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Justicia: no son episodios, sino síntomas

Marcelo Gobbi
Marcelo Gobbi PARA LA NACION
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10 de octubre de 2018  • 15:18

La chapuza que cometió la Cámara Federal de Mendoza cuando designó en la posición más relevante después de la de los jueces a la novia del exvicepresidente Cobos, cuyo título de abogada tenía aún la tinta fresca, y la absolución del expresidente Menem con fundamento en el derecho de rango constitucional a ser juzgado en un plazo razonable no deben ser vistos como simples episodios, sino como síntomas. El propio sistema confiesa, en un caso, su disposición a demoler cualquier atisbo de meritocracia y, en el otro, que no ha sido capaz de hacer durante casi un cuarto de siglo aquello para lo que existe, que es juzgar y no otra cosa.

No hay efecto sin causa. Somos una sociedad que, simplemente, no se ha tomado en serio el asunto.

En toda reunión de amigos, cualquiera sea el nivel sociocultural de los que allí se reúnan, hay un reclamo respecto de la Justicia, y no solamente de los tribunales federales en lo penal (los problemas de familia, de trabajo, de vecindad, de negocios de todos nosotros no pasan por la calle Comodoro Py). Pero no parecen haberse hecho eco de ese reclamo los políticos, que nombran a los jueces y los vigilan mediante ese caballo de Troya llamado Consejo de la Magistratura que lograron meter en la Justicia, no sólo a la hora de los nombramientos sino siempre.

El tema no es relevante para la dirigencia. Ningún partido puede identificarse como el que propone meter la cuchara a fondo y ponerle un cascabel a ese gato o, si no tiene la fuerza política para hacerlo, por lo menos dejar en evidencia a quienes lo impiden. El Ministerio de Justicia propuso un plan de reformas bastante bueno, algo infrecuente, pero ha carecido del impulso político que necesitaba.

Endogamia

Las iniciativas de reforma para que la Justicia arregle sus problemas de solidez institucional y de eficiencia operativa que parten de los propios actores del sistema generan muchísimos paneles, seminarios, mesas redondas y cosas así, donde sólo conversan los "oferentes" (los jueces, los abogados y los trabajadores judiciales), pero no los "demandantes" de este servicio monopólico. No extraña, entonces, que las propuestas de cambio sean tan modestas.

Un ejemplo de esa endogamia es el tema, por cierto secundario, de cómo organizar mejor el calendario y los horarios de trabajo de los tribunales. La discusión es sobre los derechos de los empleados judiciales y sobre cómo afectaría un cambio a la tarea de los abogados. Nunca he visto reflejado el punto de vista de los que pagan el salario de los empleados judiciales y los honorarios de los abogados.

Es más difícil reformar algo desde afuera y por la fuerza (naturalmente, me refiero a la fuerza de las leyes) que a partir de iniciativas propias. Difícilmente la Justicia mejore sin un fuerte liderazgo transformador de sus propios integrantes que supere un rol puramente gremial.

La asociación que agrupa a los jueces está litigando para que no paguen impuesto a las ganancias los que sean nombrados en el futuro si han ingresado en el Poder Judicial antes de 2017, aunque fuera como empleados rasos, ello merced a la original teoría de que no hay que desbaratar las expectativas que alguien se hizo cuando aceptó un trabajo (algo que los propios jueces niegan a los particulares cuando resuelven con el clisé de que nadie tiene derecho al mantenimiento de un régimen).

A fin de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció que ejecutaría un plan que llamó nada menos que de "transformación" del Poder Judicial. Debo suponer que la Corte, que trabaja con palabras, las usa con precisión: cualquiera sabe la diferencia entre mejorar y transformar. Siete meses después del anuncio nadie conoce la naturaleza, el contenido ni el grado de avance de ese plan. Lo más serio en tanto síntoma social es que ningún dirigente político, profesional, empresario ni sindical haya hecho una pregunta al respecto.

La Corte había dicho que se proponía transformar. Jueces y empleados mandaron sus sugerencias a la Corte. Dos tercios de las sugerencias de los jueces son pedidos de leyes o de recursos a los otros poderes. El sindicato de empleados judiciales presentó una lista de cinco reclamos de naturaleza principalmente gremial a la que agregó la pintoresca sugerencia de abrir un juzgado en la Antártida como un acto de soberanía (aunque según el Tratado Antártico jamás servirá para eso).

Por buenas que sean las leyes, ninguna institución es mejor que las personas que la hacen funcionar. En estos días, el senado norteamericano confirmó al candidato de Trump para la Corte, Brett Kavanaugh. Los senadores, después de haber estudiado profundamente cuestiones jurídicas difíciles de entender hasta para los juristas, lo interrogaron sobre cada detalle de las posiciones que ha asumido como juez y en su paso por la academia. La oposición pidió que el FBI abriera una investigación para saber si, cuando era un adolescente, Kavanaugh intentó atacar sexualmente a una compañera cuando se emborrachó en una fiesta. Seguramente hubo intenciones partidistas (se trata de un conservador y los demócratas temen, entre muchas otras cosas, que su presencia en la Corte sea decisiva para cambiar la doctrina de Roe v. Wade y restringir el derecho a abortar). Del otro lado del espectro, entre nosotros y bajo una constitución casi idéntica, nuestra Corte Suprema fue presidida por quien había sido socio de los hermanos Menem en un estudio jurídico de la Rioja y la presidenta Fernández de Kirchner intentó nombrar a un profesor de 36 años que jamás había pasado por un tribunal ni ejercido la profesión y que puso en su currículum que había trabajado como asesor de un colegio de abogados, aunque se había anotado para una pasantía de verano para estudiantes que no llegó a ocupar. Hay que ser demasiado ingenuo para pensar que eso obedece sólo a la torpeza.

Las transformaciones se deciden, se planifican y se ejecutan por la visión de líderes que son capaces de inspirar y encolumnar al resto, de motivar a los que tienen que gestionar el cambio, de hacer que las cosas pasen. De lo contrario todo ocurre a los manotazos, como ocurrió con las leyes que el Congreso dictó después de que el señor Blumberg llenaba plazas, alguna de las cuales debió ser declarada inconstitucional porque era un estropicio.

Sólo un reclamo generalizado, republicano, pacífico pero incesante, moverá algo. Hay que levantar la cabeza y pensar en cimientos, no en revestimientos. Sería bueno dejar por un momento de pensar en la medida de esta mañana sobre el dólar o las tasas de interés y recordar que ningún otro problema de los que tenemos impacta sobre tantos campos: no vamos a vivir en un país más seguro ni más próspero, no vamos a eliminar esa desgracia que es la justicia por mano propia, no vamos a atraer inversiones ni hay manera de pensar en un combate de verdad a la corrupción sin una justicia independiente y eficiente al servicio del ciudadano.

El autor es abogado

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