Brasil, la desinformación por Whatsapp y el futuro de la democracia

Valentín Muro
Valentín Muro PARA LA NACION
Jair Bolsonaro, flamante presidente de Brasil
Jair Bolsonaro, flamante presidente de Brasil Fuente: AP
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30 de octubre de 2018  • 07:49

En Brasil ganó Bolsonaro. Los pronósticos optimistas escasearon durante las semanas previas a la segunda ronda electoral, pero un diagnóstico se mantuvo firme: el nivel de agresividad en la campaña de desinformación a su favor probablemente no tuvo antecedentes en la historia reciente latinoamericana.

Con un nivel de polarización comparable al de elecciones como la de Estados Unidos o el referéndum británico por la salida de la Unión Europea, la campaña del candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro estuvo marcada por el uso y abuso de redes sociales y clientes de mensajería instantánea. En particular, una de las mayores preocupaciones giró en torno a la circulación de esfuerzos de desinformación, como noticias falsas o imágenes apócrifas, a través de WhatsApp.

En las semanas previas a las elecciones Facebook dio de baja unas 100 mil cuentas de WhatsApp por diseminar teorías conspirativas acerca de los rivales de Bolsonaro. A esto se le sumaron, por parte de defensores del candidato de ultraderecha, ataques explícitos a periodistas y encuestadores que tenían el tino de cuestionar la incendiada retórica de los seguidores del líder de la extrema derecha.

Consultada acerca de la situación en Brasil, Laura Chinchilla-jefa de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue a monitorear las elecciones-decía que la magnitud de estos esfuerzos de desinformación quizá no tenían precedentes por un motivo fundamental: "La mayoría de las fake news, al contrario de campañas electorales en otros países del mundo, en Brasil se están divulgando por una red privada que es WhatsApp".

Ya desde hace algunos meses esta peculiar complejidad de la campaña electoral en Brasil es estudiada por varias organizaciones. En especial, la ONG berlinesa Tactical Tech -en colaboración con la brasileña Coding Rights -a través de una serie de reportes minuciosos desde 2015 monitorea la influencia de WhatsApp como piedra angular de esfuerzos de desinformación masivos.

El mensajero que trae las noticias

A diferencia de hábitos de uso de internet que pueden encontrarse en el hemisferio norte, en Sudamérica, África y el Sudeste Asiático, en muchos casos la participación en grupos de WhatsApp supera ampliamente cualquier otra forma de comunicarse en línea. En consecuencia, es en estos espacios virtuales de participación y discusión que las campañas políticas progresivamente fueron llevándose a cabo.

Todo esto, si bien puede resultar iluminador, no es necesariamente alarmante. Las campañas de propaganda que aprovechan estrategias de microtargeting en redes sociales no son nuevas e incluso su efectividad es bastante discutida. Pero lo que hace a la situación en Brasil un caso particular de desinformación es la articulación del uso de WhatsApp con la obtención de bases de datos personales para aumentar la diseminación de información falsa en detrimento de candidatos opositores y fomentar posiciones extremistas.

Si bien el fenómeno de las cámaras de eco en redes sociales está bien documentado, el daño más grave a la democracia de este tipo de campañas, podríamos argumentar, está en que si bien no necesariamente alteran las opiniones de la gente, generalmente las radicalizan; haciendo difícil -si no imposible- el logro de consensos básicos entre opositores políticos, un elemento clave en la negociación de normas de convivencia en democracia.

De acuerdo al reporte específico de Tactical Tech y Coding Rights, cubierto en detalle por la organización Access Now, lo que sucedió en Brasil fue una tormenta perfecta de desinformación. Los partidos políticos contrataron a empresas de marketing (como Quickmobile, Yacows, Croc Services, y SMSMarket) para que desarrollaran "campañas basadas en datos" para WhatsApp y otras plataformas. A partir de la recolección y uso de grandes bases de datos, estas empresas debían identificar audiencias y preparar mensajes adecuados a sus preferencias y susceptibilidades a partir de datos como la edad, ubicación, ocupación, entre otros.

Casi como en un eco distante de la debacle de Cambridge Analytica y su participación en la campaña de Trump, las elecciones de Kenia de 2018 y el referéndum británico sobre el Brexit, en Brasil estas empresas se hicieron de datos personales de forma ilegal, en algunos casos incluso a partir de la venta de información por parte de empleados de firmas de telecomunicaciones.

