Un presupuesto para atravesar el desierto

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
La futura ley es una coproducción entre Cambiemos y un sector del PJ para transitar la estanflación y apuntalar la gobernabilidad en 2019
La futura ley es una coproducción entre Cambiemos y un sector del PJ para transitar la estanflación y apuntalar la gobernabilidad en 2019
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28 de octubre de 2018  

Con la media sanción en Diputados, el proyecto de Presupuesto Nacional pasó a ser algo más que la herramienta clave del fuerte ajuste fiscal para bajar a cero el déficit primario (sin intereses de la deuda) y obtener la inmediata aprobación del crédito ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI), que despeja la incertidumbre sobre los pagos externos de la Argentina en lo que resta de este año y a lo largo de 2019.

Aunque haya quedado en segundo plano por la reedición de los disturbios promovidos frente al Congreso por el kirchnerismo y la izquierda para frustrar la sesión, la ley que votará el Senado a mediados de noviembre también será el resultado de la trabajosa negociación entre el gobierno de Mauricio Macri y el sector del peronismo federal integrado por los principales gobernadores del PJ que buscan su propia reelección, al igual que los de Cambiemos.

En los papeles, este acuerdo tiene un doble objetivo político: llegar a las elecciones sin un nuevo descarrilamiento de la economía y, por ende, evitar que otra crisis cambiaria ponga en riesgo la gobernabilidad, que afectaría a unos y otros durante la campaña electoral. De hecho, varias provincias están endeudadas en dólares y esta situación las coloca en el mismo barco de la Casa Rosada. Sin ley de presupuesto , el toma y daca de las últimas semanas sería una constante el año próximo, ingresaría en un terreno aún más discrecional y complicaría los desembolsos del FMI condicionados al cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, con lo cual la macro se convertiría en un tembladeral. En este marco, el pacto convalida implícitamente la otra pata del plan "doble cero"; o sea, la nula expansión de la base monetaria hasta junio -salvo el respiro estacional de diciembre- para restarle presión al dólar, estabilizar el mercado cambiario y desacelerar la inflación.

En la práctica, sin embargo, este esquema se asemeja a una travesía por el desierto con pocas provisiones y duración incierta. El punto de partida es la actual recesión, agudizada en el corto plazo por la caída del salario real, el consumo y las astronómicas tasas de interés. Y el de llegada no está a la vista. Los pronósticos de empresarios y consultoras económicas se dividen entre quienes creen que la economía dejará de caer a fin del próximo verano con la cosecha récord; a fin del otoño o incluso del invierno, aún con una inflación en paulatino descenso desde los picos de 2018 para volver a los altos niveles de 2017 (25%).

Con esta perspectiva difusa, la política fiscal juega un papel procíclico. A grandes rasgos, el déficit primario cero supone bajar partidas para nuevas obras públicas y subir la presión tributaria sobre el sector privado. También un ajuste de las tarifas de energía y transporte similar a la inflación, para reducir y redistribuir subsidios entre la Nación y las provincias tras la suba de los últimos meses debido al impacto de la devaluación. Para llevar a cabo el ajuste fiscal de 2,6% del PBI (equivalente a unos 12.000 millones de dólares), más de 1 punto porcentual recae en las retenciones (con topes de 12% y de 30% para la soja) y la reducción de reintegros a la exportación; 0,6% a menor inversión pública y otro punto al recorte del gasto corriente no indexado, aunque habrá un refuerzo de 0,2% en el gasto social. En otras palabras, el Estado restará más de lo que pueda sumar para reactivar la economía. Pero ninguno de estos ajustes implica reformas estructurales sustentables a más largo plazo.

Es cierto que el presupuesto 2019 terminó siendo una coproducción entre el oficialismo y el sector negociador del PJ que apuntala la gobernabilidad frente a una coyuntura económica complicada. No obstante también corrobora que, sin mayoría en ambas cámaras del Congreso, el gobierno de Macri no puede aprobar leyes sin los votos de una parte de la oposición y esto eleva el costo de los acuerdos. Una prueba es que 18 gobernadores firmaron la adenda al Consenso Fiscal de 2017 para suspender las rebajas del impuesto de Sellos y asegurarse la financiación del déficit de las cajas jubilatorias de 13 provincias que pagan haberes más altos que la Anses.

