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Dudas entre los desarrolladores acerca del impacto de las medidas

Les dan la bienvenida, pero piden la exención fiscal para más emprendimientos
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13 de octubre de 2018  

Los desarrolladores también fueron destinatarios de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri , pero una de las más fuertes -la que permite la reducción o exención del IVA, impuesto a los créditos y débitos, Ganancias y posiblemente Ingresos Brutos, si las provincias adhieren- dejó a algunos con sabor a poco. Es que la decisión se circunscribe a quienes se dediquen a la construcción de viviendas sociales hasta 140.000 UVA (unos US$100.000 a precios de hoy).

Consultado por LA NACION, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, dijo que toda medida que incentive y ayude a los desarrolladores en sus cálculos económicos a mejorar la rentabilidad es bienvenida, aunque no pudo estimar el impacto que tendrá. "Desarrolladores interesados seguro hay. Lo que no te puedo adelantar es el volumen. Habrá que hacer cálculos y, en los próximos tiempos, veremos cuántos se presentan para tomar los beneficios. No sabemos el volumen de emprendimientos que habrá", señaló.

Por otro lado, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, deslizó que puede haber algunos desarrolladores que estén más conformes que otros, pero abogó porque este sea el primero de una serie de pasos.

En tanto, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), apuntó que lo anunciado por el Gobierno puso foco en los deudores hipotecarios e inquilinos, muy angustiados por la crisis, pero para impulsar nuevos proyectos hubo poco. "Van en el sentido correcto con las exenciones fiscales. Esperemos que salga en breve", auguró.

Otros desarrolladores, en tanto, fueron más enfáticos en la crítica. Aseguraron que no hay mercado para unidades de hasta US$100.000 porque esas familias están luchando para llegar a fin de mes y no están en condiciones de comprar una vivienda. Y afirmaron que habría que seguir el modelo uruguayo y ampliar más el tema de la exenciones impositivas porque también es una manera de que los privados absorban a los trabajadores de la construcción que el sector público deja sin trabajo.

Crédito intermedio

Además de la exención, se anunció que se impulsarán los créditos intermedios a desarrolladores contra boleto de compraventa, que pasará a ser registrable y tomado como garantía, y habrá seguros de caución para que puedan acceder al financiamiento intermedio y los bancos estén cubiertos de posibles inconvenientes con la terminación de la obra.

"Los desarrolladores necesitan del crédito intermedio para financiar la construcción de edificios y también los ayuda el tema de la registración del boleto porque la demora en el final de obra, hasta que se puede escriturar, hace que sigan pagando", explicó Weiss, y dijo que si bien los créditos intermedios ya existen y están normados, "no han tenido la aceptación suficiente para que los desarrolladores los usen en el volumen que necesitamos".

Por otro lado, Bennazar destacó las bondades de la registración del boleto de compraventa también para compradores. "Agiliza y simplifica los procesos y se traduce en una reducción de costos que se trasladan al comprador, que se va a ver beneficiado necesitando menos dinero para adquirir su vivienda".

Otros incentivos que fueron informados son la licitación de tierra pública de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la construcción y uso de recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) como fondo de garantía para otorgar crédito a las constructoras provinciales.

Por último se habilitará al Fonavi a invertir en el fideicomiso de vivienda social.

Previo al Consenso Fiscal de 2017, el dinero del Fonavi era de libre disposición. Ahora el objetivo es que el sistema de financiamiento de desarrolladores se apalanque en estos fondos, así puede haber más viviendas con el mismo monto total. En 2015 los fondos eran de $11.000 millones. Para 2019 se prevé que esa cifra ascienda a $24.000 millones, lo que permitirá la construcción de 60.000 viviendas sociales.

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