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Bienes Personales: un golpe a la clase media y a la confianza en el país

Diego N. Fraga
Diego N. Fraga PARA LA NACION
El proyecto para modificar el esquema tendrá un impacto significativo
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21 de octubre de 2018  

En la misma semana en que mandatarios y dirigentes de la oposición -cual magnates árabes- arribaron a un mitin partidario en jets privados, en el Congreso muchos de los legisladores que les responden estaban cocinando con el oficialismo un nuevo y violento golpe a la sufrida clase media (reforma que fuera impuesta por dicha oposición como condición para la aprobación del Presupuesto Nacional): se trata de un revival del impuesto sobre los Bienes Personales , para abandonar la tarifa "flat" del 0,25% y aplicar una escala progresiva, por la que se llegaría a una alícuota de 0,75% para patrimonios de más de $18.000.000. Si bien aumentaría el mínimo no imponible a $2.000.000, lejos se encontrará de los US$102.000 de cuando se había creado este otrora impuesto a la riqueza.

Más allá de su progresividad -no tan significativa en el proyecto actual- este gravamen se aplicará sobre activos que, en muchos casos, ya tributaron una alta alícuota de Ganancias y que seguramente fueron gravados, en el caso de inversiones en el país, con otras monstruosidades como Ingresos Brutos, Débitos y Créditos y hasta Sellos. Por ello, en este contexto de presión tributaria record, Bienes Personales propicia la informalidad, y, con un penoso sistema previsional, desincentiva el ahorro, al destruir el capital de quien acumuló activos para su futura subsistencia.

Para peor, con la inflación proyectada y por el aumento del valor los bienes a declarar, este impuesto afectará a una amplia franja de la población con un patrimonio que no debería ser alcanzado por un tributo a la riqueza. A este fuerte impacto contribuirán indudablemente los aumentos que las jurisdicciones subnacionales efectuaron en las valuaciones de inmuebles, con el paradójico pretexto de la cuasi eliminación de Bienes Personales.

Esto ya descalifica cualquier justificación para su reimplantación, más allá de la irritante resistencia de la casta política a aminorar su festival de gasto público.

Si bien las nuevas escalas comenzarán a regir para el período fiscal 2019, lo que implica que el impuesto deberá cancelarse en 2020, se empezarán a sentir con el pago de los anticipos el año próximo.

Finalmente, la futura ley romperá las condiciones previstas en el sinceramiento fiscal, concluido hace menos de dos años, que fueron un potente incentivo para que muchos exhiban al fisco sus bienes ocultos. Aunque también se benefició a los contribuyentes cumplidores.

Ya se había violado la seguridad jurídica de ciertas inversiones hace pocos meses, al alterarse la carga tributaria sobre las rentas financieras. Dicha reforma tuvo nefastos efectos en la economía y contribuyó a la crisis cambiaria actual. Con este antecedente directo, creemos prudente advertir sobre los peligrosos efectos del proyecto que sería aprobado.

El autor es abogado, especialista en Derecho Tributario y Profesor en la Universidad Austral

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