El resultado final es una suerte de patchwork que, en nombre de las necesidades y urgencias fiscales, emparchó no solo el proyecto original sino también leyes sancionadas hace menos de un año y que obligarán a recalcular varias partidas de gastos, ingresos y transferencias a provincias. En el camino quedaron la eliminación de exenciones en Ganancias a suplementos salariales y la aplicación del gravamen a 1450 cooperativas y mutuales de crédito y seguros, que en este caso será reemplazado por una contribución especial por cuatro años sobre las 150 de mayor patrimonio. A esto se sumó el típico "poroteo" de último momento para canjear obras públicas a cambio de votos a favor del presupuesto. Y que el Congreso tratará por separado otras leyes para subir las alícuotas de Bienes Personales (sin incluir inmuebles rurales productivos) y replantear las condiciones del revalúo impositivo de balances en Ganancias. Por otro lado, quedó pendiente de instrumentación el reclamo de María Eugenia Vidal de actualizar las transferencias del Tesoro ($19.000 millones) para recuperar los recursos del extinguido Fondo del Conurbano Bonaerense erosionados por la inflación y que fueron el eje del Consenso Fiscal convertido en ley hace 10 meses. Aún con el visto bueno de la Casa Rosada, la incógnita es de dónde provendrán esos fondos, frente a la restricción fiscal que supone el programa acordado con el FMI.

Quizás una pista surja del proyecto para elevar a 0,50% y 0,75% la alícuota de 0,25% en del Impuesto a los Bienes Personales (IBP), que estaba expresamente vedada hasta 2020 como paso previo a su eliminación, prevista en la ley de blanqueo. El oficialismo atribuye esta iniciativa a los gobernadores peronistas, ya que surgió del reclamo de destinar $6500 millones a un fondo para subsidios al transporte en provincias y municipios. Pero la oposición retruca que Cambiemos aceptó elevar el mínimo no imponible a $2 millones anuales. Una cifra que equivale hoy a poco más de US$50.000, inferiores al precio de un monoambiente. Y desvirtúa tanto el sentido de este controvertido gravamen, bautizado hace más de 20 años como "impuesto a la riqueza", como la afirmación del ministro Dujovne de que la presión tributaria no aumenta, sino que "no baja".

Con todos los reparos que merece en materia de previsibilidad, este tironeo por los gastos e ingresos fiscales resulta más justificable que la hueca consigna "No al presupuesto del FMI", enarbolada por la oposición K y partidos de izquierda, sin precisar cuál sería la alternativa viable para no caer en otro default o una espiral hiperinflacionaria al estilo venezolano. La diputada Victoria Donda logró atraer a las cámaras con la silueta fotográfica en tamaño real de Christine Lagarde con la banda presidencial argentina y la afirmación de que "para darle plata al FMI, el gobierno se las saca a los jubilados y a la clase media". Pero es a la inversa. Ningún país está obligado a recurrir a la asistencia del Fondo como prestamista de última instancia si tiene sus cuentas fiscales o externas en orden y puede financiar sus déficits de manera sustentable. Otro tanto vale para la oposición más moderada que reclama un "modelo productivo", sin aclarar quienes y como pagan los costos. La Argentina tiene demasiada experiencia en vivir de prestado para que mucha gente viva del Estado sin contraprestación alguna.

Macri no está exento de esta responsabilidad por los últimos tres años de endeudamiento creciente para financiar un gradualismo fiscal que no llegó a destino. No pocos gobernadores del PJ calculan que si logra ordenar las cuentas, la economía se recupera en 2019 y fuera reelecto, habrán contribuido a la gobernabilidad. Y si no, habrá hecho buena parte del "trabajo sucio" para quien lo suceda. El problema es que, como en tantas otras elecciones presidenciales, hasta ahora las probables opciones se ubican a 180º de distancia. Por eso, el riesgo argentino no baja de 650 pese al respaldo del Fondo.

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