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Un búnker de venta drogas funcionaba frente a la escuela en el sur de Santa Fe

La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un familiar de un conocido narco de la zona que seguía operando desde la cárcel de Devoto
La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un familiar de un conocido narco de la zona que seguía operando desde la cárcel de Devoto
Germán de los Santos
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24 de octubre de 2018  • 12:55

ROSARIO.- El "kiosco" de venta de cocaína y marihuana funcionaba frente a la escuela 9 de Julio, en Firmat, localidad situada a 120 kilómetros al suroeste de esta ciudad. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento allí y detuvo a un hombre de 28 años, familiar de Aldo Orozco, un narco que está preso y fue condenado en junio pasado a 12 años de prisión, en la causa en la que terminó absuelto el ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli.

El punto de venta de estupefacientes funcionaba en la calle San Juan al 1000. Frente a ese lugar, donde paraban motos a toda hora del día, está la escuela N°159, donde van los chicos del barrio Carlos Casado. Allí llegaron el lunes a la tarde efectivos de la PDI por orden del juzgado federal de Venado Tuerto y detuvieron a Pedro Zapata, que residía en ese lugar.

En ese inmueble funcionaba un punto de venta de drogas. Los efectivos de la PDI secuestraron teléfonos celulares, marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un automóvil marca Ford.

Zapata, de 28 años, es pariente de Aldo Orozco, quien también vivió en Firmat hasta que fue detenido en 2013 en esa casa de San Juan al 1000, desde donde manejaba la venta de drogas en la región.

Orozco es uno de los narcos más conocidos del sur de Santa Fe. Fue condenado en octubre de 2016 a seis años de prisión por transporte de estupefacientes con fines de comercialización por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario.

En junio pasado sumó otra condena a 12 años, junto con otro protagonista del narcotráfico en el sur de Santa Fe: Carlos Andrés Ascaíni, el "Vasco", que recibió una pena de 10 años, aunque está en libertad condicional porque fue detenido en 2013 y cumplió parte de la sentencia. En esa causa fue absuelto Tognoli, que había llegado al juicio acusado de participar de una "empresa criminal conjunta" con los narcos.

En junio de 2016, como publicó LA NACIÓN, el fiscal Santiago Marquevich detectó a través de una investigación que Orozco seguía manejando los hilos de la banda desde el pabellón 10 de la cárcel de Devoto. Según su investigación, familiares y gente de confianza en Firmat le enviaban cocaína al penal, en encomiendas, para que la vendiera en la cárcel y, además, probara la calidad del estupefaciente.

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF), los envíos se pactaban en fechas determinadas, de lo que "se desprende que contaría para el accionar ilícito con la colaboración de la guardia en turno y/o una persona específica".

La caída de Orozco y Ascaíni hizo crecer a otras bandas en esa región, que como las anteriores tenían una fuerte vinculación con la policía. En junio pasado el juez federal Carlos Vera Barros elevó a juicio otra causa en la que el centro de las operaciones era Venado Tuerto y Firmat.

El líder de esta banda es Franco Arias, alias "El Venadito", que fue detenido en 2014, un año después del desbaratamiento de la organización liderada por Orozco y Ascaíni. En esa causa también están imputados el sargento Horacio Montaro.

Miguel Ángel Fernández, conocido como el "Viejo Miguel" y radicado en la ciudad bonaerense de Pilar, está acusado de ser el proveedor de la droga que la banda comercializaba.

Tal como surge de la investigación realizada por la fiscal Adriana Saccone, este grupo adquiría la cocaína en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores porteño, y luego la fraccionaban para su venta al menudeo en Firmat y en Venado Tuerto.

La banda del Venadito creció "cuando cayeron el Vasco Ascaíni y Totola Orozco, y aprovechó ese vacío para quedarse con la comercialización de estupefacientes", sostuvo un investigador que reveló que "el Venadito era muy celoso del manejo del negocio y se encargaba él mismo de realizar las compras".

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Saccone acusó a todos los sospechosos de "tenencia con fines de comercialización en forma organizada y conjunta de las sustancias incautadas" con el agravante de "la intervención de más de tres personas". Dentro de esa calificación legal, Arias está acusado como "organizador y financista" de la organización, mientras que en el caso del sargento Montaro la imputación fue agravada por su condición de funcionario público.

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