Sobre la Justicia Federal

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26 de octubre de 2018  

La atención de la opinión pública sobre el desenvolvimiento de la Justicia Federal se concentra casi siempre en los magistrados con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en parte, porque aquí se dan los casos más resonantes, pues es donde radican los tres poderes de la República.

La Justicia Federal fue creada para asegurar la defensa de los derechos individuales en las provincias. Quienes organizaron la Nación tenían en claro la fragilidad de las instituciones provinciales y la necesidad de proteger de gobernadores con pretensiones o comportamientos caudillescos las libertades y las garantías constitucionales de esos pueblos.

Cuando se restableció la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín propuso una Corte Suprema integrada por jueces que, en su mayor parte, no tenían vinculaciones con su partido. Es más, le ofreció a su contrincante en los comicios, Ítalo Luder, la presidencia del tribunal supremo.

Se seguiría así una tradición iniciada por Bartolomé Mitre cuando tuvo la responsabilidad de integrar la primera composición de ese tribunal, promoviendo la designación de conocidos adversarios políticos. Esta buena costumbre se mantuvo hasta el lamentable juicio político a la Corte de 1947, cuya consecuencia fue un organismo adicto, al servicio del gobierno del general Perón.

Lamentablemente, no pudo Alfonsín evitar ceder a las pretensiones del presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Vicente Saadi, de nombrar abogados sin antecedentes adecuados que se destacaran por su idoneidad e independencia. A partir de entonces, los jueces federales de las provincias fueron en su mayoría dirigentes partidarios vinculados con los gobernadores. Así se desvirtuó su rol y, en lugar de proteger a los ciudadanos de las demasías de gobernadores autoritarios, verdaderos señores feudales algunos, como los que imperan en varias provincias del norte del país (además de San Luis y Santa Cruz), son instrumentos para asegurar la impunidad de estos caudillejos.

La creación del Consejo de la Magistratura no resultó en un cambio como el que se necesitaba debido a que algunos concursos fueron amañados y otros no han sido respetados. El resultado es que algunos jueces, además de su ineptitud y servilismo, han sido protectores de delincuentes como el exjuez federal de Santiago del Estero que protegió a piratas del asfalto, saqueadores de vías férreas o de talleres ferroviarios. En Salta, recientemente se encontró a un juez cómplice del narcotráfico, situación que se reitera en otras provincias.

En varias oportunidades nos hemos referido a cómo no fueron respetados los resultados de los concursos en Santiago del Estero cuando se designaron los actuales jueces y fiscales federales. El juez federal de esa provincia ha sido muy remiso en las causas sobre drogas, pero no dudó en archivar una denuncia contra el padre de la exgobernadora y esposa del actual gobernador, Gerardo Zamora, por cobros indebidos al PAMI.

Ante los graves y crecientes problemas que genera el narcotráfico en el norte debido a la extensa frontera con Bolivia, país productor de coca, y con Paraguay, con extensos cultivos de marihuana, el Poder Ejecutivo Nacional ha resuelto incrementar el número de jueces federales en las provincias de esa región. Esta decisión abre una esperanza de una mayor eficacia procesal en la lucha contra el tráfico de drogas, contando con jueces independientes. Sin embargo, la propuesta de designar al frente del nuevo juzgado federal de Santiago del Estero al actual presidente del Superior Tribunal de esa provincia, Sebastián Argibay, lleva al escepticismo.

El candidato propuesto a consideración del Senado preside un tribunal caracterizado por su servilismo al Ejecutivo provincial, como cuando entre otros fallos declaró inconstitucional la ley que prohibía una segunda reelección consecutiva de Zamora, quien estaba además acusado de delitos graves en una causa que investiga el fiscal federal Carlos Rívolo. No es el único caso; otro miembro del superior tribunal está procesado por sospechas de corrupción cuando se desempeñaba en Fabricaciones Militares.

Esperamos que un asunto de tanta trascendencia institucional como es la designación de un nuevo juez federal no sea moneda de canje.

Max Weber escribió sobre el dilema del gobernante entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. En un asunto que hace a la integridad de la Justicia y a las libertades y los derechos de los pueblos de las provincias, es inadmisible que una de las monedas de canje sea la designación de un juez federal. En este caso tan importante como delicado, sin duda, debe primar la ética de los principios.

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