Imponen penas más duras para choferes de Uber y de transportes ilegales

La Legislatura aprobó un proyecto oficialista que prevé retenerles la licencia de conducir y la inhabilitación de 7 a 30 días; también apunta a controlar a los micros escolares que trasladan piqueteros
La Legislatura aprobó un proyecto oficialista que prevé retenerles la licencia de conducir y la inhabilitación de 7 a 30 días; también apunta a controlar a los micros escolares que trasladan piqueteros Crédito: NA
Ángeles Castro
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9 de noviembre de 2018  

La Legislatura porteña convirtió ayer en ley la iniciativa que endurece las penas a quienes transporten pasajeros mediante la aplicación Uber . La norma, impulsada por el oficialismo, busca frenar el avance de la plataforma de viajes y de servicios de traslado no autorizado, como el uso de micros escolares por piqueteros. Uno de los principales cambios es la posibilidad de retirar la licencia e inhabilitar para conducir a los que sean descubiertos en infracción. Además se mantendrán las multas de hasta $178.500.

El cambio legislativo, impulsado por el oficialismo, se enmarca en la permanente embestida de la Ciudad contra la aplicación móvil que permite contratar viajes con choferes particulares, a la que considera ilegal porque el Código de Tránsito solo autoriza la contratación de viajes mediante señas en la calle o un servicio de radio. El gobierno porteño mantiene la sintonía con los gremios de los taxistas, que rechazan a Uber por considerarla una competencia desleal y protagonizaron hechos de violencia contra autos y choferes.

A partir de esta reforma legal, cuando se retenga el carnet se entregará al conductor un formulario por 72 horas; le será devuelto cuando abone la multa correspondiente. En tanto, la inhabilitación será por un período de entre siete y 30 días. Las sanciones también alcanzan a motociclistas que circulen sin la documentación pertinente o trasladen menores de 16 años.

La ley fue aprobada con 37 votos positivos aportados por Vamos Juntos y el Bloque Peronista. Once diputados se expresaron en contra y otro nueve se abstuvieron.

Mientras se debatían los cambios, una vez más cientos de taxistas nucleados en diversas agrupaciones se movilizaron frente a la Legislatura porteña para expresar su apoyo a la sanción de la norma.

Los conductores se habían congregado a las 10 en distintos puntos de la Capital y, a las 11, marcharon en sus vehículos hasta las inmediaciones de Plaza de Mayo, lo que derivó en el bloqueo de la avenida Diagonal Sur. Entre las pancartas se destacaban aquellas que pedían, además de las multas contra los choferes de Uber, el control del tránsito vehicular para detectar a las miles de personas que trabajan con su auto particular con la aplicación.

La plataforma está disponible en Buenos Aires desde hace dos años y medio, y sigue funcionando pese a diversos fallos judiciales en su contra por el éxito logrado entre los porteños. Según datos provistos por Uber, hay un millón de usuarios activos por mes y, solo en los últimos tres meses, 55.000 personas tuvieron ingresos manejando para la compañía.

Como sucedió en otros países, Uber desembarcó en la Capital por fuera de la regulación vigente. La misma metodología utilizó en todas las ciudades del mundo donde, luego de diversos conflictos, ahora funciona con normalidad (ver aparte).

La administración de Horacio Rodríguez Larreta impulsó denuncias ante la Justicia y también operativos viales de control vehicular para detectar y confiscar autos al servicio de Uber. También los sindicatos de taxistas acudieron a la Justicia para solicitar que la actividad realizada por los choferes asociados a la plataforma fuera declarada ilegal, que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, con fallo desfavorable para las agrupaciones. Todavía, en cambio, hay expedientes abiertos contra la empresa y sus directivos por evasión tributaria y otros cargos.

Polémica

Mientras la provincia de Mendoza reguló el funcionamiento de la plataforma, la aprobación de ayer en la Legislatura porteña reavivó la polémica. "Legisladores de Pro votaron a favor de perseguir y multar a quienes manejan con Uber. Sin embargo, durante el debate previo quedó en claro que, a más de dos años de la llegada de Uber, la ciudad se debe un diálogo que incluya a todos los que eligen viajar y manejar con aplicaciones. Mediante redes sociales, más de 100.000 personas se expresaron en este mismo sentido", dijeron desde Uber en un comunicado de prensa.

