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Destrucción de una valiosa área natural en Corrientes

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19 de octubre de 2018  

Auna docena de kilómetros de la capital correntina se está destruyendo un área natural de gran interés para la ciencia y conservación, configurada por los humedales y selvas del arroyo Riachuelo, el Estero Valenzuela y el Parque Provincial San Cayetano. Allí habita una población de monos carayá o aulladores, el lobito de río (Monumento Natural de la provincia) y varias especies raras, amenazadas o endémicas de aves argentinas. De hecho el área es un AICA, es decir, un Área de Importancia internacional para la Conservación de las Aves. Pero estos valores y reconocimientos son atropellados por la deforestación y el dragado del arroyo como parte de una supuesta solución para contrarrestar las inundaciones en la vecina localidad de San Luis del Palmar. Ninguno de los ambientalistas y científicos que se han manifestado hasta ahora se opone a la búsqueda de una solución que evite el padecimiento de la gente afectada, pero lo que están haciendo las autoridades en este momento es desatinado.

Desde hace cerca de medio siglo, la selva que están destruyendo viene siendo estudiada por generaciones de científicos, donde incluso han complementado su formación académica con estudios de campo centrados en estos monos emblemáticos. Por eso, en 1973, se creó allí el Centro Argentino de Primates (Caprim), que luego se transformó en la actual Estación Biológica Corrientes, que depende del Conicet y es administrada por el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Por esta razón, resulta desconcertante que las autoridades provinciales hayan omitido consultar a estas instituciones y hayan avanzado con una brutal intervención ambiental impulsada desde el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de la provincia.

Diversas organizaciones de bien público locales, como El Riachuelo se Defiende, COA Riachuelo, los Vecinos Autoconvocados del Riachuelo y sus pares de San Cayetano, Guardianes del Iberá y Amigos de la Tierra reclamaron el cese del dragado y del desmonte. También presentaron una denuncia penal ante la Justicia y una nota ante la Defensoría del Pueblo provincial, por desconocer lo estipulado por la ley provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos y la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Desde Buenos Aires, la Fundación Azara sumó su preocupación, al advertir que el Estado provincial debe buscar soluciones compatibles con la ley, la ética ambiental y el bien público, incluyendo el cuidado de la riqueza natural, los servicios ambientales, el hábitat de especies endémicas o amenazadas y de un escenario estable para seguir desarrollando una parte de la ciencia nacional.

Sería saludable que las autoridades de Corrientes detengan las obras y busquen soluciones auténticas, reparando los daños que ya causaron.

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