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Un presupuesto que va a profundizar la desigualdad en la Ciudad

Carlos Tomada
Carlos Tomada PARA LA NACION
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24 de octubre de 2018  • 00:00

Junto con la política socio-laboral, la política fiscal es una de las herramientas que tienen los gobiernos para reducir la desigualdad. Son estos dos instrumentos los que crearon sociedades más justas, principalmente en Europa, y de manera intermitente en los países latinoamericanos. Es a través de ellas que los gobiernos pueden corregir los efectos desigualadores del mercado y mejorar las condiciones de vida de la población.

Con el proyecto de presupuesto 2019 presentado la semana pasada en la Legislatura de la Ciudad, las autoridades de Cambiemos confirman -una vez más- que prescinden de esta herramienta, o peor aún, que siguen decidiendo sobre el gasto público de una manera que profundiza las inequidades y consolida un modelo de ciudad excluyente.

Los fundamentos técnicos que venimos escuchando de los funcionarios son variados y dispares, pero el mensaje político es siempre el mismo: no hay alternativa. Bajo ese lema, a lo largo de los más de diez años de gestión definieron un perfil de gasto regresivo.

La razón detrás de esta trayectoria fiscal no es la falta de alternativas, sino la persistencia de una lógica electoral. Todos los años crece la participación de los gastos de mucha visibilidad, mientras que pierden espacio los gastos menos visibles pero más importantes a la hora de corregir la desigualdad que genera mercado, como educación, trabajo y salud.

Con el proyecto de presupuesto 2019 lo primero que nos informó el oficialismo es que están adelantando parte del ajuste a este año: las proyecciones del gasto real de 2018 son inferiores al gasto de 2017. Los últimos datos de ejecución de presupuesto -segundo trimestre- son elocuentes sobre las prioridades mencionadas anteriormente: mientras el Instituto de la Vivienda (IVC) ejecutó solamente el 28,7% del presupuesto vigente, el programa de "Cuidado y Puesta En Valor De Espacios Verdes" llegó a 58,7%. Dicho de manera simple, Cambiemos es más eficiente en arreglar canteros que en hacer viviendas. En este caso, la eficiencia es una medida de las prioridades de gestión.

El año que viene será entonces el segundo año consecutivo de reducción del gasto real. Esto se deriva de que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento de los gastos del 25,8% en términos nominales y una inflación promedio de 34%, lo que da una disminución real de más del 6%.

El criterio y las prioridades del recorte tienen el sello de Cambiemos: más gasto en deuda y seguridad, menos en servicios públicos. Dentro de servicios sociales, las caídas reales afectan a casi todas las funciones: Salud: -2,7%, Educación: -3%, Cultura: -42,5%, Trabajo: -20%, Vivienda: -7,6%, Promoción y Acción Social: 0,4%, Agua Potable y Alcantarillado -38,6%. Como se venía anunciando el año que viene no habrá recursos para obra pública: el total de gastos de capital va a caer un 19%.

La única finalidad que no cae es la de servicios e intereses de la deuda, que crece un 30,1%. La política de endeudamiento está mostrando sus consecuencias. Hace cuatro años el gasto destinado a pagar intereses era cercano al 1% del total, para el año que viene se espera un 8%. Es el ítem que más creció junto con seguridad y refleja que la administración fiscal del Pro fue, además de regresiva, ineficiente. El nivel y ritmo de endeudamiento no está reflejado en la calidad de vida de los porteños.

¿Cuál es la consecuencia de este patrón de gasto? Que crecen las desigualdades entre diferentes grupos, de acuerdo a los caprichos del mercado. En los últimos tres años se ampliaron de manera alarmante las brechas de empleo e ingresos entre diferentes grupos. Entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2018, mientras los varones mantienen la misma tasa de desocupación (7,5%), para las mujeres esta creció de 9,7% a 13,1%, un 35% más en tres años. Mientras para los habitantes de la zona norte de la ciudad la tasa bajó de 6,9% a 6,1%, las personas de la zona centro que no consiguen empleo pasaron de 7,6% a 11,1%, y las de la zona sur pasaron de un 12,7% a 12,4%, como consecuencia de que la gente directamente está dejando de buscar empleo por la falta de oportunidades laborales (caída fuerte de la tasa de actividad).

Difícilmente el gobierno de la Ciudad pueda mejorar las condiciones y el acceso al trabajo en la ciudad si no se asignan recursos y se diseñan políticas para este fin. Mientras los intereses de la deuda se llevan un 8% del gasto, la función Trabajo -que incluye programas para "la protección del trabajo, la capacitación y formación profesional, la promoción de las relaciones laborales y la creación de empleo"- se lleva solamente un 0,7%. Lo mismo sucede con los escasos recursos programas destinados a la promoción de la ciencia y la innovación productiva.

Por último, el proyecto nos informa que el año que viene va a volver a caer el poder adquisitivo de los trabajadores públicos de la ciudad, como viene sucediendo desde 2016. Se contempla un crecimiento de la masa salarial de 26,2% y un crecimiento de la dotación de 1,9%. Con una inflación de 34% eso implica una caída del salario real del 7,6% de los trabajadores municipales.

Al oficialismo le falta creatividad y voluntad política en el manejo de la política fiscal, y eso está impactando directamente en el bienestar de los porteños, que pagamos cada vez más por servicios públicos de peor calidad y con menor acceso. La lógica electoral que lleva a priorizar el gasto visible por sobre el estructural le está haciendo muy mal a Buenos Aires y ahora que empeoró la situación económica nacional esto quedó todavía más en evidencia.

Jefe de Bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña

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