Prueban la apropiación de chicos durante el franquismo, pero no habrá condena

Inés Madrigal llevó su caso a la Justicia, que probó su apropiación aunque no logró una condena ya que el delito proscribió
Inés Madrigal llevó su caso a la Justicia, que probó su apropiación aunque no logró una condena ya que el delito proscribió Fuente: AFP
Silvia Pisani
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8 de octubre de 2018  • 15:20

MADRID.- Hubo indignación en los tribunales españoles. Por primera vez, la Justicia pudo probar el robo de niños durante el franquismo así como la responsabilidad de un ginecólogo que hoy tiene 85 años, pero que fue exonerado por prescripción del delito.

"No hay nada que podamos hacer. El delito ha prescripto", dijeron las tres magistradas integrantes del tribunal que falló en ese sentido.

Aún con el sabor "agridulce" del desenlace, se trata de un fallo histórico. Es la primera vez que la justicia española pudo probar la existencia de robos de bebés durante el gobierno del fallecido dictador Francisco Franco, en las cuatro décadas comprendidas entre 1936 y 1975.

Se sospecha que los casos similares se cuentan por miles y que superarían en cantidad a los registrados durante el gobierno militar en nuestro país.

"Me quedo con lo positivo, que es el reconocimiento que hizo el tribunal de que hubo delito y que este ginecólogo fue culpable", dijo la promotora de la causa, una mujer de 49 años llamada Inés Madrigal.

El comienzo

Todo empezó porque, hace años y antes de morir, su madre le confesó que, en realidad, ella no era su hija biológica y le reveló lo ocurrido.

Así supo que, en 1969, había llegado al mundo en la ya desaparecida clínica San Ramón, de esta ciudad, donde un ginecólogo, de nombre Eduardo Vela, la entregó a quien fue su madre adoptiva.

En medio hubo una serie de puestas en escena y falsedades. Para empezar, un certificado de nacimiento por un parto que nunca experimentó la madre adoptiva, a quien el doctor Vela adiestró, además, para que -durante nueve meses- fuera fingiendo los síntomas de embarazo. Incluido el aumento de peso.

"No me acuerdo, no me pregunte eso", fueron algunas de las expresiones con las que el ginecólogo intentó eludir su responsabilidad durante el proceso.

Al final, los hechos se terminaron comprobando con el aporte de documentación adicional y las evidencias de confesiones que, previamente, el médico había hecho en privado.

A pesar de todo eso, el tribunal falló que el ginecólogo Vela no puede ser penalizado porque Madrigal inició la demanda en 2012, más de una década después de la prescripción del delito más grave de todos los computados.

Apelación

"Pelearemos ante el Tribunal Supremo. Pero aún si esto queda sin condena, igual hemos hecho Justicia", dijo Madrigal.

La expectativa es que el caso sirva para reabrir los expedientes de entre 2000 y 3000 personas que, sospechan, podrían ser producto de una experiencia similar.

Ahora se sabe que durante esa etapa de la historia española, el régimen permitió una campaña para que los hijos de padres republicanos -los derrotados en la Guerra Civil- o de adversarios políticos o, también, de familias muy humildes, fueran arrebatados a sus padres y entregados a parejas de mejor posición social que no pudieran procrear.

En esos casos, como el de Madrigal, a la familia biológica se le informaba que el niño había muerto durante el parto. Vela fue director de la clínica donde ocurrió, al menos, el caso de la promotora del juicio, aunque se sospecha que allí ocurrieron muchos más.

"Yo pensé que la palabra "proscripción" se borraría para una situación como esta", dijo la demandante.

En su caso, no pudo abrir demanda antes porque sólo se enteró de los pormenores hacia 2010, gracias a la confesión de su madre adoptiva, enferma ya de un mal terminal. Para que el caso pudiera prosperar, la madre adoptiva aceptó incluso inculparse ante los tribunales.

Las pruebas de ADN confirmaron la historia. Pero nunca se encontró a los padres biológicos de Madrigal. "Estoy contenta porque la juezas reconocen que hubo robo, que me arrebataron a mi madre. Pero no pensaba que se iba a detener en la prescripción", dijo.

"El tribunal tenía que haber sido más valiente", agregó.

España sólo comenzó a investigar los casos de "bebés robados" hace una década, cuando el exjuez Baltasar Garzón abrió una investigación sobre los más de 30.000 chicos que estaban bajo cuidado del régimen.

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