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Las provincias y un aporte posible contra la recesión

Nadin Argañaraz
Nadin Argañaraz PARA LA NACION
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14 de octubre de 2018  

Se aproxima fin de año. Los efectos de la política monetaria y fiscal se harán sentir en el nivel de actividad económica de 2019, principalmente los relacionados con el mercado interno. En este contexto, resulta relevante conocer el compromiso que tienen las provincias respecto del impuesto a los ingresos brutos (IIBB) para el año que viene.

El consenso fiscal fijó alícuotas máximas para las principales actividades, en un cronograma que finaliza en 2022. Este año fue el primero del esquema. Hay provincias que subieron el IIBB para ciertas actividades, algo que no estaba dentro del espíritu del acuerdo. Pero legalmente cumplieron, dado que la condición está referida a la alícuota máxima.

Pensando en 2019, resulta importante identificar la situación de las provincias respecto de tres actividades económicas importantes: el comercio, la construcción y los servicios de restaurantes y hoteles.

En comercio, las provincias de Córdoba y Neuquén son las únicas que superan el límite de alícuota del 5% planteado por el consenso para 2019, es decir que son las únicas que deben bajar la carga legal. Córdoba deberá disminuir un 12% la alícuota final, mientras que Neuquén deberá hacerlo en un 23%. Pero hay 10 jurisdicciones que deberán mantenerla y 12 que están por debajo del límite.

En cuanto a la construcción, 22 provincias superan el límite de alícuota del 2,50% planteado para 2019.

En la actividad de hoteles y restaurantes, hay 11 jurisdicciones que superan el límite del 4,5% planteado para el próximo año. Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza (solo restaurantes), Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán deberán bajar un 10% la alícuota. Por su parte, mientras una jurisdicción deberá mantenerla, existen 12 que están por debajo del límite.

El año 2019 será complejo. Por un lado, las provincias y la CABA deberán hacer frente a los efectos derivados del déficit primario cero nacional, que implica transferencias de gastos y menores recursos para los que ya hacían las provincias. Esto las pone en situación de querer evitar cualquier pérdida de recursos propios. Por otro lado, la actividad privada, en recesión, requiere una baja de la carga tributaria. En la construcción, afectada por la caída real del gasto, casi todas las provincias deben bajar la carga de IIBB en 2019.

En síntesis hay dos aspectos centrales. El primero tiene que ver con cumplir el consenso fiscal por parte de las jurisdicciones que hoy gravan con mayores alícuotas. Esto implicará una pérdida real de recursos a los fiscos. El segundo aspecto se relaciona con el comportamiento que tendrán las provincias en las actividades donde hoy la alícuota es menor que la establecida para 2019. Si llevaran la alícuota a un nivel cercano o similar al tope, implicaría una suba de presión tributaria. Sería esencial que estos aspectos se definan claramente, por ejemplo en la adenda que gobernadores y el gobierno nacional están firmando. La previsibilidad en materia tributaria resulta vital.

El autor es economista y director del Iaraf

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