"Nuestro compromiso es con los conductores, los usuarios y con la movilidad en la ciudad. Vamos a seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio a la gente que nos elige, cuidar la fuente de ingreso de quien decide salir a manejar y defender sus derechos. Continuamos en la búsqueda de una regulación moderna. Mendoza y cientos de ciudades en el mundo demuestran que la tecnología está para sumar soluciones de movilidad y oportunidades económicas", expresaron.

"En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino", consideró el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Francisco Quintana (Vamos Juntos).

Y agregó: "Con la modificación del Código de Tránsito y Transporte buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad a los vecinos. También decidimos agravar las sanciones para los transportes escolares que no realicen la actividad para la que tienen habilitación. Esta medida apunta fundamentalmente a desalentar su uso en marchas y piquetes".

Entre los que se opusieron estaban los legisladores de la izquierda. "La medida es tramposa y pérfida porque el gobierno, en lugar de sancionar a Uber, una enorme empresa de tercerización y precarización laboral, sanciona a los trabajadores, que realizan la tarea para juntar ingresos necesarios para llegar a fin de mes", opinó Gabriel Solano, del Partido Obrero.

Desde el Bloque Unidad Ciudadana, también consideraron el proyecto de reforma como "una trampa política", ya que no resuelve el tema de las empresas que precarizan, evaden impuestos y sus responsabilidades fiscales".

En cada país donde llegó, Uber provocó polémica

  • Italia: Uber llegó a Italia en 2013, pero, después de diversas controversias legales, hoy solo está disponible en su versión más costosa, UberBlack. No bien la app desembarcó en el país, el fortísimo lobby de los taxistas le declaró la guerra y tras diversos recursos judiciales logró bloquear UberPop en toda la península. La empresa, no obstante, espera que haya un "aggiornamento" de las normas del sector para poder introducir los servicios de transporte de bajo costo. UberBlack es un servicio que se alquila con conductor (como si se tratara de remises), que, en el país, son muy pocos porque el número de licencias es limitado.
  • Uruguay: Uber llegó a Uruguay en octubre de 2015 y en poco tiempo tuvo éxito entre los clientes. El gremio de propietarios de taxi rechazó la llegada del servicio y se registraron episodios de violencia contra vehículos al servicio de Uber. A fines de 2016, Montevideo reglamentó las aplicaciones de transporte de pasajeros, y los choferes de Uber debieron someterse a una reglamentación, que incluye el pago de impuestos. En diciembre de 2017, empezó a operar en Punta del Este, sin que hubiera regulación, pero con cierta tolerancia de las autoridades porque el servicio de taxis no era suficiente; ahora, trabajan en una reglamentación.
  • Brasil: Uber desembarcó en Brasil a mediados de 2014; primero en San Pablo y Río de Janeiro, y después se extendió a más de 20 ciudades. Desde el principio, como en otros lugares del mundo, hubo una fuerte resistencia de las asociaciones de taxistas, con huelgas y hasta casos de agresión conductores de los autos de Uber. A fines de ese año, las autoridades establecieron que el nuevo servicio no era una actividad ilegal, pero indicaron que debía ser reglamentado por cada municipio, con registro de los conductores. A principios de 2018, una ley federal estableció una política nacional de movilidad urbana que prevé esta modalidad de transporte.
  • México: Uber opera en la capital desde agosto de 2013. También ofrece el servicio de chofer particular en Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Durante 2014 y 2015, los taxistas de la Ciudad de México se opusieron a su regulación con marchas, cortes de calles y hasta enfrentamientos con choferes y clientes de Uber. Luego agregó dos variantes: Uber Black, con coches de lujo, y Uber Pool, para compartir el viaje (y el costo) entre usuarios. En 2015, el gobierno de la Ciudad de México anunció una regulación para el uso de servicios de transporte privado solicitado a través de aplicaciones; fue la primera capital en habilitar estas plataformas.
  • Chile: A cuatro años de su llegada a este país, Uber tiene más de dos millones de usuarios y 80.000 conductores registrados. Pero la actividad es ilegal en Chile . Motivada por las protestas de taxistas, se debate un proyecto de ley para regular su funcionamiento, que también incluye a Cabify. En la iniciativa se incluye la obligación de los conductores de tener una licencia de conducir profesional y no contar con antecedentes penales. Además, se establece que las plataformas deben constituirse como empresa de transporte remunerada de pasajeros y pagar impuestos. Los choferes tendrán que contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros.

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