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Amenaza mafiosa a las instituciones

Ante el terror de que les caiga el peso de la ley, los sindicalistas acusados de corruptos se escudan en la representación gremial para extorsionar y chantajear
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17 de octubre de 2018  

Un nuevo y poderoso gremio intenta hacer pie en nuestro país: el de los sospechados de corrupción. Sería algo así como un nuevo "colectivo", para usar el término tan en boga por estas épocas. Se trata del "colectivo de los dirigentes y exdirigentes corruptos", un paraguas político-sindical bajo el que pretenden protegerse del avance de la Justicia quienes están sospechados de haber cometido delitos diversos, pero con una inspiración común: haberse aprovechado del Estado para enriquecerse, hacer negociados, asociarse ilícitamente, malversar fondos, blanquear dinero ilegal, proteger a delincuentes o incumplir los deberes de la tarea que se les encomendó. Eso para empezar, pues la lista de delitos es demasiado extensa como para agotarla en una columna editorial.

Tan descarada es esa corporación de imputados y procesados por corrupción que amenaza con movilizaciones y paros generales. No defiende a nadie que no sea a sus propios integrantes. Eso explica el rejunte de sindicalistas que se solidarizaron con el camionero Pablo Moyano apenas un fiscal de la provincia de Buenos Aires pidió su detención en la causa en la que se lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que lavaba dinero y que actuaba junto con la barra brava del Club Atlético Independiente, cuya vicepresidencia es ejercida por ese gremialista.

Tanto la CGT como las CTA denunciaron una "persecución" del Gobierno y la Justicia. La sola amenaza de que un gremialista pudiera caer preso disolvió mágicamente sus diferencias internas y los llevó a planificar una movilización hacia el Aeropuerto de Ezeiza para mañana, cuando se espera que Pablo Moyano regrese de un congreso internacional sobre gremios del transporte realizado en Singapur. Insatisfechos con semejante intimidación, amenazaron con ir a un paro general. ¿Un paro general de todos los sindicatos por un delito penal económico cometido en un club de fútbol? ¿Cuál es la representatividad que se arrogan esos gremios para frenar el país en defensa de un sospechoso de corrupción? La respuesta hay que asociarla, desde ya, al desesperado acercamiento entre Hugo Moyano, padre de Pablo, y Cristina Fernández de Kirchner después de casi una década de distanciamientos políticos. El club de los sospechados está funcionando a pleno y no teme enlodar los valores republicanos con tal de salvar el pellejo.

Como Moyano, en su momento De Vido, Báez y Cristina Kirchner acusaron al Gobierno y a la Justicia de ir en contra de sus hijos. Nada han dicho, en cambio, del lugar que ellos mismos les han reservado a aquellos en la herencia de corrupción que urdieron de manera desenfrenada a cargo del poder o como beneficiarios directos de él.

Por el momento, Pablo Moyano no irá preso. Ayer, el juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención que le había requerido el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera. Con un detalle que no puede pasar inadvertido: antes de que se conociera la decisión del magistrado, su esposa denunció que había recibido dos llamadas telefónicas en las que amenazaban de muerte a toda su familia.

Hugo Moyano también figura como imputado en el mismo expediente, porque ocupa el cargo de presidente de Independiente. "Si atacan a mi familia, yo los ataco a ellos, que no me jodan", dijo ayer, temprano, mientras pedía a la Justicia que "reflexione".

He allí uno de los principales problemas de la concepción mafiosa de ciertos dirigentes: el Poder Judicial no está para reflexionar si conviene o no condenar a un sospechoso, sino para hacer cumplir la ley, se trate del sospechoso del que se tratare.

Como acertadamente dice el profesor de derecho del trabajo Julián de Diego, "el paro es sin duda un uso abusivo y ampliado ilegítimamente del derecho de huelga (...) es destructivo desde cualquier ángulo de análisis", y agrava su ilegalidad que lo convoque la CGT "cuando se sabe que el objetivo es paralizar los transportes en todos los terrenos para impedir que quienes deseen trabajar puedan optar libremente". Entonces, ¿qué legalidad puede tener una medida convocada en defensa de la posible comisión de delitos de parte de uno o más dirigentes?

Convocar a una movilización y a un paro en protección y hasta custodia de la corrupción es tan absurdo como inadmisible.

Lamentablemente, es ya un clásico de los sospechosos de delitos que han ejercido o ejercen algún tipo de poder denunciar una persecución política en su contra cada vez que se ven cercados por la Justicia. En lugar de librar sus batallas ante el Poder Judicial, presentando las pruebas que puedan desincriminarlos, prefieren atacar a las instituciones, extorsionarlas, amenazarlas, presionarlas, chantajearlas y patotearlas. Se manejan como mafias. Ante el terror a que les caiga el peso de la ley, los socios en la corrupción se envalentonan, siembran miedo y robustecen sus métodos de defensa corporativa.

La familia Moyano tiene un largo historial de aprietes: bloqueos a supermercados para sumar por la fuerza a empleados de otros gremios; impedir el libre tránsito en caminos y rutas del país para defender no ya derechos, sino privilegios, y ataques a la libertad de prensa, entre otros muchos nefastos antecedentes en esa materia.

Estas nuevas amenazas son de una gravedad tal que, como sociedad, deben ponernos en alerta en defensa de la institucionalidad y de los derechos de todos por igual.

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