El peronismo logró quitarse de encima el peso de los recortes

Laura Serra
Laura Serra LA NACION
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25 de octubre de 2018  

A diferencia de la discusión de otros presupuestos en el Congreso, este desató una polémica inusitada y virulenta, con forcejeos que casi llegaron a los golpes de puño dentro del recinto, mientras en las calles llovían las balas de goma y los piedrazos.

Aun así, el proyecto se encaminaba esta madrugada a obtener media sanción en la Cámara de Diputados gracias al aporte de un sector del peronismo. ¿Cómo se explica esto, si se trata de un presupuesto que impone un fuerte ajuste del gasto público, destina miles de millones de pesos a pagar intereses de deuda y es fruto del condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), todas estas premisas que se hallan en las antípodas del credo peronista?

El peronismo no actúa por altruismo; guiados por su más puro instinto pragmático, los gobernadores del PJ lograron, en sus negociaciones con el Gobierno, que el mayor peso del ajuste recaiga sobre las espaldas de la Nación, y particularmente sobre las de Buenos Aires y la Capital, ambas gobernadas por Cambiemos. Merced a la adenda al consenso fiscal, que dispone una serie de modificaciones tributarias (Sellos, Ganancias, Bienes Personales), los mandatarios peronistas verán engrosadas sus arcas fiscales el año próximo para compensar, con creces, la eliminación del fondo sojero y de los subsidios al transporte que impuso la Nación.

En cambio, el gobierno de Mauricio Macri se las verá en figurillas a la hora de imponer su política de ajuste y de aumentos impositivos en un año electoral clave que definirá su continuidad en el poder. No solo Macri; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, víctima de la presión de los mandatarios del PJ, estará obligada a afrontar, sin subsidios nacionales y con un Fondo del Conurbano devaluado por la inflación, el transporte público y la tarifa social del agua, además de hacerse cargo de Edenor y de Edesur. Esto explica el malestar de la gobernadora de Cambiemos hacia algunos ministros de la Casa Rosada, malestar que se apaciguó en las últimas horas tras recibir la promesa de una compensación vía decreto presidencial.

Lo cierto es que, a cambio de los votos peronistas en el Congreso, el Gobierno accedió a sobrellevar la carga mayor del ajuste. Salvo los planes sociales, todas las áreas de la administración pública sufrirán fuertes recortes en términos reales, con mayor énfasis en el gasto de capital (se resentirá la obra pública) y los subsidios a la energía, lo que anticipa un nuevo aumento de tarifas el año próximo. Pero la poda también llegará al gasto social, y este es el blanco más vulnerable que exhibe el oficialismo. Según detalla un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si bien el gasto público social aumentará 32,2% con relación a este año, caerá un 1,9% en términos reales. La única función que se mantiene constante en términos reales, precisa el informe, es Seguridad Social, con un crecimiento nominal del 34,6%.

"El resto de las funciones presentan caídas que van del 4,0% al 17,3%, siendo las de mayores reducciones las funciones Vivienda y Urbanismo (-17,3%), Trabajo (-12,8%), Educación y Cultura (-10,0%) y Agua Potable y Alcantarillado (-9,5%)", precisa la OPC.

El discurso oficialista insiste en que el ajuste es inevitable. Y que el equilibrio en las cuentas públicas es el paso primero para pensar en el crecimiento de la economía. La oposición retruca: el déficit cero genera recesión y posterga el despegue económico. Ante estas dos posturas al parecer irreconciliables, el diputado Martín Lousteau, de Evolución Radical, advirtió que, en realidad, no se aborda correctamente el problema.

"La cuestión no es que el Estado no tiene plata. La tiene y de sobra. El problema es que no se asignan correctamente las prioridades del gasto. No se atacan los privilegios y se mantienen partidas superfluas. El costo del ajuste podría ser mucho menor", planteó.

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