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La SIP debate la necesidad de ampliar los principios de libertad de expresión a internet

Dessein presentó en la Asamblea el informe de ADEPA
Dessein presentó en la Asamblea el informe de ADEPA Crédito: Javier Corbalán
Alan Soria Guadalupe
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21 de octubre de 2018  • 19:21

SALTA.- En un intenso debate que por ahora no muestra acuerdos unánimes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) discute por estas horas la confección de una declaración de principios sobre la libertad de expresión en la era digital en la que se dirime, entre otros puntos, si se incorporan o no artículos que le identifican los roles y adjudican responsabilidades a los intermediarios tecnológicos como Google, las redes sociales y las empresas de comunicación, quienes distribuyen los contenidos.

Numerosos periodistas y dueños de medios del continente están reunidos en esta ciudad en el marco de la septuagésima cuarta asamblea del organismo, en la que se busca incorporar por primera vez aspectos de las nuevas tecnologías a los valores históricos de la entidad.

El borrador de la declaración enfatiza en la necesidad de ampliar los principios de libertad de expresión a internet. El escrito aborda en sus trece puntos el bloqueo de información, la censura previa, la difusión de noticias falsas, la vigilancia digital por parte de las autoridades, la protección de datos personales, las amenazas y violencia en el ciberespacio, además de la cuestión de los intermediarios.

Si bien hay acuerdos mayoritarios en los primeros artículos de la declaración, este último punto es el que despertó preocupaciones entre algunos miembros.

"El Estado puede bajar [por censurar] contenidos, pero también lo pueden hacer los intermediarios. La idea es separar la censura estatal de la actividad de esas plataformas, a las que les exigimos transparencia", dijo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien agregó que el sistema de algoritmos puede terminar restringiendo el acceso a determinados contenidos. "La manera en la que tratamos eso es distinto a cómo tratamos al Estado. Facebook es una empresa privada, como los medios", indicó.

En el auditorio lo escuchaban representantes de Google y Facebook, que expusieron ayer sobre la distribución de noticias y desinformación en la red sin hacer referencia a la declaración.

En una respuesta contundente, el constitucionalista Gregorio Badeni aseguró sentir "temor" de que si los tres artículos sobre intermediarios llegan a la versión final del texto trabajado en Salta pueda llegar a debilitar la declaración de Chapultepec, de 1994, que sentó las bases de las consideraciones de la libertad de prensa en cuanto ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad, independientemente del medio que se trate.

"Chapultepec es un documento básico sobre la libertad de expresión. No hay dos libertades distintas, una digital y otra tradicional. Tengo miedo de que con esta declaración le estemos dando el acta de defunción y Chapultepec pierda jerarquía", sostuvo y despertó aplausos de un sector del auditorio.

Badeni propuso crear una comisión especial para que evalúa la incorporación de las nuevas consideraciones a la declaración de 1994.

Si bien las autoridades del organismo no creen que el nuevo texto le haga sombra a Chapultepec, también tienen posiciones encontradas con respecto al contenido de los artículos. El texto final se pondrá a consideración de la asamblea hoy.

LA NACION expresó ayer, a través del director de Relaciones Institucionales del diario, Norberto Frigerio, su adhesión al proyecto, al que consideró un "acto fundacional" sin desestimar que en el futuro pueda incorporar actualizaciones.

El texto en debate señala que "los gobiernos no deben imponer a los medios y a los intermediarios tecnológicos responsabilidades legales por los contenidos generados o compartidos por los usuarios, a menos que hayan intervenido en los mismos o se nieguen a cumplir una orden judicial". También establece que los intermediarios, los medios y las plataformas digitales "deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual; así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos", al tiempo que "deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de información".

El tercer artículo ligado a los intermediarios, en tanto, asegura que esos actores "deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión" por lo que "sus políticas y criterios para restringir la circulación de contenidos deben ser claros, transparentes y no ceder ante presiones.

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