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Un fallo que condena a la desidia, la corrupción y el desprecio a los usuarios

Diego Cabot
Diego Cabot LA NACION
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10 de octubre de 2018  • 15:49

Fue en septiembre de 2011, pocos meses antes de que la tragedia se incruste en un andén de Once, cuando una formación arrolló un colectivo en Flores. "Sólo es cuestión de sentarse a esperar que los accidentes se sucedan. Sólo eso. El tiempo, las causalidades, los errores humanos o las fallas mecánicas pondrán el condimento que falta para desatar las tragedias en los trenes y mostrar con palmaria crudeza el lamentable estado de la infraestructura ferroviaria", escribió este cronista cinco meses antes del accidente que costó la vida de 51 argentinos.

Finalmente, sucedió y fue en Once pero podría haber sido en gran parte de la red ferroviaria que entonces estaba destruida.

La gestión de Julio De Vido, secundado hasta entonces por dos secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, terminó como varios preveían. La muerte para algunos inocentes que tomaron el tren esa mañana para ir a trabajar, y la cárcel para otros que prefirieron hacer dinero a costa del ferrocarril con la creación de una cadena de felicidad que terminó manchada de sangre.

Dentro de ese mundo se cocinaron negocios llenos de ceros, tantos como jamás ninguno de los fallecidos en los vagones aplastados verá en su vida. Prefirieron que esa sea la prioridad. Populismo ferroviario en vez de política ferroviaria.

Hicieron de todo. Anunciaron un tren bala varias veces y hasta pagaron millones de dólares a las empresas que ganaron una licitación que jamás se iba a ejecutar y armaron actos con trenes que nunca iban a correr.

Una anécdota muestra la relación electoral entre el ferrocarril y el kirchnerismo. Cierta vez, le pidieron un tren a Trenes de Buenos Aires cuyo titular, Claudio Cirigliano, también está detenido por esta causa. Esa vez, en plena campaña de 2009, el gobernador y candidato testimonial, Daniel Scioli, y Néstor Kirchner querían inaugurar un tren para la campaña. El 18 de junio de 2009, una formación partió temprano desde Buenos Aires. Durmió en las vías de la estación de Lincoln, en las pampas bonaerenses. Por la mañana, le enfundaron la locomotora con una bandera celeste y blanca. Todo era euforia. Scioli llegó en helicóptero y, videoconferencia mediante, se comunicó con la presidenta Cristina Kirchner, que estaba en Salta, para inaugurar cinco ramales ferroviarios que les pondrían música de ruedas de acero a rieles silenciosos. El tren estaba quieto; el acto terminó y Scioli se fue. Por la noche, la formación, que había sido sacada del servicio por Trenes de Buenos Aires (TBA), se dispuso a regresar a los rieles porteños. Ni los pataleos del intendente de Lincoln, Jorge Fernández, un kirchnerista de la primera hora, para que el tren no se fuera, ni la ilusión de los 18 pueblos que iban a estar comunicados pudieron torcer el brazo. El maquinista puso marcha hacia Buenos Aires, el tren pitó y el ramal recién inaugurado quedó desierto.

La historia sirve para ilustrar aquella puesta en escena que terminó en muerte. Mientras De Vido escuchaba su sentencia, otro de los condenados, Jaime, se quejaba en la cárcel. El exfuncionario está inquieto por la causa de los cuadernos. Allí, dos empresarios de los trenes, Aldo Roggio y Gabriel Romero, concesionarios de los ramales Urquiza y Belgrano Norte, confesaron que devolvían el 5% de los subsidios. Jaime dice que no es verdad, que se devolvía una porción mucho mayor. "No puede ser que mientan tan descaradamente", se quejaba el cordobés por el magro porcentaje que dicen, el recolectaba.

La expresidenta Cristina Kirchner, cinco años después de haber llegado a la presidencia y empujada por la tragedia y el llanto de los familiares, dio su veredicto. En 2012, le sacó todo el manejo de los transportes a De Vido y se lo entregó a Florencio Randazzo.

El planeta ferroviario que construyó Néstor Kirchner a través de De Vido y Jame y continuó su sucesora con el cambio de Schiavi por el cordobés, paga ahora la factura por lo que hizo, o por lo que dejó de hacer. El exministro, y los dos secretarios de Transportes están condenados, al igual que el dueño del ramal de lo que fue la concesión del tren Sarmiento y Mitre, Claudio Cirigliano. Los otros tres empresarios que explotaban ferrocarriles (Roggio, Romero y Tasselli) están imputados como miembros de una asociación ilícita y embargados por 100 millones de dólares cada uno por haber pagado retornos de los subsidios que recibían.

Se podrá discutir el monto de la pena, eso siempre pasa en una cuantificación subjetiva. Pero lo que sucedió es mucho más importante. La Justicia condenó la desidia, la corrupción y el desprecio a los usuarios. Al fin y al cabo, falló contra las causas que generaron la tragedia.

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