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Cazar en el zoológico, la fácil y repetida solución

La castigada actividad privada, cautiva de la AFIP, es la que mantiene a un Estado superpoblado en los niveles nacional, provincial y municipal
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16 de octubre de 2018  

Nada duele más a una pequeña empresa que verse obligada a despedir empleados luego de haber mantenido el negocio a pérdida esperando una reactivación. Esto ocurre en fábricas, estudios y restaurantes; en imprentas, tintorerías y transportes; en talleres, carpinterías y herrerías. Aunque en forma más impersonal, la eliminación de horas extras y las suspensiones y despidos también afectan a las grandes empresas, en una multitud de rubros.

Todas esas actividades se sostienen con ventas que dependen del favor del público en una cadena de dependientes y contratistas -compra de insumos, despacho de mercaderías o provisión de servicios que parece robusta cuando los vientos soplan a favor, pero es sumamente frágil cuando soplan en contra. Sobre todo, cuando además debe soportar a quienes tienen el privilegio de subirse a sus espaldas y obligar a cargarlos, con la fuerza del palo y sin ninguna zanahoria.

El sector privado, pues a este nos estamos refiriendo, no puede imponer a sus clientes que compren contra su voluntad, ni un "ahorro forzoso" para pasar el mal momento, ni implantar impuestos de emergencia para que las cuentas cierren. Ni aun mediante el concurso de acreedores puede lograr dinero para continuar funcionando cuando el crédito se ha interrumpido.

El sector público, en cambio, fue inventado para lograr el bien común mediante prestaciones que todos están obligados a sufragar. Como suele decirse, en materia de impuestos "no hay tutía". El poder del Estado, dentro de sus límites constitucionales, se sustenta en el interés general por brindar justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Con sol naciente, gorro frigio y corona de laureles, el Estado nacional (y las provincias argentinas) puede lograr sus fines mediante la facultad de crear tributos, endeudarse, fijar tasas, imponer servidumbres, expropiar bienes y acogerse a cláusulas exorbitantes.

Como lo público está regido por la política y en la política se lucha por el poder, a nadie debe sorprender que, cobijados bajo los símbolos del escudo, los colores de la bandera y los acordes de Blas Parera, se hayan multiplicado organismos, entes y agencias, secretarías, subsecretarías y direcciones, funcionarios, empleados y contratados, conforme a las necesidades, conveniencias o picardías de cada período de gobierno. En muchísimos casos, se trata de burocracias creadas para cumplir funciones cuyo costo excede la capacidad que el país tiene para solventarlas. Pero allí están, acumuladas como capas geológicas tan firmes e imperturbables como fósiles en rocas sedimentarias.

Cuando la economía cae en recesión, ni los ministros, ni los secretarios, ni los gobernadores se sienten obligados a actuar como en el sector privado. Tienen a la mano las reformas tributarias, los gravámenes de excepción y las requisas por única vez. Y la emisión de deuda para pagar sueldos, un dislate que hipoteca el futuro y comprime el crédito para los demás. Como ejemplo reciente, la reducción de ministerios a nivel nacional, que pasaron de 21 a 10, no implicó reducción de estructuras ni menores gastos.

¿Quién no desea estar amparado bajo el ala protectora del Estado? Sabiendo que existen estabilidad y escalafón. Que el mérito es reemplazado por la antigüedad, los contactos y la militancia. Conociendo que serán defendidos por dirigentes políticos, directores nacionales, funcionarios provinciales e intendentes municipales. Intuyendo que siempre habrá bombos y redoblantes de sindicalistas que toman las reparticiones como propias y piqueteros que cortarán las calles para cuidarlos. Y también por la Justicia, que en el fallo Madorrán declaró inconstitucional la norma del convenio colectivo que permitía despedir pagando la indemnización, como en el sector privado.

Durante la década ganada hubo una migración masiva de la población hacia el confort de los pagos estatales. Y una vez allí nadie acepta otra alternativa. Cuando la política deja de costado el bien común para utilizar lo público en función de intereses desviados, se desvirtúa el fundamento ético del Estado. De edificio majestuoso, se transforma en un cambalache institucional donde se mezclan quienes agregan valor con quienes se lo llevan a casa sin contraprestación alguna. De herramienta para la justa distribución del ingreso se transforma en un artilugio para la apropiación particular de lo colectivo.

Escalafón, estatuto, nepotismo, favores, influencias, militancia, hechos consumados o derechos adquiridos sustentan la insólita relación de 8 a 20 que caracteriza a nuestro país. Ocho millones de personas en el sector privado sostienen a 20 millones que reciben dineros del Estado. Allí están los cuatro millones de empleados públicos, los ocho millones de jubilados y pensionados y los también ocho millones que reciben planes sociales.

En las provincias hay dos millones y medio de empleados (en algunas de ellas, absorben el 90% del gasto público). Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen legislaturas con 1203 representantes, aunque se desconoce la cantidad de empleados, asesores y prebendas que rodean esos cargos legislativos, más las jubilaciones de privilegio, que deben ser escalofriantes. En los 2171 municipios de todo el país trabaja medio millón de personas y se denuncia la existencia de otra cantidad semejante mediante locaciones de servicio, pasantías, becas, planes sociales o cooperativas contratadas. Obviamente, todos ellos aspiran a pasar a planta permanente, con estabilidad y equiparación de sueldos.

Fueron tres millones de jubilados sin aportes los que incorporó el kirchnerismo, engrosando las filas de la inmensa clase pasiva. Hay jubilados ordinarios y de privilegio; hay pensiones contributivas y graciables, universales y honoríficas, para veteranos de guerra y para detenidos de la dictadura. Es insólito el millón y medio con pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población económicamente activa) y preocupante el millón doscientos mil beneficiarios de la reparación histórica.

Subsisten 33 empresas públicas con su déficit de 90.000 millones de pesos, sus 100.000 empleados y su costo diario de un millón de pesos por año por empleado. En la casa del Poder Legislativo, se detectan 5000 personas en el Senado y 5600 en Diputados, incluyendo los 2400 de la inexpugnable imprenta y biblioteca del Congreso.

En tiempos de dificultades se espera que los sacrificios sean compartidos. Sin embargo, en nuestro país ello no sucede, pues el Estado siempre prefiere utilizar su poder fiscal, su capacidad de endeudamiento, su privilegio de emisión, para sacar fondos del sector productivo. "Cazar en el zoológico" se llama la estrategia de cobrar a quienes siempre pagan, por estar identificados en la AFIP, frente al 40% de la economía en negro. Con el derecho a embargar y ejecutar en juicios sumarios, esa cacería es bastante más sencilla que reducir los gastos del Estado. Se realiza en forma atomizada, donde cada afectado llora sus penas en casa y se evita la toma de edificios públicos, la cobertura de los medios y la falsa solidaridad de dirigentes y opositores.

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