Denunciaron al último ministro de Educación de Carlos Menem

Las acusaciones alcanzan a un ex subsecretario y al encuestador Hugo Haime
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22 de junio de 2000  

El Gobierno denunció ayer a Manuel García Solá, el último ministro de Educación de la gestión de Carlos Menem, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, que habría realizado mientras formaba parte del gabinete nacional.

Según la denuncia, hecha mediante la Oficina Anticorrupción, el ex ministro habría contratado en forma irregular al encuestador Hugo Haime para realizar diversos sondeos de opinión para el Ministerio de Educación.

Por ello, además de García Solá fue denunciado Haime y el ex subsecretario de Administración del Ministerio de Educación Jorge Fortes.

La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo del juez Gabriel Cavallo y pone bajo sospecha la gestión de García Solá no sólo como ministro, sino también como secretario de Programación y Evaluación Educativa, cargo que desempeñó desde el 9 de abril de 1996 hasta el 7 de mayo de 1999, cuando asumió como ministro hasta el 10 de diciembre último.

"Se celebraron cinco contratos con Haime para realizar encuestas con diferentes objetos", cuyo costo supera los 800.000 pesos, se aseveró en la denuncia."Esos contratos, salvo el primero, se celebraron bajo un régimen especial de contratación de personal especializado y se violaron varias disposiciones contenidas en dicho régimen", aseguraron, por su parte, fuentes judiciales.

La presentación judicial fue redactada por el director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, quien aseguró que existen evidencias para acreditar que hubo funcionarios del Ministerio de Educación, durante los últimos meses de la administración de Menem, que "actuaron beneficiando un interés privado, el de la consultora Haime, y violando entonces su deber de actuar en exclusivo interés de la administración pública".

Medio millón

Lo cierto es que García Solá, mientras fue secretario de Programación y Evaluación Educativa, firmó la resolución 289, mediante la cual destinó 250.000 pesos para la realización de una encuesta destinada a medir la opinión pública sobre las acciones que llevaba a cabo, en ese entonces, el Ministerio de Educación, en el contexto de la ley federal de educación.

"En la resolución se invocan increíblemente razones de emergencia", se destacó en el texto de la denuncia, en el que se destacó que "la adjudicación del contrato en favor de MP-Marketing y Planeamiento Hugo Haime y Asociados se decidió por la resolución 343, suscripta por Fortes, por la suma de 225.600 pesos".

Las irregularidades denunciadas son más que las sumas pagadas por una encuesta. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción aseguró, además, que "en el expediente (de dicha encuesta) no existe copia del contrato con Haime ni ninguna constancia de recepción de la encuesta encomendada, ni tampoco certificación por parte de la administración en relación a los trabajos que se hubieran presentado".

El director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción detalló además otras supuestas irregularidades, como una resolución de 1998 para encomendar a Haime, Alfredo Santos y Sandra Albertocco la realización de un "anteproyecto para la evaluación de las demandas de la población en relación con la educación", que costó 217.800 pesos y que, sin embargo, no quedó constancia de la tarea en la cartera de Educación.

Se hizo referencia a otra resolución para autorizar otro contrato con Haime por 60.500 pesos y otra contratación similar, en marzo del año último, por 180.000 pesos, para volver a evaluar las demandas de la población, como en todos los contratos anteriores.

Ya como ministro García Solá volvió a contratar a Haime, Albertocco y Marina Hondeville, por 166.980 pesos, para un estudio de campo sobre políticas universitarias.

La Oficina Anticorrupción ya efectuó varias denuncias contra miembros del gobierno precedente: Víctor Alderete, hoy detenido; la ex secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable María Julia Alsogaray; la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello y el ex interventor de la ex ATC Gerardo Sofovich son algunos ejemplos.

Niegan acusaciones

"Desmiento y rechazo categóricamente por falsas, antojadizas y absolutamente carentes de fundamentos fáctico y jurídico las imputaciones", dijo el ex ministro de Educación Manuel García Solá.

Pero el ex funcionario atribuyó la denuncia a "un cable periodístico del día de la fecha (por ayer) en el que se me atribuye haber realizado negociaciones incompatibles con la función pública", cuando en realidad la denuncia fue realizada por el Gobierno, mediante la Oficina Anticorrupción (de lo que se informa aparte).

Ante una consulta de La Nación , el ex funcionario de la gestión de Carlos Menem se defendió con un breve escrito, enviado por fax. "Durante mi gestión al frente del Ministerio de Educación se le encomendó al estudio Hugo Haime y Asociados, en el marco de la legislación vigente, decreto 92/95 de Locación de Obra y Servicios, la realización de encuestas de valuación de la política de las universidades que se llevaron a cabo y fueron publicadas en matutinos de la ciudad de Buenos Aires del 30 de octubre de 1999, y presentadas en un seminario sobre la nueva reforma universitaria que el Ministerio a mi cargo a través de la Secretaría de Políticas Universitarias había convocado", explicó.

Luego de asegurar que jamás fue convocado por el actual gobierno para "dar explicaciones de ninguna índole", dijo que ya instruyó a sus abogados para iniciar acciones legales al respecto.

En tanto Hugo Haime, el encuestador acusado, negó haber cobrado sobreprecios y dijo que tiene "constancias" de todos los trabajos que hizo para el Ministerio de Educación. Haime aseguró que se presentó ante las nuevas autoridades del ministerio y que jamás lo consultaron sobre trabajos faltantes.

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