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Todos los jueces deberían pagar Ganancias

Constituye un injustificado privilegio la exención que beneficia a los magistrados, fiscales, empleados judiciales y consejeros de la Magistratura
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22 de noviembre de 2018  

Al elogiar el proyecto de ley impulsado por el radicalismo para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias, el ministro de Justicia, Germán Garavano, volvió a otorgarle actualidad a este tema de suma trascendencia no solo en el aspecto económico, pues se trata de un privilegio que hoy resulta aún más indefendible y ofensivo, dado el contexto socioeconómico por el que transita nuestro país.

En 2016, una ley impuso el pago de ese gravamen a partir de 2017 a los nuevos jueces, fiscales y empleados judiciales de la Nación, las provincias y la Capital, pero la Asociación de Magistrados, actuando de forma corporativa, presentó un amparo y solicitó eximir del pago a quienes ingresaron en el Poder Judicial antes de 2017 y fueron designados jueces con posterioridad al 1° de enero de ese año. El Gobierno apeló y deberá expedirse la Corte Suprema.

En la actualidad, de poco más de 700 jueces nacionales y federales, solo alrededor de una docena paga el referido gravamen y solo lo hacen 417 empleados y funcionarios de un total de 18.500, y ningún fiscal. Por eso, este año el fisco dejará de recaudar alrededor de 7000 millones de pesos, cifra que el año próximo superaría los 10.000 millones de pesos.

Es sabido que las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial son, actualmente, muy buenas y por lo general superiores a las de los otros dos poderes. Con los adicionales, los jueces de la Corte Suprema de Justicia ganan mucho más que el Presidente y gozan de un régimen laboral de privilegio, al que se suma la exención del pago de Ganancias, que en la actualidad carece de todo fundamento. Los jueces consideran que sus sueldos no pueden ser reducidos y la Corte ha interpretado que una eventual reducción podría afectar su independencia.

Endeble independencia la de los magistrados si se ve vulnerada por el pago de Ganancias, al que están obligados tantos ciudadanos que ganan mucho menos.

No caben dudas de que nos encontramos ante un privilegio aún hoy más abusivo, y la reiterada defensa de ese privilegio en las actuales condiciones resulta, más que irritativo, francamente ofensivo si reparamos en lo que dice el artículo 16 de la Constitución: "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Qué triste paradoja que sean precisamente los integrantes del Poder Judicial quienes violan ese artículo.

Por otra parte, respetados hombres de derecho se han pronunciado en favor de que todos los magistrados paguen el gravamen. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay ha hablado de un "injustificado privilegio" y ha sostenido que el pago del impuesto no puede interpretarse como una reducción del salario. El expresidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) Horacio Lynch afirmó que comparte "el criterio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el sentido de que todos los jueces deben pagar las contribuciones que son generales para todo el pueblo". En este escenario, insistir ante la sociedad, repitiendo que no se trata de un privilegio, afecta el sentido común.

Todos los jueces, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial, no solo los nuevos, deberían pagar el impuesto sin efectuar planteos, como el resto de los ciudadanos, pues ellos también son ciudadanos.

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