de corrupción.

El artículo 22 de la ley define que un programa de integridad consiste en "el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley".

En el 23, dice que debe contener al menos los siguientes elementos:

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.

También podrá contener:

I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;

II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;

III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;

IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;

V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta;

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;

VII. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad, entre otras.

Algunas de las nuevas recomendaciones de la Oficina Anticorrupción, sobre el Programa de Integridad, en base a la ley, son:

  • Se tiene que desarrollar un Programa de Integridad (que no es obligatorio pero que conviene tenerlo porque funciona como atenuante) que pueda ser explicado, en caso de que haya que presentarlo a las autoridades.
  • Tiene que adecuarse al tipo de organización y robustecerse en caso de si la empresa tiene más riesgos de ser corrupta: negocios frecuentes con organismos o empresas de propiedad estatal nacionales o extranjeras; interacción con funcionarios públicos; realización frecuente de transacciones de riesgo como pagos en efectivo, entre otras.
  • No se tendrá el mismo nivel de exigencia relacionada con el programa para las pymes

Top management: debe involucrarse "con un apoyo visible e inequívoco".

  • Código de ética: muy completo, que estipule la prohibición del pago de sobornos o de "facilitación"; reglas con respecto al lobby y financiamiento de campañas; reglas sobre obsequios, hospitalidades y gastos; conflictos de interés; reglas de aceptación de la diversidad y no discriminación, entre otras.

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