Se frenó la voracidad, sigue el apetito

Cristian Mira
Cristian Mira LA NACION
La mayor carga tributaria se pudo frenar en la Cámara de Diputados
La mayor carga tributaria se pudo frenar en la Cámara de Diputados Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio
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27 de octubre de 2018  • 04:00

Se frenó una parte de la voracidad, pero eso no significa que el apetito esté saciado. La media sanción del proyecto de ley de Presupuesto para 2019 no incluyó el impuesto a los bienes personales para los inmuebles rurales como se había propuesto en un principio. Con haber escuchado con atención a los ruralistas que ya estaban recibiendo las quejas de los productores el Gobierno se salvó a sí mismo de pegarse un tiro en el pie. La intención de llegar al "déficit cero" a cualquier precio lo pone a riesgo de afectar al sector que más rápidamente puede generar los dólares necesarios para estabilizar la economía.

Esta vez la Mesa de Enlace se movió rápido y consiguió frenar un nuevo tributo sobre la producción. Hay quienes creen que en el Senado podría haber un nuevo intento por sumar bienes personales al agro, pero los especialistas en temas parlamentarios, como la Fundación Barbechando, lo consideran improbable, porque si la Cámara alta revisa lo aprobado en Diputados el proyecto debería volver a la cámara de origen.

Lo bueno que no haya entrado bienes personales quedó empañado por la cristalización de los derechos de exportación que se votó en el Presupuesto. El Gobierno tendrá la potestad hasta 2020 de fijar hasta 30% las retenciones a la soja y a los subproductos y establecer en un 12% del valor FOB ese tributo para el resto de los productos. "Si el dólar aumenta a $50 y se modifican las retenciones, en uso de las facultades que el Congreso está por delegar esto, significará mayores retenciones", explicó el consultor Andrés Domínguez. "Las retenciones pueden haber vuelto para quedarse, y esto podrá ser decidido exclusivamente por el Presidente, sin consultar con el Congreso, y también durante 2020", añadió.

Una productora agropecuaria con experiencia en enfrentar la voracidad fiscal del Estado lo describió de otra forma: "se perdió una batalla cultural, fue como un Sí positivo".

La historia de los derechos de exportación y de otros impuestos que se establecen como temporarios demuestra que rara vez son transitorios. La dirigencia política los justifica. Y buena parte del establishment económico, si los beneficia, los apoya. En la agroindustria también sucede esto: se avala una distorsión tributaria que perjudica a una de las partes de la cadena para obtener una mejor posición competitiva. No parece un argumento coherente. En todo caso, si se necesita apoyar a una industria que padece las distorsiones de los competidores se podrían considerar otros mecanismos, como reintegros a la exportación.

En ese contexto, la voracidad recaudadora del Estado no se detiene. Lo demuestran en la provincia de Santa Fe, donde le dieron media sanción a un proyecto que triplica el impuesto a los ingresos brutos y un aumento del impuesto inmobiliario a las empresas cerealeras para financiar un fondo para el transporte público. Frente a la quita de subsidios de la Nación a las provincias para el pago de las tarifas de colectivo, los legisladores santafecinos no tienen otra idea que dañar al sector productivo.

No hace falta ser muy agudo para descubrir lo que hará el complejo oleaginoso, con toda lógica económica, para responder a esta carga impositiva: lo descargará en la producción. Es obvio que no hay que esquilmar a la población de menores ingresos con tarifas imposibles de pagar, pero la dirigencia política apela a la demagogia para los ingresos y los gastos. Así, las provincias están muy lejos de competir para atraer inversiones bajando impuestos, hurgan entre los sectores competitivos de la economía para ver de dónde pueden extraerles recursos.

Las próximas discusiones se van a centrar en las actualizaciones de los impuestos inmobiliarios. La tentación de subirlos por encima del incremento del índice de la inflación es muy grande en un contexto de ajuste de los gastos del Estado.

Aunque las perspectivas climáticas son buenas en cuanto a un año Niño o neutral, el Gobierno cometería un error si confía ciegamente en que tendrá los "dólares del campo" para 2019 que no tuvo en 2018. El mercado internacional de granos está enrarecido por las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y no puede augurarse un horizonte alcista de precios. No es recomendable gastar a cuenta.

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