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Luis Carzoglio, director de cementerio y varias controversias

Gustavo Carabajal
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14 de octubre de 2018  

Antes de ser designado juez de Garantías, Luis Silvio Carzoglio se desempeñó como director del Cementerio Municipal de Avellaneda. En 2007 pudo asumir como magistrado, pero la demora en presentar el certificado del Registro Nacional de Reincidencias y de la Dirección de Antecedentes Personales de la policía bonaerense impidió que, un año antes, jurara en un cargo menor, como prosecretario letrado de una fiscalía.

Este magistrado, un reconocido militante del Partido Justicialista, deberá decidir si acepta o rechaza el pedido presentado por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, para que detenga a Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente y uno de los máximos referentes del sindicato de camioneros, acusado en una causa por presunta asociación ilícita.

Actualmente, Carzoglio tiene un pedido de indagatoria presentado por la fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales para que declare como acusado de dos casos de presunta falsedad de documento público ocurridos en 2014. En ese expediente, se investiga la supuesta responsabilidad de Carzoglio en la confección de actas apócrifas en las que se habría dejado constancia de la presencia de imputados en su juzgado, cuando nunca estuvieron.

El fiscal también solicitó la aplicación del artículo 300 del Código Procesal Penal bonaerense, para que se forme el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, con el objetivo de que se autorice la indagatoria a Carzoglio. Esta medida constituye el paso previo al juicio político.

Además, Carzoglio tiene otros dos sumarios en la Secretaría de Control Disciplinario de la Corte provincial. Se trata del expediente CJ-22/10 que se inició a partir de una denuncia del presidente de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Miguel Navascues, ante la presunción de que habría otorgado la libertad a detenidos que no estaban a su disposición, sino de otros jueces.

En tanto que el sumario CJ-28/11, se inició a partir de una presentación de la Asociación Judicial bonaerense, el gremio que agrupa a los trabajadores judiciales, por presunta violencia laboral contra el personal de su juzgado.

A partir de su militancia política dentro del Justicialismo de Avellanada, Carzoglio fue director del Cementerio Municipal de Avellaneda, durante el último de los cuatro mandatos de Baldomero Álvarez de Oliveira como intendente. Fue él quien impulsó su nombramiento como juez de Garantías para el Polo Judicial que debía instalarse en Avellaneda. Entre 2006 y 2007, hasta que comenzó a funcionar ese organismo, Carzoglio fue un juez designado, pero no podía ejercer porque no existía el despacho. Durante ese período, Carzoglio se presentó para desempeñarse como prosecretario letrado en una fiscalía de Lomas de Zamora. Por entonces, Eduardo Alonso se desempeñaba como fiscal general de ese departamento judicial. Según un exfuncionario que se desempeñaba en esa época en los Tribunales de Lomas de Zamora, Carzoglio no pudo jurar como prosecretario letrado porque no presentó los requisitos exigidos. Pudo trabajar en una dependencia del Ministerio Público, pero sin sello ni firma habilitada.

Otra de las causas penales fue la denuncia del Ministerio Público debido a que habría declarado la inconstitucionalidad de los sorteos de las causas. Así se hizo cargo de la mayoría de los amparos que se presentaron contra la Municipalidad de Avellaneda. A pesar de todo, Carzoglio sigue siendo juez.

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