Según la ley brasileña las campañas políticas deben utilizar únicamente datos recolectados mediante esfuerzos propios y con el consentimiento informado de las personas. Pero estas empresas de marketing, según el reporte, habrían utilizado información de diversas fuentes que o bien tenían otro propósito o bien eran ilegales. Este tipo de esfuerzos de marketing político van en contra del derecho a decidir de qué forma se usa nuestra información y en última instancia del derecho a informarnos de forma confiable.

Grupos de amigos y datos personales

En el diagnóstico de Access Now sobre la situación en Brasil se distinguen tres problemas: la pobre protección de datos personales, la crisis de desinformación y cómo combatirla, y las dificultades intrínsecas a verificar noticias que circulan en una plataforma como WhatsApp.

Si bien Brasil ha avanzado en torno a un nuevo marco legal para proteger datos personales que entrará en vigencia en 2020, esta ley tiene sus problemas (como la falta de una autoridad que la haga cumplir) y podría convertirse en una ley sin consecuencias reales. Lo que sucedió durante la campaña en Brasil viola dos principios fundamentales de la protección de datos: el del consentimiento informado y el de la especificación del propósito.

Es improbable que los 1500 grupos de WhatsApp que fueron identificados hayan dado su consentimiento para recibir propaganda política. Asimismo, es probable que la información acerca de dichos grupos se haya obtenido de forma ilegal, constituyendo un delito según la propia ley vigente en Brasil. Como se señala en el reporte de Access Now, la desprotección de los datos personales fácilmente puede convertirse en un arma contra quienes son dueños de los mismos.

Respecto de la desinformación, un peligro que también se ha presentado en la Argentina es el de proponer soluciones legislativas de alcance excesivo que criminalizan la producción de "noticias falsas". Determinar qué constituye un esfuerzo sistemático de desinformación no es trivial y el riesgo que se corre es el de socavar derechos como la libertad de expresión en pos del establecimiento de autoridades rectoras de "la verdad".

Es quizá el último punto el más conflictivo: no hay forma de monitorear lo que sucede en conversaciones privadas o en los grupos de WhatsApp. Esto es por un muy buen motivo: el tipo de cifrado que WhatsApp utiliza garantiza su protección ante terceros. Los beneficios de tener conversaciones privadas son inconmensurables frente a la propuesta de debilitar sus medidas de seguridad. Frente a los comentarios misóginos, homófobos y violentos, sumados al clima de persecución en Brasil, la privacidad de las comunicaciones se traduce directamente en un asunto de seguridad para la integridad de las minorías y grupos en riesgo.

Cuando se discute acerca de la neutralidad de la red muchas veces se ubica en un gris la posibilidad de contar con WhatsApp gratis. Pero es justamente un contexto como el brasileño el que muestra uno de sus mayores riesgos: al contar únicamente con WhatsApp, pero sin un acceso general a internet, las posibilidades de chequear la información que recibimos disminuyen drásticamente. Esta dominación de una plataforma por sobre el acceso libre a internet de este modo muestra su lado más oscuro.

La situación en Brasil si bien puede ser en algún sentido novedosa de ninguna manera es extraordinaria. En cambio, muestra de qué modo el panorama en el contexto de las campañas políticas se complejiza y expone aspectos muchas veces desatendidos del ecosistema de plataformas digitales en las que transcurre la vida política. Cualquier solución, por lo tanto, debe ser abordada en complejidad y no hay ningún truco que de un golpe pueda resolver nada.

Es indispensable tampoco obnubilarse en la novedad. Aunque algunos marcos legales necesiten ser actualizados, hay protecciones que pueden hacerse cumplir y cuando se trata de datos personales está bastante claro cuándo y cómo estos pueden usarse, denunciar el uso no autorizado y peligroso en la mayoría de los casos puede hacerse sin recurrir a la renovación legislativa.

La situación en Brasil fácilmente se vuelve aterradora frente al año electoral que espera en Argentina en 2019. La velocidad con la que debemos poder diagnosticar lo que sucede en otros países y cómo algo similar podría suceder aquí es vertiginosa e intimidante. Pero en el afán de proteger ciertos derechos se debe tener especial cuidado de no ir en contra de la libertad de expresión, de la privacidad, del derecho al acceso a la información y del uso de nuevas tecnologías de comunicación.

Cualquier solución a estos problemas requiere de un abordaje multidisciplinario y con la participación de todos los actores del ecosistema de información en el mundo digital, incluidos los usuarios, el sector técnico y el sector privado. Quedarse con un solo aspecto es perder de vista el panorama completo. La desinformación no es necesariamente el futuro de la democracia. Ese todavía podemos pelearlo.

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