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Un bono de resultado incierto, pero útil para frenar los conflictos

Luis Cortina
Luis Cortina LA NACION
El pago del adicional dispuesto por el Gobierno sirvió para levantar el paro de la CGT y diluir la amenaza de protestas a fin de año; el alcance real y el impacto sobre el consumo sería menor
El ministro Sica y Miguel Acevedo, de la UIA
El ministro Sica y Miguel Acevedo, de la UIA Fuente: LA NACION
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18 de noviembre de 2018  

Evitar el paro al que había convocado la CGT para fin de mes y, de paso, poner paños fríos a la temida conflictividad social de diciembre. Tales fueron los objetivos centrales del Gobierno (y tal vez, de la propia central obrera, no muy convencida de llevar adelante aquella medida de fuerza) al decretar el pago de un bono compensatorio para todos los trabajadores del sector privado y los estatales de la administración nacional.

Si algo faltaba para dejarlo en claro, hay que leer la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda el viernes, en la que dispuso adelantar para mediados del mes próximo el pago del aguinaldo y del bono para todo el sector público nacional (excluyendo del segundo beneficio a los empleados de empresas públicas). Hay que recordar que en el caso de los empleados estatales el acuerdo contempla pagar de una sola vez el bono de $5000.

Los alcances del bono adicional y su impacto en los salarios y el consumo, en cambio, aún distan mucho de poder precisarse, como se pudo ver en los debates de los últimos días, y serán un punto central de las discusiones entre trabajadores y empresarios privados en el cortísimo plazo que media hasta la fecha en la que correspondería pagar la primera cuota de $2500, con los haberes de este mes que se cobran en los primeros días de diciembre.

Lo único que se puede dar como hecho hasta ahora es el pago a los estatales nacionales. Esto es así porque el Gobierno dispuso una medida generalizada, pero lo único que puede garantizar, sin temer algún cuestionamiento judicial, es lo que paga con su propio dinero. Los gobiernos provinciales tendrán que revisar sus propias cuentas, y el espectro de las empresas privadas abarca tal infinidad de situaciones que el propio decreto que dispuso el pago del bono se encargó de dejar abierta muchas puertas en ese sentido.

Solo por mencionar dos puntos, allí se establece que empresas y gremios podrán acordar el monto y la cantidad de cuotas en que se pagará el adicional, así como que podrán excusarse de pagarlo aquellas empresas que argumenten estar pasando por una situación de "declinación productiva". Solo hay que revisar los datos de actividad industrial del Indec de septiembre (con una caída promedio del 11,5%) para deducir en qué casos habrá más conflicto. Obviamente, este punto merece especial atención cuanto más pequeño sea el tamaño de la empresa bajo análisis. También promete ser ardua la discusión por establecer si el bono será un adicional efectivo o si se lo tomará a cuenta de la negociación paritaria en curso o por abrirse.

En un pormenorizado estudio sobre el impacto potencial del bono, el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea (Ieral) concluye que el beneficio alcanzaría, como máximo, a solo el 30% de la población económicamente activa, esto es, unos 7 millones de personas, suponiendo que lo reciban todos los empleados del sector privado formal y sumando a los estatales nacionales, personal de organismos de seguridad y los estatales de algunas provincias que ya anunciaron el pago de un bono. No están incluidos, al menos hasta el momento, 4 millones de trabajadores por cuenta propia y cerca de 4,5 millones de asalariados que trabajan en negro.

Del mismo modo, tampoco recibirán el bono casi 7 millones de jubilados y pensionados ni los beneficiarios de programas sociales y asistenciales, como los 4 millones de beneficios que se pagan por la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este punto, los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, autores del informe del Ieral, proponen extender el beneficio a esas personas "dado el carácter reconstructivo de los ingresos de los hogares que puede conllevar una medida de este tipo", aunque debería focalizarse en aquellos que impliquen un acto de "justicia". Incluye allí a los 1,3 millones de pasivos que cobran el haber mínimo y no hayan accedido por moratoria, y en el caso de quienes cobran la AUH el bono debería ser de unos $2000, dado que ya se dispuso para ese sector el pago de dos adicionales por un total de $2700. "El costo fiscal adicional de estas dos alternativas equivale a unos $16.000 millones", lo que representaría, incluyendo el pago ya dispuesto a los estatales nacionales, "un 0,5% del gasto del sector público nacional no financiero previsto para 2018", señalan los especialistas.

