Leyes difíciles de aplicar sin una economía estable

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
La suspensión del pago extra del gas revela los límites políticos para aplicar reglas previsibles en simultáneo con el ajuste macroeconómico
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14 de octubre de 2018  

Las buenas intenciones oficiales de convertir a la Argentina en un país serio suelen inmolarse en el altar de la realidad. Con instituciones tan maltrechas como la macroeconomía y el recalentamiento de las internas políticas a medida en que se acercan las elecciones, el camino para establecer reglas previsibles se hace mucho más largo y tortuoso. Máxime en pleno ajuste forzado de los déficits en las cuentas fiscales y externas para acceder al financiamiento del FMI, tras la fuerte escalada del 100% en el dólar y una inflación que apunta al 45% anual para 2018.

Como ya había ocurrido en 2016 y a comienzos de este año, las tarifas de energía volvieron a convertirse en el talón de Aquiles para el gobierno de Mauricio Macri. La diferencia es que esta vez la devaluación duplicó a la de fin de 2015 y agravó las distorsiones en el sector, con costos dolarizados y precios facturados en pesos, además de invertir la curva descendente del gasto público en subsidios.

Con la marcha atrás en la decisión de prorratear en 24 cuotas extra el traslado de la suba del dólar a los precios del gas natural, la Casa Rosada evitó que el Congreso derogara la controvertida resolución 20 de la Secretaría de Energía que iba a aplicarse a partir de enero. Y, por lo tanto, que se reeditara la situación de hace seis meses, cuando Macri debió vetar la insólita ley del PJ que anulaba todos los aumentos tarifarios de entonces desentendiéndose de su costo fiscal.

Sin embargo, la urgente rectificación oficial no evita el costo político de otro caso de mala praxis en este terreno extremadamente sensible y en el momento menos oportuno: entre el valle de la recesión, el pico más alto de inflación mensual y de mayor deterioro del salario real. Por un lado, convalida las críticas de la oposición y del propio oficialismo a la medida, de la que unos y otros se enteraron tras su publicación en el Boletín Oficial. Por otro, despliega un nuevo abanico de interrogantes en vísperas de la crucial negociación del presupuesto 2019 con déficit cero.

Al haber dispuesto que el Tesoro Nacional se hará cargo de la diferencia cambiaria en los precios del gas, abre la puerta a futuros pedidos de subsidios o aumentos de deuda incompatibles con el programa acordado con el FMI. Esa compensación con bonos de deuda (y un año de gracia) por unos $20.000 millones, resulta poco relevante dentro de las cifras que mueve el sector energético; pero sí lo es en términos del ajuste fiscal comprometido con el organismo. Además, que en el ínterin el Estado eleve el subsidio implica que el costo recaerá sobre toda la población, incluso entre quienes no tienen acceso a las redes de gas natural.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó descolocado y en el ojo de la tormenta. No sólo como solitario firmante de la resolución 20, sino por sus "horrores" en materia de comunicación. Que, en definitiva, revelaron increíbles errores de cálculo político para un funcionario que presume ser la contracara del riguroso perfil técnico de su antecesor en el cargo, Juan José Aranguren.

Una medida de esos alcances, que afectaba a casi 7 millones de usuarios de gas, debió haber sido explicada con lujo de detalles antes y no después de haber sido dictada. Más aún porque se basaba en el artículo de una ley sancionada en 1992 y olvidada por no pocos especialistas. Cuando Cristina Kirchner tuiteó el viernes 5 que promovería en el Congreso la derogación de la resolución publicada ese mismo día, el gobierno ya había perdido el primer set por 0-6 en términos políticos. Para empeorar el cuadro, el funcionario replicó por radio que las quejas por Twitter provenían de militantes kirchneristas. A esta altura ya debería entender que las facturas de gas y electricidad -incluso por su formato y envío postal-, son asociadas con impuestos por buena parte de la sociedad. Y que prácticamente nadie sabía que aquella ley (24.076) establecía que si el precio de compra del gas por parte de las distribuidoras (que representa el 50% de la factura) difería en más o en menos de 20%, la diferencia debía trasladarse al período siguiente de facturación aun cuando el anterior hubiera sido abonado.

