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Un contador pidió ser arrepentido en la causa por estafas

José E. Bordón
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21 de octubre de 2018  

SANTA FE.- Uno de los acusados por la megaestafa inmobiliaria que causó una fuerte conmoción en Santa Fe pidió ser tomado como arrepentido. El contador Walter Díaz Franco solicitó ser considerado como imputado colaborador y obtuvo así el beneficio de la prisión domiciliaria mientras la Justicia analiza el aporte efectuado en la investigación.

La estafa inmobiliaria del sur provincial, "la más grande de la historia de Santa Fe", según la Justicia de esta provincia, generó a la organización criminal una ganancia estimada en más de mil millones de pesos,.

En la causa hay 16 procesados, un arrepentido y tres acusados con libertad condicional, entre ellos el principal imputado, el abogado Antonio Di Benedetto, libre bajo una caución de $6.500.000 que fijó el juez Benjamín Revori.

El magistrado dictaminó que Di Benedetto quede libre mientras continúa la investigación y se llegue a una sentencia. Al mismo tiempo, le impuso esa caución, que el imputado completó con la presentación de un inmueble.

A los detenidos en el primer tramo del operativo realizado el miércoles pasado, se sumaron dos sospechosos, identificados como el contador porteño Walter Díaz Franco y Juan Carlos Rullo, de Venado Tuerto.

Franco pidió ser tomado como arrepentido, en una figura legal que últimamente fue empleada también por empresarios en la llamada causa de los cuadernos, que investiga un sistema de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

También se le otorgó en este caso la libertad a Milena Fischer, empleada del estudio de Di Benedetto, y por cuestiones de salud se decidió mantener en prisión domiciliaria a Rullo.

El fiscal Matías Merlo, quien lleva adelante las imputaciones, detalló que se detectaron al menos 32 operaciones de apropiación de inmuebles urbanos y rurales mediante documentación apócrifa y aprovechándose de personas mayores o fallecidas sin herederos, lo que le permitió a la banda quedarse con ese botín estimado en más de mil millones de pesos.

"La asociación ilícita comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace seis años. El objetivo siempre fue apropiarse de bienes inmuebles rurales y urbanos en el sur de la provincia", mencionó Merlo durante la audiencia imputativa, realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

"La información que corroboramos con el Registro de la Propiedad es que los titulares catastrales de los bienes en torno a los que se realizaban las estafas eran de edad avanzada o habían fallecido", explicó Merlo.

Operaciones fraudulentas

El fiscal enumeró que "la banda realizaba operaciones jurídicas, boletos de compraventa, escrituraciones, juicios de escrituración y distintos actos jurídicos, todos fraudulentos. El fin era desapoderar a los titulares registrales de los inmuebles afectados, para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros".

Y agregó: "Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió unificar la investigación en un solo legajo".

Por otra parte, precisó el fiscal Merlo que "entre los 13 imputados hay 11 personas oriundas de Venado Tuerto; uno de Armstrong; y otro de Rosario". Los tres restantes detenidos aún no fueron imputados oficialmente.

"Por más que sean profesionales, no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera, esgrimiendo un arma, le dictan prisión preventiva, a estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una lapicera, también tienen que quedar en prisión preventiva", sostuvo Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe.

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