La ley para recuperar bienes de la corrupción se trabó en Diputados

Carrió y Negri quieren aprobar el texto original; pero no hay acuerdo
Carrió y Negri quieren aprobar el texto original; pero no hay acuerdo Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez
Laura Serra
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29 de octubre de 2018  

Suena fácil decir que el Estado "debe recuperar lo robado" por los delitos de corrupción que comentan los funcionarios públicos. Pero resulta difícil de instrumentar: hace dos años que está pendiente de sanción en el Congreso la ley de extinción de dominio, y si bien en agosto pasado hubo un avance en el Senado , el proyecto está empantanado en la Cámara de Diputados y con escasas posibilidades de aprobación antes de fin de año.

La cuestión desata un fuerte conflicto interno en Cambiemos. De un lado, el jefe del interbloque, Mario Negri , y la diputada Elisa Carrió insisten en impulsar la iniciativa tal como la aprobó Diputados hace dos años; están convencidos de que el votante de Cambiemos exige políticas firmes contra la corrupción y que el oficialismo, que hizo de esa lucha una bandera, no debería mirar al costado. Por eso cuestionan las modificaciones que introdujo el peronismo en el Senado: entienden que dilatarán los tiempos para concretar la extinción de dominio de los bienes mal habidos.

Sin embargo, desde el mismo oficialismo el ministro de Justicia, Germán Garavano , y la jefa de la OA, Laura Alonso, creen que la media sanción aprobada por Diputados es muy defectuosa. Y que la mejor solución es rehacer el proyecto y arrancar un nuevo tratamiento el año próximo.

Esta estrategia no convence a quienes, dentro de Cambiemos, insisten en no demorar más la sanción. Sin embargo, reconocen que el texto original, impulsado por el Frente Renovador, de Sergio Massa, tiene graves deficiencias, porque se aprobó a las apuradas, al calor del escándalo que por esos días habían desatado el exfuncionario José López y el video en que se lo veía arrojando bolsos con dólares.

Ninguno de los dos textos, ni el aprobado por Diputados ni las correcciones impuestas por el peronismo en el Senado, convence del todo al oficialismo. La pelota quedó del lado de la Cámara baja, que debe decidir si insiste en su iniciativa o bien acepta las modificaciones. Ese es el procedimiento que establece la Constitución.

Sin embargo, hay quienes barajan una tercera alternativa, aunque polémica, porque no está contemplada en la Carta Magna: la insistencia "parcial" del proyecto, esto es, aceptar algunas modificaciones que incluyó el Senado y descartar otras. Un procedimiento amañado, pero que guarda antecedentes en los anales legislativos: en octubre de 1995, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, y Eduardo Menem firmaron un acta de interpretación del artículo 81 de la Constitución por la cual establecieron que cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora "podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora".

Habrá que ver si Cambiemos se atreve a usar este antecedente en su objetivo de sancionar la ley antes de fin de año. El tratamiento está paralizado por las diferencias sustanciales que median entre una media sanción y la otra.

En efecto, la iniciativa de Diputados otorga al fuero civil la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal, incluso antes de que haya condena, y establece que esta figura puede aplicarse a las causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

El peronismo en el Senado impuso otro criterio: inscribió el proceso de extinción de dominio como una instancia civil dentro del fuero penal y dispuso que solo se ejecute cuando hubiese una sentencia en primera instancia. De todas maneras, estableció en el texto la posibilidad de disponer "decomisos anticipados" para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes en cuestión mientras continúe el proceso. "Eso es gatopardismo", critican desde el oficialismo. Desde el PJ sostienen que la media sanción original, criticada por un elenco de juristas y académicos, es un "mamarracho". Entre estas dos posturas irreconciliables algunas voces del oficialismo proponen crear una comisión de senadores y diputados que elabore un texto de consenso. Por ahora, ninguna de las alternativas prosperó.

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