En su también solitaria conferencia de prensa del último lunes, Iguacel defendió que la brecha del período abril-septiembre de este año iba a ser prorrateada en 24 cuotas adicionales en vez de 6, para atenuar su impacto sobre los consumidores residenciales. Pero subestimó que la deuda diaria acumulada por las distribuidoras con las compañías productoras de gas (que facturan con plazo de pago a 60 días) iba a ser sometida a una doble actualización: al 31 de diciembre de 2018 por la tasa activa del Banco Nación; y a partir del 1º de enero cada cuota mensual de amortización por la tasa pasiva de plazo fijo del BNA, que actualmente ronda el 45% anual. Al menos en este caso, hubiera sido más lógico un ajuste por el coeficiente de variación salarial o bien incorporar un componente de subsidio en la tasa.

Probablemente el hiperactivo funcionario le haya asignado más importancia a que un mes atrás suspendió el sendero ascendente de precios en dólares para el gas que había heredado de Aranguren y lo redujo en 25% (de US$5,20 a 3,9 por millón de BTU, la unidad de medida) para el ajuste de tarifas de octubre; que a su vez limitó al 30% para el transporte y distribución, pese al mayor aumento del índice de precios mayoristas. No obstante, omitió que en el semestre previo el dólar había trepado nada menos que 88% (de $20 a $37,89) y que con el pago retroactivo esa ventaja quedaba diluida. Moraleja: con alta volatilidad cambiaria resulta mucho más difícil manejar los precios en dólares del gas natural, pese a que en promedio son más bajos que los de importación. Otro tanto ocurre con las naftas y el gasoil que, además, sufren ahora el alza internacional del petróleo Brent. Para los consumidores con pesos devaluados en 50% en términos de dólar, el problema es obviamente mucho más agudo.

Este error no forzado fue, indirectamente, consecuencia de otro similar. Hace apenas 10 meses, Macri había derogado la ley de Emergencia Pública (más conocida como emergencia económica), que estuvo en vigencia 16 años y dio pie al fenomenal atraso tarifario de la era K. El propósito fue restablecer la seguridad jurídica en los contratos de concesión de servicios públicos privatizados por ley en los'90 y reestatizados de hecho (bajo gestión privada) en la década siguiente. Pero algo no salió bien, como dirían las notas del periodista Carlos Manzoni en LN Digital.

Las leyes que quedaron suspendidas por la LEP estaban concebidas para el contexto de estabilidad cambiaria que aportaba la convertibilidad del 1 a 1 y su correlato de baja inflación, hasta el estruendoso estallido de fin de 2001 con default de deuda incluido. De ahí que pocos recordaran la cláusula que habilitaba los reajustes de precios del gas por diferencias de cambio en las tarifas de las distribuidoras y que -según el Ministerio de Hacienda- será modificada, probablemente a través de un artículo para ser incorporado en el presupuesto 2019.

En el mismo proyecto también está incluida la deuda por US$1700 millones con las petroleras por el Plan Gas (que puso en marcha CFK y Macri mantuvo hasta fin de 2017), a la que se sumará una parte de los casi US$300 millones que ahora dejan de recibir los productores y recuperarían en 30 cuotas a partir de octubre de 2019. Para Fernando Navajas, economista jefe de Fiel, sería más productivo transformarla en un instrumento a 5 ó 10 años de plazo que las compañías podrían deducir de la carga impositiva en nuevos proyectos de inversión en hidrocarburos.

Al fin y al cabo, la obsesión que comparten Macri e Iguacel es duplicar en cinco años la producción no convencional de gas y petróleo en Vaca Muerta para convertirla en un polo exportador capaz de generar US$ 15.000 millones anuales. Para eso hace falta casi duplicar las actuales inversiones (a US$ 8000 millones), sin contar la indispensable ampliación de infraestuctura. Y que la macroeconomía en algún momento comience a estabilizarse y jugar a favor.

nestorscibona@gmail.com

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