Abogados sin ética (parte I)

Ante la indiferencia de los colegios profesionales, hay letrados mediáticos que prosperan con los escándalos y transmiten una deplorable imagen
Fernando Burlando, uno de los abogados más cuestionados
Fernando Burlando, uno de los abogados más cuestionados Fuente: Archivo
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29 de octubre de 2018  

En los últimos años surgió una nueva versión de abogados, a los que llaman "mediáticos", o abogados "de los famosos". Proyectan una imagen deplorable de la profesión, ante la complacencia impávida de los colegios de abogados que controlan el ejercicio de la profesión, instituciones nacidas bajo la premisa de que velarían por el respeto de las normas de ética y por la dignidad de la abogacía.

Algunos aparecen envueltos en las situaciones más escandalosas. No solo se prestan, sino que incluso pugnan por aparecer en los medios. A diario los encontramos comentando sobre cualquier tema, opinando sobre causas o sobre materias que no conocen, elogiando o criticando al magistrado que interviene o vaticinando resultados; o, cuándo no, tomando al medio de difusión como un recurso más para influir ante los jueces o procurarse nueva clientela, en franca violación de sus deberes.

En asuntos penales y de familia, se ventilan sin pudor alguno los nombres y hasta la problemática íntima de clientes y terceros. Estas prácticas demuestran que no se tiene sentido del valor del secreto profesional, pese a que el deber de defenderlo no tiene que ceder ni ante los magistrados. Hay quienes hablan de honorarios profesionales sin consideración alguna, confesando que los fijan por la cara del cliente y no en función de la complejidad y responsabilidad de la tarea profesional encomendada. Otros, con total desparpajo, admiten que sus honorarios entran en un "canje" cuando sus clientes pueden mencionarlos o llevarlos a la televisión; o en causas penales resonantes, que les garanticen difusión mediática. Hablan de millones de pesos o de cientos de miles de dólares, como si el aprovechamiento de la situación, el engaño o la venta de influencia pudiera justificarlos.

Personifican un total desconocimiento de las reglas que consagran los códigos de ética aplicables, como el de los abogados de la ciudad de Buenos Aires, que obliga a "evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a aprovechar toda influencia política o cualquier otra situación excepcional". Es así como muchos de estos abogados carecen de los más mínimos frenos morales, y hasta amenazan con dar a publicidad situaciones reales o falsas para obtener resultados económicos, cuando no defraudan a sus clientes bajo el pretexto de tener que comprar la voluntad de los jueces u otros empleados públicos: lo primero, una lisa y llana extorsión; lo segundo, una inconducta que el Código Penal sanciona con prisión.

Tan deplorable fauna fue también poblada últimamente por otro nefasto ejemplar, bautizado "valijero", que puede coincidir o no con el tradicional "arreglador", en estos casos en abyecta complicidad con algunos magistrados que no merecen ser tales, personajes ahora encubiertos bajo el mote de "operadores judiciales". El estado público que han tomado en los últimos años estas deleznables actividades ocasiona un inmenso daño a la Justicia y a la profesión.

Basta mencionar estas prácticas para demostrar el supino desconocimiento de las normas que imponen la ética y que obligan a preservar y defender el secreto profesional, así como las que procuran evitar el destrato entre colegas y las que determinan las pautas de decoro en el trato con los clientes. Estos profesionales más merecen ser llamados leguleyos que abogados. A los que hacen del ejercicio profesional una práctica criminal ni siquiera les cabe ese calificativo. Solo el de delincuentes.

Cabría preguntarse qué sanción ejemplar ha habido por parte de los colegios de abogados para con ellos. Lamentablemente estas actitudes están tan difundidas en una Argentina que pareciera haber perdido el rumbo ético que no provocan reacción alguna en quienes tienen que velar por que estos hechos no ocurran. Tanto que muchos medios y hasta buena parte de la sociedad los consideran normales, valorando como importantes y hasta prestigiosos a tales sujetos o a sus bufetes. Afortunadamente, quienes se mueven con apego a las reglas de la ética y el buen actuar profesional son todavía una mayoría silenciosa, aunque parecen resignados a no encontrar eco en la sociedad y mucho menos en la institución que debe poner coto a estos vicios ignominiosos. Sería por eso muy importante que de haber sanciones por estas causas, estas fueran ampliamente difundidas por los colegios profesionales que las hubiesen aplicado.

No debemos olvidar que el abogado es, primariamente, un auxiliar de la Justicia: como asesor legal, debe ser estrictamente leal, además de eficaz, para lo que debe mantenerse actualizado en la disciplina. Como litigante, asume el deber de llevar y probar ante la Justicia la parte de verdad que le toca defender, sea como acusador o como acusado, como demandante o como demandado. En ambos roles rige el mismo imperativo de lealtad, probidad y buena fe. Una buena imagen profesional se integra en estas ideas rectoras y si se pierde, malversa lo esencial de su trabajo.

La reputación de nuestra Justicia se encuentra por el piso, en parte, por las conductas delictivas y antiéticas de algunos magistrados y funcionarios, pero también de los abogados que medran con ellas, y del silencio de la institución que tiene el deber legal de señalar y sancionar las irregularidades que se observaren en su funcionamiento. No debe en este sentido perderse de vista que detrás de todo entramado documental o societario dirigido a concretar o encubrir actos de corrupción siempre ha participado algún inescrupuloso profesional del derecho.

Una dirigencia de la abogacía complaciente con las actitudes que se han señalado pierde autoridad moral a los ojos del poder del Estado que le ha sido delegado al que se debe, ante sus representados y ante la ciudadanía toda. Un ejemplo a destacar lo constituye la iniciativa de controlar el curso de ciertos procesos en la Justicia Penal Federal que sanamente promovió una agrupación voluntaria de abogados independientes como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a la que el Colegio Público de Abogados también adhirió,

Piero Calamandrei, famoso jurista italiano del siglo pasado, afirmaba acertadamente que había vasos comunicantes entre la abogacía y la magistratura, concluyendo que no era posible aspirar a una judicatura de excelencia sin abogados éticos y buenos.

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