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Por una nueva ley antidiscriminatoria

Claudio Presman
Claudio Presman PARA LA NACION
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16 de octubre de 2018  • 18:35

La Argentina es un referente mundial en materia de normativa antidiscriminatoria. Los principios fijados en nuestro plexo legal significan un reconocimiento mundial de derechos que no existían antes como tales. Como cualquier norma, la ley antidiscriminatoria no puede permanecer inmutable. Desde su sanción y con el correr del tiempo, la sociedad argentina se transformó. Nuevas demandas, nuevos ámbitos de expresión y participación ciudadana son la realidad de la interacción ubicua. Se emprendió un camino sin retorno en el pleno reconocimiento de derechos a las minorías, a los grupos vulnerados y estigmatizados.

A lo largo de estos años el recorrido no estuvo alejado de violencia e injusticia. Sin embargo, la plena afirmación de derechos a personas vulneradas se vio reflejada en hitos fundamentales como el matrimonio igualitario, la ampliación del concepto de crímenes de odio, la figura del travesticidio, la eliminación de barreras administrativas para la inclusión sexual y la defensa y condena contra el odio hacia los credos, entre otros. En definitiva hubo avances significativos y concretos para la verdadera inclusión, protección y reconocimiento del otro. François Dubet en su libro Lo que nos une dice que las demandas de igualdad y equidad forman parte de una concepción de la justicia, la que está inscripta en el núcleo mismo de las sociedades democráticas.

Sin embargo, las sociedades deben enfrentar nuevos desafíos en la ampliación y reconocimiento de nuevas maneras de integración para todas y todos los ciudadanos. Es por eso que debe plantearse el debate y estudio de una ley antidiscriminatoria moderna, que preservando su espíritu y principios, incorpore las nuevas formas de exclusión y segregación que ocurren hoy, que posea mecanismos de resolución de conflictos, que considere la reparación a la víctima, que prevea sanciones efectivas, procedimientos más ágiles y expeditivos y que facilite incluso la prevención mediante la concientización.

Partiendo de la base de que el cambio cultural es el factor esencial que complementa aquello que la ley garantiza, debemos imaginar una ley que, adaptada a las nuevas variantes o manifestaciones de discriminación, a los nuevos ámbitos de odio, a nuevos entornos -como las redes sociales-, se convierta en un baluarte de inclusión y respeto.

Basado siempre en nuestros principios constitucionales de convivencia en paz y respeto al otro y entendiendo que la violencia comienza muchas veces con actos discriminatorios, debemos tomar la rica experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, así como del reconocimiento y el aprendizaje que el INADI genera en la materia, a través de sus áreas de políticas de prevención, promoción y asistencia a la víctima para encarar la redacción de una nueva ley.

El éxito o fracaso de una norma seguramente está dado por el grado de aceptación o rechazo social que la misma implique. El camino por recorrer aún es largo pero el debate será sustancioso y valioso para avanzar en el cambio cultural que nos debemos como sociedad. Seremos juzgados por las generaciones futuras y por las respuestas que como sociedad demos a los problemas del presente. El gobierno nacional en pleno reconocimiento de la importancia y el valor de respeto mutuo continuará su labor de fortalecer el ejercicio de los derechos y garantías hacia todos los géneros, sus creencias religiosas, sus múltiples nacionalidades, la situación social o económica, la edad o características físicas particulares. Este es el verdadero desafío que debemos enfrentar para alcanzar un futuro igualitario, justo e inclusivo.

Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. INADI.

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