La posición del Ministerio de Hacienda sobre este punto es contraria a extender el pago a esos sectores. El argumento es que con el régimen de movilidad vigente los haberes de los pasivos se ajustarán en diciembre próximo y en marzo de 2019 con el mix de inflación y salarios de este año (70/30), "y allí recuperarán la pérdida". Para quienes cobran la AUH se basan en los adicionales ya dispuestos para septiembre y diciembre.

En un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, el impacto del pago del bono resulta limitado, más allá de sus beneficios secundarios en términos políticos. Y pierde significación, obviamente, en aquellos trabajadores que reciben salarios más altos (por tratarse de una suma fija) y en los sectores que ya renegociaron su paritaria de este año con porcentajes más cercanos al alza de los precios.

Varios estudios ubican aquella pérdida entre el 10 y el 12%. Analizando el salario real promedio del sector privado formal para octubre de este año, el Ieral calcula que la pérdida se ubicaba en el 11,5% interanual, con niveles disímiles según el sector de actividad. Así, los más perjudicados fueron los trabajadores de la pesca (-31,1%) y del sector agropecuario (-24,8%), mientras los que menos perdieron fueron los del sector comercial (-8,3%). Los de la industria manufacturera, en tanto, estuvieron cerca del promedio, con una caída del 10,5%. El informe del Ieral estima que el año terminaría con una caída de la masa salarial del 9,8%, que en la hipótesis de un pago generalizado del bono ya señalada se recortaría al 8,7%.

En un universo sumamente heterogéneo, con un salario neto promedio para un trabajador formal privado de $26.380 en octubre, este año la pérdida sería de $22.150. Con el bono, pagado en dos tramos, compensaría 22,6% de lo que le comió la inflación. En el caso de los estatales nacionales, el pago del bono compensaría la pérdida anual en un 14,4%, mientras que los bancarios, tras la última renegociación, terminarían con un pequeño aumento real.

La situación en las provincias también tiene matices. En el marco de una política salarial restrictiva en general, cuyo objetivo fue el de mejorar sus cuentas fiscales, hay ocho estados que ya acordaron pagar un bono en estos últimos meses de 2018. Son Río Negro ($3500), Misiones y La Rioja ($4000), Formosa ($5000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6000), San Luis ($9000) y Santiago del Estero ($10.000). En el otro extremo, 13 provincias advirtieron que no se pagará un adicional, como Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán, cuyos convenios incluyen la aplicación de una cláusula "gatillo" contra la inflación. El informe del Ieral califica como "expectante" la situación de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, por el impacto que tendría el pago del bono en sus cuentas fiscales, "especialmente en el primer caso, porque se suma que la provincia salió desfavorecida al tener que hacerse cargo de los subsidios en energía y transporte", destacó Capello a LA NACION. El impacto del eventual pago del bono sobre el consumo también resultaría relativo. Los cálculos de este informe indican que provocaría un aumento del 6,8% sobre la masa salarial de noviembre y diciembre, en caso de beneficiar a los trabajadores formales, que aumentaría a 9,2% si además se sumara un bono de $2000 para cada trabajador informal.

Los expertos del Ieral estiman que el pago del beneficio generará un efecto positivo sobre el consumo, focalizado en los bienes no durables. Al analizar la curva de venta de los supermercados, señalan que "la alta correlación exhibida permite prever que la instrumentación del bono, si se ejecuta de manera extendido, repercutirá en que la mayor parte de este ingreso adicional sea destinado a fortalecer el ya resentido consumo de las familias de clase media".

Pero al menos, diciembre podría terminar en calma.

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