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Abuso sexual infantil: pese a la cantidad de casos, son pocas las denuncias y condenas

Abuso sexual infantil

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Según los especialistas, falta conciencia sobre la importancia de que la comunidad se involucre y esté alerta; los obstáculos de la Justicia frente a uno de los delitos más impunes que existen
María Ayuso
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19 de noviembre de 2018  

Antonella tenía 14 años cuando una ginecóloga le dijo que estaba embarazada. "No puede ser, si soy virgen", respondió en estado de shock. Lo que no pudo contar en ese momento -ni siquiera admitírselo a ella misma- fue que ese embarazo era consecuencia del abuso sexual que sufría desde los 12 por parte de su abuelo paterno. Fueron años de un sufrimiento atroz y silencioso. Nadie supo, pudo o quiso ver lo que pasaba puertas adentro de su casa en la ciudad de San Luis.

El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es uno de los delitos más subreportados, silenciados e impunes, y nadie está exento. Las cifras alarman. Desde noviembre de 2016, cuando comenzó a funcionar la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil que depende del programa Las Víctimas contra las Violencias, hasta septiembre de este año, se abrieron 4658 casos y hay un promedio de siete llamadas diarias.

Las denuncias van en aumento, pero son apenas la punta del iceberg: se estima que de cada 1000 casos de abusos, solo 100 se denuncian y apenas uno se condena.

Entre los 9 y los 12 años, Claudio Guerchicoff fue víctima de abuso sexual
Entre los 9 y los 12 años, Claudio Guerchicoff fue víctima de abuso sexual Crédito: Santiago Filipuzzi

En el Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, los especialistas coinciden en que romper con la cultura del silencio y la impunidad son dos de las claves, subrayando el rol fundamental que tiene la comunidad en aprender a leer las señales de alerta, en entender que el silencio solo beneficia al agresor, que hay que creerle siempre al chico y que denunciar es clave.

Además, advierten que los desafíos en el ámbito de la Justicia para empezar a desandar el camino de la impunidad siguen siendo muchos.

"Hay una mayor conciencia sobre esta problemática, pero todavía es microscópica en relación con lo que haría falta, que es una conciencia general, permanente y densa", asegura Eva Giberti, referente en la temática y coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias.

En octubre entró en vigencia la ley 27.455, que modificó el artículo 72 del Código Penal para que el delito de abuso sexual contra menores de edad deje de ser uno de instancia privada y pase a ser considerado de acción pública. Esto implica que ante una denuncia los fiscales deberán iniciar la investigación de oficio, sin necesidad de que la víctima, tutor o guardador la ratifiquen.

"Lo que siempre ocurrió es que por lo general los niños que sufrían violencia sexual lo denunciaban de adultos y en el medio pasaba una vida. Eso no puede ocurrir. El Estado debe intervenir cuando ocurre el hecho y ese es un gran cambio de enfoque", explica Carla Carrizo, diputada nacional y una de las impulsoras de la normativa.

Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia, y quien trabajó en el proyecto de ley, agrega: "El viejo paradigma sobre abuso sexual infantil lo circunscribía a un problema privado. Eso favorecía la impunidad porque en el 80% de los casos, el abusador es alguno de los familiares varones de la víctima". Para ella, lo que hace falta es "un cambio de mirada muy fuerte", concientizando a jueces y fiscales para que investiguen, y a la ciudadanía para que denuncie.

Según las cifras de la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, siete de cada 10 víctimas son niñas y, de ellas, más de la mitad tienen menos de 11 años. Con respecto a los agresores, siete de cada 10 son personas del ámbito familiar de los chicos: en el 54% de los casos, padres o padrastros, pero también tíos, abuelos, hermanos, entre otros.

Los especialistas coinciden en que además de que por ley los funcionarios públicos, como los docentes o el personal de la salud, tienen la responsabilidad de comunicar la situación, todas las personas en contacto con niños y adolescentes deben actuar ante una sospecha.

