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Recortan los fondos para la emergencia agropecuaria

El recorte fiscal está impactando en el dinero disponible para el fondo de emergencia
El recorte fiscal está impactando en el dinero disponible para el fondo de emergencia Crédito: Archivo
Fernando Bertello
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17 de octubre de 2018  • 12:45

El ajuste fiscal que está llevando adelante el Gobierno le pegó de lleno también al fondo de emergencia agropecuaria, que quedará subejecutado por este recorte, al mismo tiempo que los pagos pasarían al próximo año, según admiten en la Secretaría de Agroindustria de la Nación.

Creado en 2009 por ley, el fondo para obras y asistencia directa debe disponer por año de $500 millones. Según la información disponible en la web de esa cartera oficial, al 12 del actual iban ejecutados $127,5 millones. Para la próxima actualización, el monto treparía a unos $162 millones, según dijo a LA NACION Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política de la cartera.

"A esta altura el año pasado iba bastante más", reconoció el funcionario ante una consulta sobre la ejecución del fondo.

Los pagos del fondo los hace el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne y son en cuotas. Ya se pagaron tres de las cuatro estimadas. Cuando restan algo más de dos meses para la finalización del año, no se conoce aun a cuánto ascenderá el pago que falta.

Por el ajuste fiscal, hay estimaciones que circulan en el sector de que la ejecución total de 2018 podría rondar los $250 millones. De ser así, sería la mitad de lo que contempla la norma.

Rossi no arriesgó una cifra, pero admitió que "va a ser menos" que el año pasado. De acuerdo a la información oficial, en 2017 se ejecutaron $399 millones. El recorte en rigor ya había empezado sobre fines del año pasado. En tanto, en 2016 el fondo estuvo cerca de cumplir los $500 millones: fueron $438,4 millones. "Como el resto de las partidas (del Estado) hay una subejecución como consecuencia (de la reducción) del déficit fiscal (por el recorte de fondos)", indicó Rossi.

"Probablemente queden pagos para el año que viene por convenios (con gobernaciones y municipios) de este año", añadió. El mecanismo que opera para las obras es que antes que aparezca la plata tiene que estar listo un convenio con municipios o provincias. Permanentemente el área de Rossi está trabajando en convenios con esas jurisdicciones.

El funcionario destacó que, más allá de esta cuestión de reducción del déficit, están al día todas las homologaciones de emergencias agropecuarias. Con las emergencias los productores pueden acceder, por ejemplo, a beneficios crediticios (como las bonificaciones de 10 puntos de tasas como las aplicadas con el Banco Nación, entre otras entidades) e impositivos, en este último caso dinero que deja de ingresar al fisco. "Hay muchos proyectos que se están ejecutando y se van a pagar en la medida que esté la cuota", precisó.

De acuerdo a la información oficial, en lo que va del año se hicieron cinco reuniones de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (Ceneyda). En tanto, hay 10 resoluciones vigentes por emergencia agropecuaria, que incluyen a las provincias de Mendoza, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Río Negro y Formosa.

Las declaraciones abarcan, según las provincias, eventos como sequías, incendios, granizo y tormentas fuertes e inundaciones.

En lo que va del año, Buenos Aires fue la provincia que más fondos recibió, con $71,9 millones; luego La Rioja y Neuquén con 15 millones de pesos cada una; Chaco, $8,6 millones; Entre Ríos, $8,2 millones, Tucumán con $4 millones, Córdoba con $3,9 millones y Santa Fe con 900.000 pesos.

Según el detalle de lo realizado con el fondo, desde 2016 se aplicaron 964,9 millones de pesos. Tuvo un impacto sobre 9065 kilómetros de caminos (donde se hicieron reparaciones o alteos) y 377 kilómetros de canales (limpiezas o reparaciones). El alcance de la ayuda fue para 49.259 productores, 3194 tambos y 225 escuelas rurales.

A los fines de dar más agilidad y brindar señales de transparencia en el proceso, hay lugares donde ya se puso en marcha la figura de "actas de compromiso" con productores que, por ejemplo, deciden a qué se destina el dinero. Esto es por ejemplo con la compra de máquinas, que no hace directamente el gobierno nacional, sino un municipio o provincia.

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