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Narcopolítica: allanan el municipio de Paraná por la causa contra el intendente

"Estamos tranquilos porque no tenemos nada que ver con lo que se investiga", dijo el intendente Varisco
"Estamos tranquilos porque no tenemos nada que ver con lo que se investiga", dijo el intendente Varisco Fuente: Archivo
Germán de los Santos
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9 de octubre de 2018  • 11:55

Otro allanamiento se produjo hoy en la Municipalidad de Paraná, que sigue al mando del intendente de Cambiemos Sergio Variscopese a estar procesado por narcotráfico desde el 18 de junio pasado.

Ese operativo fue ordenado por el juez federal Leandro Ríos, que está a cargo de la causa en la que también fue procesado Daniel Celis, supuesto proveedor de estupefacientes.

La División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina busca en las oficinas de la intendencia expedientes administrativos que estarían relacionados con el pago de publicidad a personas insolventes, que no están registradas en la AFIP.

El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, confirmó al portal de noticias Ahora que de acuerdo con la lectura del oficio judicial "son (expedientes) relacionados con el tema publicidad" en el marco de la causa por narcotráfico, en una investigación cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal el 23 de agosto pasado.

Los datos que surjan de este nuevo allanamiento serán cotejados con un informe contable que realizó la Policía Federal. En ese trabajo fueron detectados algunos puntos grises de las finanzas del municipio que podrían estar relacionados con el pago al proveedor de estupefacientes Tavi Celis.

Esos expedientes, según explicaron fuentes judiciales a LA NACIÓN, "no se pueden pedir por otro tipo de oficio ante el riesgo de que sean adulterados; lo que se busca probar es el peculado".

El anterior allanamiento que se realizó en el municipio de Paraná fue el 28 de setiembre pasado luego de que el juez Ríos y el periodista Daniel Enz denunciaran amenazas vinculadas a esta investigación.

La Policía Federal secuestró los teléfonos de Varisco y de su hija Lucía, que es su secretaria privada en el municipio. Después se conoció que las amenazas habrían salido de un teléfono registrado a nombre de Griselda Bordeira, quien está procesada y con prisión preventiva en esta causa. Esta mujer, que era la exsubsecretaria de Seguridad del municipio y que recientemente trabajaba en el área de prensa de Servicios Públicos del municipio, negó haber realizado las amenazas.

En la causa que investiga el juez Ríos se determinó que Varisco tenía un acuerdo político con Celis, a través de una organización con llegada a los barrios que dominaba el narco: el Movimiento Vecinal Oeste. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2011, ese pacto se fortaleció de cara a las elecciones de 2015.

El esquema de funcionamiento de la política y su relación con el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016. "Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades político electorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes", señala la causa luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, quien fue procesado por narcotráfico el 3 de julio de 2016.

La afirmación del juez Ríos se basó en un cuaderno que fue encontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestraron 3,4 kilos de cocaína. En ese cuaderno figura la anotación con fecha 28 de abril de 2018 de un viaje para abastecerse de cocaína y se "hace alusión a los 40.000 pesos que le entregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad de Paraná". A estos apuntes se suman una escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp que fueron obtenidos por la Policía Federal tras allanar la celda de Tavi en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En esas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celis y su pareja, quedaría probado el acuerdo político que Varisco tenía con este dirigente narco. Pero en las anotaciones, según el expediente, esa relación fue más amplia e incluyó el involucramiento del intendente y funcionarios y concejales del municipio en la comercialización de cocaína. El magistrado señala que "el pacto político (entre Varisco y Celis) de 2015 y 2017 se transformó en un acuerdo comercial ilícito".

Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y mensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que fue secuestrado el 6 de setiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal Hernández "su fastidio" por la falta de "ayuda" del intendente. Y lo presionó con una posible entrevista en un canal porteño, donde contaría la trama criminal. Esa amenaza pareció funcionar. Su pareja le escribió desde la sede de la Municipalidad. "El 5 de setiembre de 2017 se pudo corroborar que Celis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por la suma de 50.000 pesos por mes", señaló el escrito judicial. "Por fin una buena. Arreglé con el intendente", escribió por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está en prisión.

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