¿Qué hacer en esos casos? "Pedir asesoramiento en las líneas de atención, funcionan las 24 horas y son atendidas por trabajadores sociales y psicólogos", detalla Giberti.

Verónica María Etchegoyen, jefa de la División Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía Científica bonaerense, recomienda acercarse a una comisaría, para que el Ministerio Público Fiscal pueda actuar de oficio.

Sebastián Cuattromo, Jazmín y Silvia Piceda, en el living de su casa
Sebastián Cuattromo, Jazmín y Silvia Piceda, en el living de su casa Crédito: Victoria Elizalde

"Este es un delito que a todos nos parece aberrante y terrible, pero sin embargo muchas veces no se denuncia. Con frecuencia, la gente no se quiere meter y se pierde ese momento de oro que tenemos para intervenir y proteger al niño, como ha pasado en hospitales donde llegan con un sangrado genital y los médicos no lo reportan porque no saben qué hacer", advierte Etchegoyen.

Un camino tortuoso

Claudio Guerchicoff tenía entre 9 y 12 años cuando fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus primos. El miedo, la vergüenza, el sentir que era imposible hablar de un tema tabú con unos padres de quienes estaba "emocionalmente muy lejos" hizo que guardara silencio por años. Décadas después, los primeros en saberlo fueron sus hijos.

"El gran antídoto para que a los niños no les suceda lo que me pasó a mí es que tengan confianza emocional en las personas que los tienen que guiar: eso es lo que hace que puedan hablar", afirma Claudio, que hoy tienen 66 e integra el colectivo Adultxs por los Derechos de la Infancia. "Nunca denuncié legalmente a mi abusador, que hoy debe tener más de 70 años, pero estoy pensando seriamente en hacerlo", cuenta.

Aun cuando quien fue víctima logra manifestar lo que le está pasando y encuentra adultos receptivos que le creen (lo que muchas veces no ocurre), el camino de la Justicia suele ser sumamente complejo y tortuoso.

Para los referentes, los desafíos en ese ámbito radican, entre otros, en una mayor capacitación para los operadores en cómo tratar con las víctimas; en articular el fuero civil y el penal, y en derribar prejuicios que persisten.

"Los intentos de revinculación de las víctimas con sus agresores son una verdadera maldición para los niños. La Justicia, sólidamente atravesada por el patriarcado, insiste porque no puede fallar la figura paterna, pero hay que tener en claro que un padre que abusa no es un padre, y una familia donde persiste la presencia del abusador es una ficción", enfatiza Giberti.

Watcher señala cómo hoy se necesitan en promedio casi siete años para que haya sentencia firme en los casos de abuso sexual, el doble que en cualquier otro delito penal. "El niño queda atrapado en un proceso que, para colmo, no es respetuoso de sus derechos y le causa mayor sufrimiento. ¿Qué pasa cuando esas condenas finalmente llegan? Para nuestro Código Penal, el abuso sexual simple de un menor de 13 años tiene la misma pena que librar un cheque sin fondos: de seis meses a cuatro años", describe.

Edición: Bianca Moli

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Por su parte, María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, subraya que "el proceso de judicialización es un paso doloroso para la víctima, que tiene que ser repensado y trabajado". Y detalla: "Aunque se diga que no deben haber muchas intervenciones, a veces las hay y el relato tiene que repetirse, y lo que siente constantemente la víctima y el adulto protector (que suele ser la madre, tía o abuela) es que lo que está bajo análisis es la verdad de lo que están contando. Aún se mantienen estereotipos como que el niño miente y que la madre es manipuladora".

Malena Derdoy, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal, coincide en que el gran desafío es lograr la credibilidad. "No se le cree a los chicos. Son investigaciones supercomplejas que requieren operadores judiciales con una instancia de sensibilidad absoluta, y en segundo lugar, con una formación específica en la materia para entender qué le pasa a la víctima, porque en estos casos, los chicos nunca mienten", concluye.

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