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Escándalo en la Justicia de Mendoza por un magistrado que acordó cobrar 4,5 millones por un accidente laboral

En 2017, Antonio Sánchez Rey tuvo un accidente en su mano en el estacionamiento en los tribunales
En 2017, Antonio Sánchez Rey tuvo un accidente en su mano en el estacionamiento en los tribunales Crédito: Gentileza Diario Los Andes
Pablo Mannino
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11 de octubre de 2018  • 12:50

MENDOZA.- La Justicia provincial está envuelta en un nuevo escándalo. Un sorprendente acuerdo millonario de un magistrado con una ART hizo sonar las alarmas, por lo que se inició una investigación puertas adentro de tribunales para dilucidar qué fue lo que ocurrió e intentar desactivarlo.

El juez Antonio Sánchez Rey, de 76 años, de la Quinta Cámara Laboral, tuvo un accidente en uno de sus brazos en mayo del 2017 en los tribunales locales por lo que inició una demanda que está ahora bajo la mira judicial: un convenio por 4,5 millones de pesos.

Curiosamente, el pacto en cuestión recayó en el propio juzgado de Sánchez Rey, aunque tras destaparse el caso, la Corte logró que pasara a la Sexta Cámara del Crimen para que sea analizado por nuevos magistrados.

De esta manera, el polémico acuerdo no deberá ser homologado por los compañeros del juez denunciante, Jorge Rolando Consolini y Viviana Gil, quienes por su parte, aunque no se apartaron, habían pedido con anterioridad la opinión de la Fiscalía de Cámara por la supuesta incompatibilidad prevista en las "causales de sospechas establecidas en el artículo 14 inciso 2 del Código Procesal Civil". Es decir, cuando "el juez (.) sea acreedor, deudor, amigo íntimo o tenga frecuencia en el trato o tener enemistad manifiesta, o sea beneficiado o benefactor de cualquiera de las partes".

Frente a este escenario, el máximo tribunal provincial, presionado además por la trascendencia pública y política que tomó el caso, ordenó una investigación para que los camaristas hagan su descargo en los próximos tres días. A la espera del avance de la pesquisa, en los tribunales ya barajan la posibilidad de solicitar un jury contra los tres magistrados.

Sánchez Rey percibe uno de los sueltos más altos del Poder Judicial mendocino y decidió avanzar judicialmente luego del siniestro que protagonizó el año pasado en una playa de estacionamiento oficial. Al intentar cerrar el portón automático, un sensor no funcionó correctamente, su brazo quedó atascado y sufrió lesiones en sus dedos. Por tal motivo, acudió a la ART Provincia y firmó el polémico convenio, de la mano de su hijo, el abogado Diego Sánchez Azcona. LA NACION intentó comunicase con autoridades de la ART pero no obtuvo respuestas.

Desde el entorno del magistrado explicaron a este diario que el monto alcanzado en el convenio tiene que ver con el alto salario del funcionario judicial, además de casi el 30% de incapacidad que le produjo el accidente. Asimismo, tienen otra carta en la manga: aseguran que el juez jamás falto a su puesto de trabajo desde que tuvo el siniestro con el portón y que tiene dificultades para poder escribir.

Malestar en la Justicia

Fuentes del Poder Judicial confiaron a LA NACION el creciente malestar que produjo el caso entre los demás magistrados, ya que consideran que la demanda iniciada por su par es "inadecuada, irresponsable y afecta la imagen de todos". Según explicaron a este diario, la carátula del caso, que por sorteo recayó en el juzgado de Sánchez Rey, se inició sólo con las iniciales del juez para evitar levantar sospechas. Y creen que el letrado logró cerrar el pacto por sus vínculos con la empresa. "Es muy raro que se haya llegado a este acuerdo. Estamos muy molestos con este proceder", indicó un funcionario judicial mendocino.

En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo , en diálogo con radio Nihuil, también se manifestó al respecto, reclamando mayor transparencia en el fuero laboral: "Es una novedad que un juez cobre $4,5 millones por un accidente menor, yo he venido diciendo que hay un montón de negociados. Hay varios casos de ese tipo y abogados y estudios vinculados a la Justicia Laboral. Eso es inseguridad jurídica".

El caso se produce además en el momento en que la Legislatura provincial debate, a pedido del Gobierno, un nuevo Código Procesal Laboral que apunta a la reducción de los tiempos del proceso, facilitar el acceso a la Justicia y bajar los niveles de litigiosidad, apostando a la conciliación. Además, con este caso, el Gobierno se mostró preocupado por la incidencia que pueda generar en el porcentaje de la prima que el Estado deberá pagar el año próximo en accidentes de trabajo.

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