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Bolsonaro, el socio más incómodo para Macri

Francisco Olivera
Francisco Olivera LA NACION
Fuente: LA NACION
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20 de octubre de 2018  

Pudo haber sido al revés: que Mauricio Macri, sorprendido por los resultados de la primera vuelta en Brasil e intuyendo el desenlace del ballottage, llamara a Jair Bolsonaro . Pero Cambiemos cuida la imagen. Y quienes propiciaban el diálogo a uno y otro lado del Mercosur escucharon reparos. No solo porque el capitán y líder del Partido Social Liberal no cultiva el perfil ideológico con que la Casa Rosada preferiría interactuar en público, sino en honor de la vieja relación que Fernando Haddad , candidato del PT, y el presidente argentino tienen desde los tiempos en que ambos eran alcaldes de San Pablo y Buenos Aires. El contacto se inició entonces en el sentido menos traumático: fue Bolsonaro quien tomó el martes la decisión y llamó a Macri. "Mantuvieron una cordial conversación en el marco del actual proceso electoral de Brasil y la relación estratégica entre ambos países", difundió el Gobierno en un comunicado.

Es cierto que tienen discursos y han recorrido caminos muy distintos. Macri intenta desandar un diagnóstico equivocado que lo llevó a pensar que sería fácil revertir la decadencia argentina, y Bolsonaro representa en cambio el antisistema: es el resultado de una implosión del establishment, que derivó en la necesidad de una nueva elite. Macri hace esfuerzos recurrentes por despojarse de un prejuicio y un rótulo que espanta en la Argentina, el de referente de una derecha neoliberal, y Bolsonaro está desde esa óptica en una situación irreversible, acaso más comparable a la de Trump: ha recibido los votos mostrando lo políticamente más incorrecto de su discurso y, por lo tanto, no necesita sobreactuar.

La agenda y los problemas de ambos países parecen, sin embargo, bastante similares. El ámbito más obvio es la economía. Dante Sica, ministro de Producción, suele decir aquí que por cada punto del producto que crece Brasil la Argentina repunta un 0,25%. Esa posibilidad y la de una buena cosecha son las razones que llevan a los macristas a ilusionarse con que el segundo trimestre del año próximo podría ser el inicio de la salida de la recesión. Es cierto que, si acompañan las circunstancias, la comparación anual será beneficiosa: ni Brasil ni el agro contribuyeron en 2018 a atenuar los efectos de la corrida.

Bolsonaro en cambio dependerá más de sí mismo. Si gana, deberá primero conciliar el nacionalismo de parte de su gabinete (se espera que por lo menos 5 ministros sean militares retirados) con el pensamiento de colaboradores como Paulo Guedes, un economista con posgrado en la Universidad de Chicago, fundador del Banco Pactual, a quien en el comando de campaña del PSL acusan de no haber entendido que en política no siempre conviene decir exactamente lo que se piensa: un bolsonarista cabal. El nuevo presidente podrá, sin embargo, agradecerle a su antecesor, Michel Temer, dos leyes con las que Macri no contaba al asumir, la reforma laboral y la de responsabilidad en el gasto, y deberá asumir otras dos reformas pendientes: la tributaria y la previsional.

El ámbito en que ambos socios del Mercosur parecen tener más coincidencias es, sin embargo, el de la seguridad. En agosto, durante una visita a Buenos Aires, Raúl Jungmann, ministro de Seguridad Pública de Brasil, le admitió a Patricia Bullrich que el estado de Río de Janeiro tenía en la actualidad 800 áreas tomadas por el narcotráfico. En ese territorio volvió a gravitar Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización terrorista que nació a mediados de los 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, una cárcel de San Pablo que alberga a criminales peligrosos. Apareció en realidad como reacción a la masacre de Carandiru cuando, el 2 de octubre de 1992, la Policía Militar paulista reprimió un motín matando 111 presos.

El PCC se dedicó desde entonces a reclamar por mejoras para los detenidos mediante protestas que empezaron como motines, derivaron en atentados a edificios públicos y se involucraron desde 2000 en el crimen organizado, al que han logrado darle últimamente alcance trasnacional: asaltaron el año pasado la sede de Prosegur en Ciudad del Este y, según sospechan especialistas en seguridad, han empezado a tener participación en el Litoral argentino.

Al llegar a la presidencia, Lula atacó el problema con el Plan de Pacificación de las Favelas, que empezó en 2004 mediante tareas de inteligencia militar y se expuso definitivamente en 2008 con el ingreso de las Fuerzas Armadas en asentamientos de Río de Janeiro y San Pablo. Los resultados, que le sirvieron a Brasil para ofrecer un nivel de seguridad razonable en el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, empeoraron a partir de 2015, cuando desde el Ejército se planteó una salida a lo que hasta ese momento ya parecía una ocupación de territorio: se supone que el paso de los militares debe ser transitorio y dar pie a que, una vez recuperada la paz, funcionen las instituciones habituales del Estado.

Este deterioro llevó a que Brasil, segundo consumidor más grande de cocaína del mundo después de Estados Unidos, tuviera el año pasado 63.000 muertes violentas, más del doble que México, lo que equipara las tasas de ambos si se considera el tamaño del territorio. Y a Temer, a designar en febrero al general Walter Sosa Braga Netto interventor federal de Seguridad Pública de Río de Janeiro.

La coincidencia temporal con el Lava Jato agravó la crisis general. De ahí las esperanzas del macrismo en que una leve mejora en cualquiera de estos aspectos repercuta aquí positivamente. Pero habría que considerar que desde la óptica institucional Brasil y la Argentina también recorren caminos distintos. El Lava Jato no generó una implosión selectiva, sino que afectó a todos los partícipes de un sistema sobre el que se calculan sobornos de unos 3000 millones de dólares. Aquí, acaso por el modo en que Néstor Kirchner ejerció el poder, los efectos de la causa de los cuadernos afectaron por ahora solo a funcionarios que tuvieron reales atribuciones recaudatorias y al universo de contratistas de obra pública, pero las presunciones de coima que tiene la Justicia superan los 30.000 millones de dólares. Es decir, diez veces más, pese a ser un país cinco veces menor. Solo en el auto de Oscar Centeno se habrían trasladado 200 millones.

El escándalo de Brasil fue tan devastador que dejó en pie solo dos instituciones, la Justicia y las Fuerzas Armadas, y una necesidad colectiva de fundar un orden más transparente y eficaz. En la Argentina, los cuadernos no han sido hasta ahora tan poderosos: eludieron al Gobierno y a parte de la oposición y dejan, por lo tanto, librada a la sociedad a su histórica tarea de discernir. Incluso en lo más elemental: cuánto de todo lo que se proclama nuevo es real, y cuánto, viejas prácticas travestidas que no terminan de morir.

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