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Marcha atrás en una bandera clave en política educativa

Luciana Vázquez
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19 de octubre de 2018  

Argentina tiene un problema educativo y es su dificultad para instalar definitivamente una cultura de la evaluación de la calidad de los aprendizajes.

El ministerio de Educación nacional dio marcha atrás con un objetivo clave de su política educativa: la de evaluar los aprendizajes todos los años de manera censal, es decir alumno por alumno, en sexto grado de primaria y también en quinto año de secundaria. Pero ayer, no se tomó la prueba de quinto año. Desde ahora, las pruebas censales se harán cada dos años, de forma alternada entre primaria y secundaria.

Al estandarte de la inclusión educativa con la que insistió el kirchnerismo, que relegó y demonizó el concepto de calidad, el macrismo respondió con la noción de "calidad" y excelencia. En la guerra de relatos, ése fue su norte.

CABA se convirtió en la única jurisdicción argentina en medir los aprendizajes con pruebas estandarizadas propias en primaria y secundaria y la única que participa de forma independiente en pruebas como las PISA de la OCDE.

El kirchnerismo en cambio, había ido en sentido contrario. Terminó tomando las evaluaciones ONE, que habían sido anuales, cada 3 años. Dejó de divulgar los resultados por provincia. Descuidó las muestras de alumnos y los resultados se volvieron poco confiables.

Con la llegada al gobierno nacional, Cambiemos hizo su primer gesto fundacional en el tema de la calidad educativa: terminó con las pruebas ONE, las refundó con las pruebas Aprender y prometió mayor transparencia, mayor visibilidad social y una frecuencia anual porque la importancia del dato educativo, insistió el gobierno, lo merecía. Se trataba de subrayar la bandera de la calidad y de instalar la cultura de la evaluación.

Por eso la contramarcha desconcierta. Por un lado, algunas versiones lo atribuyeron a ajuste en el contexto de déficit fiscal, lo que fue negado desde el ministerio. Por otro lado, fuentes oficiales minimizaron el peso de la decisión dado que este año las pruebas PISA, que evalúa alumnos de 15 años, compensaría la falta de prueba censal de quinto año. Sin embargo, una prueba a un grupo representativo de alumnos como es PISA no permite los mismos usos que una prueba alumno por alumno

como era Aprender, que puede usarse para intervención personalizada de apoyo escolar de los alumnos.

Otra explicación oficial recalcó que, en América Latina, las evaluaciones en general son bianuales o trianuales. En parte es cierto: así sucede con Brasil, que discontinuó el carácter anual de sus pruebas Saeb y desde 2017 son bianuales. Las pruebas Saeb se toman en quinto grado, y en otros dos años de secundaria y todas son censales.

Sin embargo Chile, el país con mejores resultados educativos, y más equitativos, aunque redujo la cantidad de pruebas censales y su frecuencia, sigue tomando todos los años una prueba nacional censal a todos los alumnos de cuarto grado y en el segundo año de su nivel medio. Tiene sentido: son años en los que la información puntual de cada alumno permite intervenir para ayudarlos en sus trayectorias educativas justo a tiempo.

En Perú, el único país de América Latina que no ha parado de mejorar sus resultados educativos desde 2000, las evaluaciones se hacen todos los años en segundo grado y en segundo año de secundaria.

Un cambio tal de política educativa merecía una explicación detallada por parte del gobierno acerca del porqué de semejante decisión, que desdice lo que sostenía Cambiemos hace apenas dos años. "Vamos a evaluar todos los años, en todos los niveles, todos los grados", sostenía la secretaria de Evaluación educativa, Elena Duro, en 2016.

Sin embargo, la novedad se instaló primero como rumor e inquietud. Las explicaciones finalmente llegaron tarde y resultaron escasas y discutibles. Y empiezan a surgir dudas acerca de cuál es de aquí en adelante la estrategia de la política de calidad educativa, la gran bandera de Cambiemos.

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